Infomujer Venezuela #76 | Fiscalía y violencia contra la mujer

 

Según las reseñas del Ministerio Público venezolano, el mes de dicembre cerró con un femicidio consumado por estrangulamiento y uno frustrado con arma blanca. Pero cabe recordar que en noviembre pasado la fiscalía sólo reseñó un femicidio en grado de frustración, sin embargo la organización @Utopix_cc registró 25 publicados en medios digitales, lo que da una idea del abordaje institucional de este problema.  

Con respecto a los delitos sexuales, en el último mes del año hubo 10 víctimas infantiles y dos adultas, las 7 sentencias condenatorias dictadas contra procesados por este tipo de crimen también muestran incremento en comparación con el mes de noviembre, pero son casi la mitad de lo que la fiscalía reportó en octubre. La caracterización de los agresores procesados en este periodo muestra edades desde los 18 años hasta los 54 años, mientras que las víctimas tienen edades que van desde 1 año hasta los 53. Del año 2023 el último trimestre fue en el que menos casos de violencia contra la mujer se ocupo la fiscalía según sus reportes, a pesar de que es un problema que se agrava en el país. Por su parte el mapa de violencia contra la mujer refleja que las actuaciones de este organismo se concentran en la zona norte del país, con poquísimos actos en el estado Bolívar y prácticamente ninguno en el resto de la región centro sur.

De enero a noviembre de 2023 la ONG @Utopix_cc contabiliza un total de 186 femicidios a nivel nacional,  los datos de @_cepaz permiten complementar este registro con los intentos  frustrados para un total de 308 acciones femicidas en Venezuela, es decir una acción femicida cada 21 horas. Pero además 18 niñas, niños y adolescentes presenciaron la muerte violenta de sus madres, por lo que también son víctimas de la violencia de género, probablemente desde algún tiempo antes del final fatídico. En 2 casos, demás presenciaron el suicidio del padre luego de haber cometido el femicidio. Son 66 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad a consecuencia de la muerte violenta de sus madres entre enero y septiembre de 2023.

En el último mes del año la fiscalía presentó dos casos de madres que esperan sentencias por omisión de denuncias de abuso sexual contra sus hijos por parte de sus parejas, lo que lleva a esperar que tal vez haya detenciones de oficiales policiales por negarse a recibir denuncias de víctimas de violencia de género, si lo que se busca es justicia, claro está. 

Como las migraciones continúan, fuera de las fronteras las mujeres también corren graves peligros, pues hubo  82 femicidios de venezolanas. Colombia fue el país con más casos (41), allí ocurrió la mitad de éstos, seguida de Perú, Ecuador, EE.UU., Chile, Brasil, México, Guyana y Trinidad y Tobago. 41,3% de las víctimas tenían edades entre 19 y 45 años de edad.

En Venezuela urgen políticas públicas efectivas para terminar con la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y eso empieza por levantar y publicar registros oficiales, lo que compete al Ministerio Público, al de salud, de la mujer y los cuerpos de seguridad ciudadana. Que también deben educar en este sentido, Sin embargo durante diciembre el Ministerio Público sólo realizó una fuerte campaña sobre La extracción indiscriminada de musgo que provoca efectos devastadores al ecosistema. Ninguna mención a la devastación ambiental por minería ilegal en el país ni a la trata de personas o esclavitud moderna, como se conoce al trabajo forzado hoy que se realiza también en las minas.

Infomujer Venezuela #72 | Migración forzosa venezolana

 

La encuesta global de la consultora Edelman recoge con precisión la crisis de credibilidad que atraviesan los políticos en América Latina y explica por qué los ciudadanos optan por confiar en las empresas y en las Organizaciones No Gubernamentales. Fue levantada en los países más grandes de sur América, Méjico, Colombia, Argentina y Brasil y analizan este problema de confianza señalando su causa en la polarización existente en la población.  En términos tales como que preferiría no tener como vecinos a quienes piensan diferente. La trascendencia de esto ha sido muy notoria en días recientes, durante los partidos de futbol clasificatorios para el mundial del próximo año. En Perú contra la delegación y fanaticada venezolana y en Brasil contra la hinchada Argentina al finalizar el encuentro de esas grandes rivales. En ambos hubo represión policial.

Y es que la casi nula disposición para vivir las diferencias cobra fuerza en un mundo que está naturalizando los desenlaces violentos para cualquier conflicto, lo cual implica, de paso, la negación de derechos. Esto ha estado afectado a quienes migraron  de Venezuela en tiempos recientes, puesto que aún habiendo declarado la ONU la crisis humanitaria en el país, todavía hay vecinos que se niegan a actuar en consecuencia. Según la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para el 2021 Perú era el país con más solicitudes pendientes de asilo en la región[1], es decir, sin resolver, pero además su política de Estado no aplica la Declaración de Cartagena de 1984 que ofrece una definición más amplia de refugiado como la persona que huye de su país porque su vida, seguridad y libertad son amenazadas por la violación masiva de derechos humanos. En cambio se acoge a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su protocolo (1967) y que limita la protección por persecución a razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. De esta manera muy pocas personas solicitantes recibirán el estatus legal de refugiado. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los países de la región a trabajar para implementar mejores prácticas en el trato de migrantes. Pero la realidad es que el enorme éxodo venezolano tomó por sorpresa a toda la región y la capacidad de responder satisfactoriamente en términos de respeto a los derechos humanos ha sobrepaso a todas las naciones hermanas. Por lo que cada vez ha resultado más dificil para las últimas oleadas conseguir fuera, condiciones más humanas de las que hay en el país.

