Infomujer Venezuela #78 | Estado-pobreza-migración

 

Según la  plataforma de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, conocida como HUMVenezuela se estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa 25% de la población que existía en el país en 2015. Los estados donde los hogares reportaron mayor número de migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y el tercero está integrado por Bolívar, Apure, Lara y Sucre. Mientras que el desplazamiento dentro del país se estima alrededor de 4%.

Pero además entre los años 2022 y 2023, la intención de migrar aumentó de 8% a 13,4%, lo cual equivale a un estimado de 2,8 millones con intención de mudarse a otro país. La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las necesidades de mejorar sus ingresos (71,5%), pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6%), el acceso a servicios de atención a la salud y medicinas (13,7%). Por cierto que 92,2% de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; la mayoría de ellas por razones económicas, pero 37,5% alega también falta de documentos.

Otros determinantes para este patrón de movilidad que también están relacionados con las condiciones de salud, son la contaminación del agua que llega a los hogares venezolanos, que según el mismo informe en 2023 representó 86% de la población expuesta a fuentes de agua contaminada, perceptibles por señales como el color y olor no propios del agua. Esto es así no sólo en el agua para el saneamiento sino más alarmante aún, en la de consumo humano. De allí el registro de 33,4 de cada 100 personas que redujo las cantidades que bebía a diario, por causa de la severa escasez de agua o por su contaminación, pues aumentó, de 15,2% a 27,1% el índice de personas que no tienen acceso a métodos de purificación, por lo que se incrementaron los riesgos de deshidratación y de otras afecciones, por ejemplo enfermedades como las diarreas, aumentaron de 6,9% a 9,3% entre 2022 y 2023.

Por si fuera poco, a los espacios insalubres en viviendas por falta de agua se suman casi todas las ciudades y pueblos venezolanos que enfrentan problemas severos con el aseo urbano, y que muchas familias resuelven quemando la basura y aumentando los niveles de contaminación y afecciones a la salud.

La suma de estas razones mantiene la carga de enfermedad en niveles altos, lo que afectó a más de 60% de la población en 2023. En el país hay 4,2 millones de personas con problemas de salud graves que no recibieron atención médica y 3,7 millones sin medicinas. La raíz de este problema es que el gasto público en este sector disminuyó durante los últimos años en más de 50%, y por la falta de transparencia de inversión y gestión presupuestaria, no se pueden señalar más datos con certeza.

En todo este contexto es grave que en 2023, la población con acceso a algún tipo de asistencia o protección de la respuesta humanitaria fue mucho menor a la que se alcanzó en años anteriores.

No menos grave es que los cuidados derivados de todos estos males en el país recaen sobre las mujeres. La organización Prepara Familia en una investigación realizada en el hospital JM de los Ríos recoge que son las madres en 95% de los casos, pero otras familiares completan 99 de cada 100 que acompañan a los pacientes. En el caso particular de este centro de salud infantil, la mayoría de la población tiene hospitalizaciones largas, es decir de varias semanas o meses, lo que impone igual obligación a las cuidadoras acompañantes. Porque además en el 84% de las salas no hay auxiliares de enfermería asignados a atender a las y los pacientes. Por lo que la presencia de las madres cuidadoras es indispensable para realizar muchas  tareas necesarias para el funcionamiento del hospital. De hecho el hospital proporciona desayuno, almuerzo y cena a alrededor del 25% de las y los pacientes. Tampoco hay facilidades para el descanso de las madres y prácticamente la mitad de ellas duerme en sillas. Todas pasan día y noche en el hospital y esta es una realidad que puede ser extrapolada a cada centro de salud asistencial.

Infomujer Venezuela #77 |Trata y corrupción en Venezuela

 

Vuelve a ser noticia la trata de venezolanas, rescatadas por la policía peruana el 8 de enero, son 40 niñas y adolescentes explotadas sexualmente a través de WhatsApp por el Tren de Aragua. La mayoría de las sobrevivientes son venezolanas de entre 12 y 17 años. Poco antes, el 29 de dicembre pasado otras 60 de nacionalidad  colombiana, venezolana y peruana también fueron liberadas en perú, la frecuencia y cantidad obligan a pensar que la magnitud del problema es mayor de lo que las autoridades extranjeras logran atender. En esta oportunidad fueron apresados 10 delincuentes. Pero la trata de personas es una de las bases de las economías ilícitas tan extendidas en América Latina. Nuestro país es una muestra clara, el 15% del PIB de Venezuela en 2022 (9.400 millones de dólares) provino de contrabando de minerales (especialmente oro) y combustible, narcotráfico y corrupción en puertos y aeropuertos.

A esto se suma que Venezuela ocupa por noveno año consecutivo el último lugar en el ranking mundial de justicia para el que se consideran: los poderes gubernamentales, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project.

