En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas se casa antes de cumplir los 18 años. Como consecuencia de los matrimonios infantiles la salud de ellas se ve afectada por embarazos prematuros, mortalidad materno-infantil, abandono de su educación y bajos niveles de alfabetización, enfermedades de transmisión sexual (como el VPH que no tratado puede derivar en cáncer), pero además, para ellas eso representa mayores niveles de dependencia económica y, en general, menor participación económica y política. Es decir, las hace más pobres. Según la CEPAL en 2019, 56,7 % de las mujeres en América Latina y el Caribe contaban con un empleo informal, caracterizado por inestabilidad, salarios bajos y protección social nula o muy baja.
Desde una perspectiva de género, la erradicación de la pobreza pasa por intervenir realidades sociales que tienen que mejorar los niveles de vida, los logros educativos y los indicadores de salud. Cuando los Estados no tienen la capacidad de cumplir con esos mandatos básicos y sus estructuras no pueden adaptarse para suplir las necesidades elementales de la población, la ayuda humanitaria se diluye sin alcanzar la raíz del problema.
En Venezuela con la profunda crisis humanitaria, modificar esta realidad implica que se tomen acciones urgentes como control de embarazos no deseados, que actualmente las mujeres no pueden prevenir porque sus costos están fuera de su alcance. Además, completar su educación para no quedar excluidas de empleos que podrían proporcionar mayores beneficios económicos. Sin embargo, según ENCOVI 2022 a los 15 años sólo 90% de la población está inscrita en el sistema educativo y a los 18 este índice apenas si alcanza al 30%. En un país en crisis la pertinencia de la oferta educativa es esencial, la formación técnica, además de la científica, en ingeniería o matemáticas, por ejemplo debe ser implementada. Del total de la población adulta, solo entre el 5 % y el 15 % de las personas poseen habilidades y destrezas informáticas para resolver problemas de nivel medio o alto en entornos tecnológicos que son una demanada de los tiempos actuales.
Según el Banco Interamerciano de Desarrollo para el 2020, se evidenciaba una brecha entre 11 y 7 puntos por debajo para las mujeres usando Internet para actividades relacionadas con el trabajo y trámites administrativos o públicos, es decir la falta de habilidades digitales y uso de estas herramientas las afecta más. Pero además hay que considerar que en el país existe la tendencia, igual que en el resto de la región, de que las niñas, mucho más que los varones abandonen la educación porque se les imponen tareas en el hogar (cuidado de la infancia y enfermos que deberían asumir las instituciones del Estado).
De allí la necesidad de trabajar en la justicia familiar y abordar las normas de género (factores culturales) que inciden sobre lo anteriormente señalado, a través de intervenciones sociales para proteger y empoderar a las mujeres y darles acceso a la participación igualitaria en mercados laborales. A fin de avanzar en la eliminación de las desigualdades en las que se solapa la violencia contra las mujeres y encaminar a la sociedad venezolana hacia el goce de todos los derechos para todas las personas.
