Infomujer Venezuela #73 | Monitoreo Fiscalía y VBG noviembre

 

Como cada primer viernes de mes presentamos un monitoreo de las actuaciones difundidas por el Ministerio público venezolano en materia de violencia de género. Finalizado el mes de noviembre que coincide con el aniversario de la fiscalía, ocasión que el titular de ese despacho aprovechó para realizar una rendición de cuentas superficial en la que señaló que estos delitos en 2022 constituyeron 12.509 casos, lo que representa, según el organismo, una disminución de 65,4 % con respecto a los 36.139 casos de 2017.

Una vez más la fiscalía omite hablar de femicidios pero según la organización @Utopix.cc de enero a octubre de este año ha habido 169 femicidios en Venezuela. Un promedio de 16 mujeres asesinadas por ser mujeres cada mes, pero en contraste, el monitoreo de noviembre encontró que fueron dictadas sólo tres condenas por femicidio, uno en grado de frustracón. Los femicidas sentenciados usaron en cada caso arma blanca, arma de fuego y golpes. Aunque son dos condenas más que el mes pasado y 3 más que en septiembre sigue habiendo una enorme deuda de justicia.

Además fueron sentenciados dos hombres por abuso sexual de 3 mujeres, uno de los cuales tuvo cómplices que siguen sin castigo. En un caso se empleó arma blanca. En las otras 5 condenas por este delito, los crímenes fueron cometidos contra NNA, uno en el espectro autista. Los agresores en estos casos fueron primo, profesor, tíos y conocidos. Pero curiosamente en sus recientes declaraciones el alto funcionario público pasó por alto ofrecer datos referidos al abuso infantil, más allá de reseñar la campaña Pedofilia es crimen. Sin embargo, las 5 sentencias de noviembre por abuso sexual infantil contrastan con las 13 condenas logradas en octubre y con las 4 privativas de libertad solicitadas en noviembre por abuso sexual de menores. Este crimen contra la infancia sigue ocurriendo también con muy pocos castigos para la violencia machista.

Vale destacar que en uno de los casos la denuncia fue realizada por una institución educativa, aunque mayoritariamente, quienes denuncian las madres de las víctimas. También se reportaron 2 detenidos por violencia física contra mujeres. La violencia de género está siendo sancionada cuando las víctimas denuncian pero sigue habiendo retardo procesal para juzgar casos de hasta 5 años abiertos.

En noviembre también fue reseñada la captura de tres hombres incursos en el delito de trata de personas del que fueron víctimas tres adolescentes.

En el último trimestre del año siguen sin aparecer reflejadas actuaciones del ministerio público en materia de violencia de género, en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta amacuro, Guárico, Lara, Mérida y Monagas. Si las hubo en Trujillo 4, Bolívar 2, Zulia, Táchira 2, Nueva Esparta, Portuguesa, Carabobo, Cumaná, Miranda, Yaracuy 3, Aragua.

A pesar de que el fiscal habló de respuestas oportunas y de cifras extremadamente positivas, cuando la respuesta de este ente sea suficiente para terminar con la impunidad, se acabarán los femicidios en el país y las mujeres verán garantizadas sus vidas e integridad física y emocional. Pero hasta ahora la realidad es que la crisis humanitaria venezolana las ha forzado a desplazarse por rutas poco seguras. Según la base de datos de Cotejo.info la cantidad de mujeres asesinadas de forma violenta fuera de nuestras fronteras este año es de 31 venezolanas. Colombia es el país que registra una mayor cantidad con 14 casos, le sigue Perú (6), Estados Unidos (5), Chile (3), Ecuador (2) y México (1). Las causas del éxodo siguen sin revertirse, los derechos humanos no se garantizan a toda la población, la gestión del país en considionces de justicia e igualdad sigue siendo un objetivo lejos de alcanzar.

Infomujer Venezuela #69 |Género y desempeño de Fiscalía octubre 2023

El monitoreo ciudadano de las actuaciones publicadas por el Ministerio público venezolano en relación a la violencia de género durante el mes de octubre arroja datos alarmantes, entre los que destaca que en las 13 condenas logradas por abuso sexual, todos los delincuentes actuaron  contra Niñas, Niños y Adolescentes. Según el mismo fiscal el abuso infantil evidencia un repunte de denuncias desde el 2021, sostenido en el 2022, especialmente durante este último año que  finaliza ya y que coincide con la puesta en marcha de la campaña de este ministerio Pedofilia es Crimen. Pero las instancias de Salud, educación y seguridad ciudadana siguen sin activarse para dar respuesta en ésta área.