Todo esto está en el centro de la crisis nacional originada en políticas de Estado empobrecedoras que ha empujado los desplazamientos forzados, en los que mujeres, niñas y adolescentes son expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad, que en muchos casos terminan en la trata de personas. Las sobrevivientes que logran escapar y son rescatadas necesitan ayuda.

Estas niñas y adolescentes venezolanas seguramente serán repatriadas, necesitan atención médica y sicológica porque fueron esclavizadas sexualmente, pero en el país las insuficientes casas refugio creadas décadas atrás están desaparecidas.  El desmantelado sistema de salud pública no puede proporcionarla. Las organizaciones no gubernamentales que tienen el conocimiento para hacerlo cuentan con recursos muy escasos. De manera que la estructura familiar, precarizada por la misma crisis se ve obligada a dar estos cuidados sin saber bien cómo.

En vez de atender estos asuntos de interés público nacional la hipocrecía gubernamental llega a pedir castigo ejemplar por el dolorosísimo feminicidio de la venezolana Julieta Hernández en la Amazonía brasileña, mientras las paisanas asesinadas por ser mujeres, aquí en Venezuela no descansan en paz porque el retardo procesal y la estructura patriarcal silenciosamente acomodada en el sistema judicial ni siquiera es capaz de llamar los femicidios por su nombre. Indudablemente, La violencia de género debe ser castigada sin demora y ejemplarmente en la tierra de Bolívar.

Las venezolanas no pueden seguir siendo víctimas de la improvización y negligencia. Otro botón como muestra es que El primer fin de semana de enero se produjo el traslado de 173 reclusas desde el anexo femenino del centro penitenciario Fénix, en el estado Lara, sin notificación a sus familias y omitiendo las garantías judiciales y otros derechos humanos. Este era uno de los 16 espacios para mujeres privadas de libertad en Venezuela y tal como lo ha denunciado el OVP reiteradamente, ninguno fue creado con perspectiva de género. Esta movilización las deja en situación de mayor vulnerabilidad pues pierden contacto familiar y las visitas, lo que empeora sus condiciones de reclusión y las hace suceptibles a la extorsión o utilización por parte de grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Que las intervenciones de los siete penales en el último cuatrimestre del 2023 mostraron, claramente, cómo son gerenciados.

La pobreza no es casual, es responsabilidad de los grupos de poder, que dirigen la educación, el acceso a servicios básicos, la protección de la salud, la inversión o desinversión y lo hace de manera desigual. Porque los pobres ocupados en sobrevivir no tienen tiempo de exigir mejores políticas.

Infomujer Venezuela #76 | Fiscalía y violencia contra la mujer

 

Según las reseñas del Ministerio Público venezolano, el mes de dicembre cerró con un femicidio consumado por estrangulamiento y uno frustrado con arma blanca. Pero cabe recordar que en noviembre pasado la fiscalía sólo reseñó un femicidio en grado de frustración, sin embargo la organización @Utopix_cc registró 25 publicados en medios digitales, lo que da una idea del abordaje institucional de este problema.  

Con respecto a los delitos sexuales, en el último mes del año hubo 10 víctimas infantiles y dos adultas, las 7 sentencias condenatorias dictadas contra procesados por este tipo de crimen también muestran incremento en comparación con el mes de noviembre, pero son casi la mitad de lo que la fiscalía reportó en octubre. La caracterización de los agresores procesados en este periodo muestra edades desde los 18 años hasta los 54 años, mientras que las víctimas tienen edades que van desde 1 año hasta los 53. Del año 2023 el último trimestre fue en el que menos casos de violencia contra la mujer se ocupo la fiscalía según sus reportes, a pesar de que es un problema que se agrava en el país. Por su parte el mapa de violencia contra la mujer refleja que las actuaciones de este organismo se concentran en la zona norte del país, con poquísimos actos en el estado Bolívar y prácticamente ninguno en el resto de la región centro sur.

De enero a noviembre de 2023 la ONG @Utopix_cc contabiliza un total de 186 femicidios a nivel nacional,  los datos de @_cepaz permiten complementar este registro con los intentos  frustrados para un total de 308 acciones femicidas en Venezuela, es decir una acción femicida cada 21 horas. Pero además 18 niñas, niños y adolescentes presenciaron la muerte violenta de sus madres, por lo que también son víctimas de la violencia de género, probablemente desde algún tiempo antes del final fatídico. En 2 casos, demás presenciaron el suicidio del padre luego de haber cometido el femicidio. Son 66 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad a consecuencia de la muerte violenta de sus madres entre enero y septiembre de 2023.