Es un hecho que las economías siempre se benefician del trabajo esclavo y la explotación laboral, y en general hay muy pocos esfuerzos reales para remediar esta situación. Pero es una cara de la moneda que quienes migran van a enfrentar, por  eso, acceder a los recursos para ayudar a sus familias que quedan atrás resulta muy cuesta arriba para muchos. Pues enfrentan oportunidades limitadas de integración y obtención de medios de vida que varían de una nación a otra.

Para septiembre de este año la plataforma R4V señala que son Brasil y Colombia los países que registran población migrante con mayores necesidades. De los 6.5  millones de migrantes que han sido acogidos en latinoamérica y el caribe[2],  Mujeres, niñas y niños representan 67% de esa población. Cabe detacar que este año hay  medio millón más de migrantes de las contabilizadas hasta el año pasado.

Lo señalado hasta aquí es una realidad que quienes migran deben conocer, y que especialistas llaman falta de integración sostenible en los países de acogida, por lo que las tendencias de los desplazamientos sucesivos, observadas desde el 2020, es una dinámica de movimiento sin precedentes, intensa y multidireccional, pero cada vez más orientada hacia Centroamérica y Norteamérica.

Cabe la pregunta ¿Hasta cuando podrá continuar la asistencia humanitaria si cada vez hay más desplazamientos forzados por las incapacidades de los gobiernos de garantizar derechos humanos?

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[1] Plataforma R4V, Refugiados venezolanos Reconocidos, 30 de junio de 2021

[2] Plataforma R4V, Análsis de Refugiados y Migrantes , Septiembre de 2023

Infomujer Venezuela #67 | Corrupción y Trata de personas

 

La violencia armada útil para la instauración del crimen organizado en Venezuela, que es la razón real detrás de los desplazamientos forzados de millones de personas en los últimos diez años, dentro y fuera del territorio nacional, también es la causa de que migrantes expongan sus vidas en travesías sin condiciones de seguridad mínima. Además del riesgo de muerte, quienes marchan por rumbos inciertos, u otros más o menos conocidos, enfrentan los peligros de la trata de personas, que el mismo crimen organizado ha expandido por las rutas que sigue el éxodo en tiempos recientes. Pero incluso dentro de las propias fronteras nacionales los desplazamientos son forzados no sólo por grupos armados irregulares al amparo de una política de Estado permisiva, si no, cómplice. 

Las víctimas más notorias son los pueblos indígenas, porque en general, son invisibles para el resto de la sociedad, que como una reminiscencia colonial sigue despreciando su modo de vida tan contrastante con el europeo impuesto. Sin embargo, el emergente liderazgo femenino en varias poblaciones autóctonas y el persistente trabajo de organizaciones de la sociedad civil mantienen vivo frente a la opinión pública su esfuerzo y discurso de resiliencia. Por eso es que hoy se habla del saqueo y destrucción de territorios ancestrales indígenas, de la deforestación de bosques vírgenes más alta de la región, del deterioro masivo de los sistemas fluviales y la contaminación con sustancias tóxicas por la explotación minera. Pero además hay que hablar de que esas zonas Estados-sociedades paralelos, como hasta hace un mes lo era el penal de Tocorón en el estado Aragua, son centros de poder violentos en los que impera la esclavitud moderna. La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya contemplaba la explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna en las áreas mineras al sur del Orinoco que incluye la prostitución forzada de niñas entre 11 y 17 años. Incluso con conocimiento y participación de las fuerzas de seguridad formales, por lo que el aumento de la presencia militar en estas regiones está lejos de ser la respuesta adecuada. Esta semana fue consignada por la ONG Foro Penal, en el estado Amazonas, la denuncia por el asesinato de Luis Manuel Higuera Moreno, joven amazonense durante el desalojo que hizo la operación militar Autana 2023 en el campamento minero Cacique del parque nacional Yapacana.

En estas mismas condiciones se ven implicadas mujeres y niñas de todo el país que llegan a la que es, prácticamente, la única área productiva nacional, en busca de mejores condiciones de vida. Y aunque no sorprenda, hay que hacer notar que en el llamado arco minero apenas si se registran actuaciones del Ministerio Público en materia de violencia de género o de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio de Asuntos Indígenas. A pesar de que se han documentado masacres, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, sumadas a lo antes mencionado, es decir que se trata de una zona especialmente vulnerable. Aunque habrá quien sugiera que se trata de eventos aislados sobre los que no se actúa con la prontitud deseada, vale recordar que en los últimos diez años se contabilizaron por lo menos siete inundaciones que afectaron a distintos pueblos y comunidades indígenas a lo largo de los ríos que habitan en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, tal como lo señalaron Clima 21, Odevida y Mulier en el informe que presentaron ante la CEDAW  este año. Por lo que sería ingenuo pensar en negligencia sistemática y no en política pública, dada la opacidad informativa que pretende encubrir la escalada de violencia contra personas defensoras de territorios, de derechos humanos y ambientales. 

Todo esto al abrigo de un sistema de justicia parcializado puesto que 18 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados en 2022 tienen vínculos probados con el oficialismo, tal como lo recoge el Informe alternativo de Acceso a la Justicia en la ONU. Pero además los fiscales del Ministerio Público no gozan de estabilidad en sus cargos, pues la mayor parte de ellos son designados de forma provisoria. Por eso no se están tomando medidas específicas para prevenir y combatir la corrupción.