Durante el décimo mes sólo figura una sentencia por femicidio, a pesar de que en septiembre, el propio ente anunció que fueron capturados los asesinos de 3 mujeres, dos de cuyas muertes la fiscalía calificó de homicidio, habiendo evidencia de que los delitos fueron cometidos por razones de género. En total, sólo tres femicidios de los quince contabilizados por Utopix.cc para septiembre.

Invisibilizar la violencia contra las mujeres es una vieja práctica patriarcal que las organizaciones feministas están comprometidas en destacar porque es cómplice de los crímines contra mujeres y salvo en el renglón de femicidio o femicidio frustrado las mujeres están desaparecidas de los registros publicados por la fiscalía durante octubre. Entre los que se desestimó, por cierto, la muerte de la oficial militar Elinés María Oliveiro como femicidio y fue calificado de suicidio después de muchas diligencias, incluidas varias autopsias con las que se descartó la denuncia de la familia que señalaba múltiples signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Ante la duda, queda recordar que también el pasado octubre, el Fiscal actuó en ginebra como defensor del gobierno.

A propósito de los delitos de violencia de género, parece necesario mencionar que se cometen contra personas, de allí que un imputado con varias víctimas debe ser juzgado por los crímenes cometidos contra cada una de ellas, como delitos separados. El castigo al agresor es parte del derecho de las víctimas a ser resarcidas, las sentencias globales sólo benefician al agresor, como en el caso de Albert José Arismendi Marval agresor de tres víctimas todas de menos de 9 años de edad para quienes la pena máxima, 30 años de carcel, recibida por su tío probablemente sea insuficiente.

 Otra tendencia que destaca en las actuaciones difundidas en octubre es que cuando el delincuente sexual supera los 40 años las condenas son de más de 15 años de prisión, pero por debajo de los cuarente las sentencias no llegan a los 15 años. Es incluso más notorio el caso de  Edicson Johan Gómez Ruiz (efectivo de Politáchira) sentenciado por abuso sexual de su sobrina pero quien recibió la condena más leve dictada en octubre, poco más de 9 años de prisión. Lo cual es más preocupante porque ese mes hay otros dos casos de funcionarios policiales investigados por violencia de género, uno de ellos en fuga, el oficial de Policía Oliver Contreras, de Carabobo.

Digno de recordar es que el mes pasado no aparecieron reflejadas entre las difundidas las actuaciones del ministerio público en materia de violencia de género, en los estados Amazonas, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, y Monagas, a pesar de que en casi todos ellos ocurrieron femicidios en septiembre. 

En octubre el Preso Político Wilder Vásquez cumplió la pena impuesta por la juez Hennit López, y aún permanece en prisión. La participación de mujeres en el sistema judicial o en cualquier espacio de poder no garantiza que actúe con justicia, si su subjetividad permanece sustentada  sobre el patrón de relaciones hegemónico que naturaliza la arbitrariedad y la violencia.

Infomujer Venezuela #65 | Actuaciones Fiscalía septiembre2023

 

Como cada primer viernes de mes dejamos constancia de las actuaciones del Ministerio Público en materia de derechos de la mujer. En septiembre fueron dictadas en Venezuela condenas en 18 casos relacionados con violencia de género, las penas van de 9 a 30 años de prisión. Casi todos los casos fueron por Violencia sexual,  1 intento de femicidio frustrado por familiar, 1 que incluye explotación infantil, en dos casos fueron usadas armas blancas y en uno arma de fuego, también drogas para abusar de una adolescente. Los casos fueron juzgados a partir de denuncias, mayoritariamente de madres, tías, abuelas y vecinos.  En éstos 18 víctimas son niñas, niños o adolescentes y 1 mujer con discapacidad. Varios perpetradores eran vecinos, otros tenían parentezcos como padrastros y tíos. En el pasado mes se registró todavía retardo procesal pues hay sentencias hasta de febrero 2020, mucho más allá de los tiempos de investigación previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hubo juicios en  Anzoátegui 4, Aragua 2, Bolívar 2, Caracas 1, Falcón 2, Miranda 1, Sucre 1, Yaracuy 2, Zulia 2.