En el último mes del año la fiscalía presentó dos casos de madres que esperan sentencias por omisión de denuncias de abuso sexual contra sus hijos por parte de sus parejas, lo que lleva a esperar que tal vez haya detenciones de oficiales policiales por negarse a recibir denuncias de víctimas de violencia de género, si lo que se busca es justicia, claro está. 

Como las migraciones continúan, fuera de las fronteras las mujeres también corren graves peligros, pues hubo  82 femicidios de venezolanas. Colombia fue el país con más casos (41), allí ocurrió la mitad de éstos, seguida de Perú, Ecuador, EE.UU., Chile, Brasil, México, Guyana y Trinidad y Tobago. 41,3% de las víctimas tenían edades entre 19 y 45 años de edad.

En Venezuela urgen políticas públicas efectivas para terminar con la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y eso empieza por levantar y publicar registros oficiales, lo que compete al Ministerio Público, al de salud, de la mujer y los cuerpos de seguridad ciudadana. Que también deben educar en este sentido, Sin embargo durante diciembre el Ministerio Público sólo realizó una fuerte campaña sobre La extracción indiscriminada de musgo que provoca efectos devastadores al ecosistema. Ninguna mención a la devastación ambiental por minería ilegal en el país ni a la trata de personas o esclavitud moderna, como se conoce al trabajo forzado hoy que se realiza también en las minas.

Infomujer Venezuela #75 | Mujer y Estado de derecho

 

El estado de derecho garantiza que la cudadanía goza de todos los derechos consagrados en las leyes y pactos de derechos humanos acordados por el país, así lo establece también la Constitución venezolana. Sin embargo, en la práctica, las instancias judiciales se mueven como un sistema represivo gubernamental. Según la organización @cepaz esta política de persecución y criminalización impacta la garantía de los derechos cívicos, como lo son los derechos de asociación, reunión, manifestación, opinión y participación. La persecución con fines políticos pretende silenciar voces disidentes y sembrar el terror para desactivar el ejercicio de la ciudadanía activa.

Según la organización @foropenal hasta el 11 de diciembre registran en Venezuela 276 presos políticos. 147 son militares y 129 civiles. De los 276 sólo 137 tienen condena. Como lo publicara el diario @Talcual, 56
% de la población en presidio paga condena anticipada por el retardo procesal Estas estadísticas también incluyen mujeres.

Ivonne Barrios, ama de casa venezolana, privada de libertad con fines políticos desde el 12/09/2020. Esperó 5 meses detenida por su audiencia preliminar que fue realizada el 21/02/2021. Sigue recluida en el INOF. Carla Da Silva, Lic en administración, luso-venezolana, privada de libertad con fines políticos desde el 05/05/2020. Está recluida en el Helicoide. María Auxiliadora Delgado, ciudadana española, privada de libertad con fines políticos desde el 19/03/2019 Sin orden judicial. El  02/10/2019 fue excarcelada y nuevamente aprehendida por orden del mismo tribunal que la liberó. Acusada, junto a su esposo, de supuestos planes conspirativos está encerrada en el DGCIM de Boleita. Angela Expósito, privada de libertad con fines políticos desde el 21/09/2018. Es docente y antes de ser detenida era activista protectora de animales. Está detenida en el Helicoide. Marifrancys Marcano, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. Es comerciante y la relacionan con militares vinculados a un supuesto asalto en Los Teques. Permanece recluida en el INOF. Ana María Pernía, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. Comerciante. Es acusada de terrorismo y de financiamiento al terrorismo. También está en el INOF. Emirlendris Benítez, privada de libertad con fines políticos desde el 05/08/2018. Fue víctima de torturas durante su embarazo, que le causaron la pérfida de su bebé. Emirlendris tiene medidas cautelares de la @CIDH y Sigue en el INOF. Yanin Pernía, privada de libertad con fines políticos desde el 04/08/2018. También en el INOF. Yusimar Montilla, Sgto 2do del Ejercito Nacional Bolivariano. Privada de libertad con fines políticos desde el 15/06/2019 en Ramo Verde. Marifrancys Marcano, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. La relacionan con militares vinculados a un supuesto asalto en Los Teques. Está encarcelada en el INOF. Didelis Corredor, TSU en informática, privada de libertad con fines políticos desde el 14/07/2023. Encarcelada en el CICPC El Llanito. Vicmarys Oropeza, sargento primero infanteria de Marina, privada de libertad con fines políticos desde el 16/09/2022. Está presa en el INOF. Arianny Sánchez, modelo, privada de libertad con fines políticos desde el 31/03/2022. Está recluida en el CPO Santa Ana. Layla Miranda, TSU en enfermería; privada de libertad con fines políticos desde el 16/08/2022. Está encarcelada en el CICPC Parque Carabobo. María Fernanda Silva Beroes y Elizabeth Silva Beroes, la primera detenida arbitrariamente en una “alcabala”, sin orden judicial. Posteriormente también fue privada de libertad con fines políticos su hermana Elizabeth. Ambas incriminadas a través de medios de comunicación por autoridades, como señala la ONG Defiende Venezuela. Al igual que todas las recordadas aquí se les viola el debido proceso y el derecho legítimo a una defensa de su confianza.

Son 19 presas a las que se desconoce sus derechos humanos. Muchas han desarrollado afecciones de salud por las condiciones inhumanas de reclusión, además de las que tenían enfermedades preexistentes y no reciben los tratamientos prescritos. Varias de estas presas políticas tienen familiares directos que dependen de ellas y han quedado desamparados, víctimas invisibles de esta violencia contra la mujer. Son varios los presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado, en circunstancias sospechosas o por falta de cuidados médicos, entre otras causales.

Aunque no es consuelo para estas víctimas, el Estado Venezolano sigue bajo escrutinio internacional por violaciones a los derechos humanos. Así que esperamos poder hacer pronto un reporte de que en Venezuela no hay ya más presas ni presos políticos.

Infomujer Venezuela #74 | Esclavitud moderna-Trata de personas

 

Según las estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para septiembre 2022, el trabajo forzoso afectaba prácticamente a todos los sectores de la economía privada. Pero los cinco sectores que concentran la mayor parte, 87 por cien de la población adulta son: los servicios, industria manufacturera, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico. El trabajo forzado es una forma de trata de personas, un delito en el que se han visto incursas grandes trasnacionales, al igual que grupos bien organizados y estructurados en pequeñas células de 4 o 5 personas que apenas si conocen un lider, pero están infiltradas en instituciones con poder e influencia. 

Una de las causales que empujan a trabajar de forma precaria a las personas es que se ven obligadas a desplazarse a través de territorios o fuera de sus naciones, sin la documentación reglamentaria ni la seguridad mínima. Por eso cuando los Estados no garantizan el derecho ciudadano a la identidad y documentación legal se convierten en promotores de la esclavitud moderna.  Los convencionalismos de hoy pueden concordar en que en todas las Naciones existan sectores de la población especialmente vulnerables. Pero cuando esa vulnerabilidad alcanza un cuarto de la población la responsabilidad del Estado no puede ser ignorada. Por ejemplo, Venezuela falta en los tres primeros objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito en 2018. Pues omite el primero Reforzar la elaboración de políticas basadas en datos y derechos humanos y el discurso público sobre la migración; el segundo,  Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, y tal como acabamos de señalar, también el tercero, Garantizar los derechos de los inmigrantes a la información y a la identidad legal.

En Venezuela las trochas son los principales pasos de trata de personas, sobre todo, para la explotación sexual por parte de los guerrilleros”, según entrevistas realizadas por la mencionada ONG. “Trabajadores migrantes presentan más del triple de probabilidades de estar en situación de trabajo forzoso que sus contrapartes no migrantes. Incluidas las prácticas de contratación injustas y poco éticas.

En estos términos lo publicó la revista colombiana Semana: “El primer peaje lo cobra una banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua, que ha permeado desde hace varios meses la frontera. Un miembro de esta estructura recibe 20.000 pesos por cada viajero. Al día, pueden transitar por esta trocha más de 500 personas.”

En diferentes estudios que abordan el tema de la trata de personas, coinciden en evidenciar que las mujeres y niñas migrantes tienen mayores probabilidades de ser víctimas del delito, ya que los grupos criminales dedicados a esta actividad las prefieren para obligarlas a ejercer la prostitución mediante la violencia, la adicción a las drogas, la manipulación y la extorsión.

Para quienes residen en el país los riesgos de la trata también son altos. Según una investigación de transparencia Venezuela el estado Nueva Esparta es uno de los principales destinos a donde son trasladadas las víctimas de trata. Además en los estados Táchira y Bolívar se han encontrado casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), por parte de grupos armados irregulares. También en el estado Sucre hay poblaciones como San Juan de Las Galdonas, que se encuentran ocupadas por bandas criminales. En Zulia se cuenta el mayor número de víctimas identificadas, incluso en casi todas las parroquias de Maracaibo.

Aunque está fuera del mapa elaborado por Transparencia Venezuela, el mes pasado se conformó en el estado Apure la red de trata, con participación de ongs y organismos públicos, tras haberse hecho públicos cuatro casos de trata en el estado llanero, sólo en este año de acuerdo a la oficina de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo apureña.

En Venezuela cada vez son más necesarias políticias públicas centradas en las personas y los derechos humanos. Frente a esta omisión del Estado, la ayuda humanitaria que ofrecen países amigos también puede contribuir en este camino.