Adicionalmente, la Fiscalía dictó privativas de libertad por delitos contenidos en la mencionada ley. Entre los detenidos hay 3 adolescentes con edades entre 15 y 17 años. Y fueron 17 las víctimas  infantiles y adolescentes cuyos agresores fueron detenidos durante septiembre pasado.. En la mayoría de estos casos los agresores también son familiares y vecinos. En uno, una adolescente fue drogada para abusar de ella. También la mayoría de las denuncias ante los órganos de seguridad, incluido un puesto de la GNB, las relizaron las madres y en algunos casos, vecinos. Destaca que en el operativo de Tocorón, quedó detenido un taxista por trata de adolescentes que se encontraban dentro del penal, hasta ahora se desconoce si las víctimas están recibiendo la atención física y psicológica mandada por ley para superar esta forma de violencia contra la mujer. Por cierto que en Tocorón también estaba recluido el director de la Alcaldía de Mariño en el estado Aragua, Eloy José Jiménez Álvarez, femicida de la madre de su hija e hijo, ambas víctimas colaterales que deben recibir medidas de reparación, incluída atención médica por las lesiones sufridas tratando de socorrer a su mamá. Entre los casos destaca el de las cuatro personas detenidas por asesinar a la adolescente Yoselin Galué Rodríguez (14) que están siendo procesadas por homicidio cuando lo que corresponde es femicidio, al igual que en el caso de Harian de Los Ángeles de León García. Finalmente, las entidades federales cuyas fiscalías registraron detenciones fueron: Táchira 3, Cojedes 2, Aragua 4, Trujillo 3 y Caracas. Si no se reportan casos en otros estados queda la duda, es por que allí no se reciben denuncias o porque no son atendidas?

En total, las condenas muestran una tendencia a la baja en el tercer trimestre, pero las detenciones, en su mayoría por delitos en flagrancia aumentaron en septiembre. También se puede ver en las cifras mencionadas que la pedofilia se sigue incrementando en venezuela. Incluso el Ministerio Público reconoce que de los 3.706 expedientes abiertos en 2020; en 2021 subieron a 4.406; en 2022 a 6.680 y en lo que va de 2023 se han registrado 5.428.

En relación a los derechos humanos en general, según Fiscalía hay más de 500 funcionarios del Estado sancionados por violaciones de derechos humanos y las ONGs siguen denunciando torturas. La cuenta del fiscal es que desde su llegada al Ministerio Público se han imputado a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos. Han sido acusados 2.304 involucrados pero privados de libertad 955 y hay 509 personas condenadas. También en éstos casos la justicia tarda.

Infomujer Venezuela#60

 

Como cada inicio de mes revisamos las actuaciones difundidas por el Ministerio Público en materia de violencia de género. En agosto se registró un descenso con respecto a julio pasado, ya que las sentencias y aprehensiones anunciadas por el ente equivalen al 32 % de las informadas el mes anterior. Destaca que sólo una de las 8 sentencias en esta materia corresponde a casos abiertos este año, de manera que como lo reflejan las mismas comunicaciones de la fiscalía, el retardo procesal sigue siendo muy alto, este mes hay casos de hasta 7 años de antigüedad, así como una orden de aprehensión que corresponde a un caso denunciado en 2021. Es oportuno recordar que sólo en julio en Venezuela hubo 22 femicidios según la organización Utopix, y el Ministerio Público sólo actuó en uno. En lo que va de 2023, está ocurriendo un femicidio consumado cada 42 horas y un femicidio en grado de frustración cada 40 horas. Mientras tanto las actuaciones reportadas por el Ministerio Público se limitan a los estados Portuguesa
, Mérida, Monagas, Aragua, Bolívar, Trujilo, Miranda, Táchira, Nueva Esparta, La Guaira y Caracas, en el resto de las entidades federales la indefención de las mujeres, niñas y adolescentes está en estado crítico. Igualmente, el ministerio sólo informó haber intervenido en un caso de trata de 4 adolescentes. De los 15 casos con procedimientos informados por esta instancia en materia de violencia de género, en dos de ellos se empleó armas de fuego y en otro un arma blanca. Este mes también hubo 2 casos en los que los agresores e mujers, niñas y adolescentes pertenecían a las fuerzas del orden. Es preciso hacer énfasis que en todas las incidencias publicadas por la fiscalía en agosto, el dentonante fue la denuncia.

Este ejemplo del insuficiente desempeño de la institucionalidad venezolana para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debe ser contrastado con las denuncias hechas por el Centro para Defensores y Justicia (CDJ) que lleva un registro de 20 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sólo durante julio de 2023 en Venezuela. En el primer semestre del año documentó 309 ataques e incidentes, lo que representa un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 de estas situaciones. Tal y como señala la organización, la violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático. Se trata de medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, así como de persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos laborales.

Esto también ocurre contra mujeres: para muestra el caso de Yosida Vanegas de 67 años detenida por ser la madre del Sgto/M Juan Carlos Monasterios, preso político, condenado a 30 años de prisión. Ella está siendo acusada de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, pero escasamente puede alimentarse y adquirir sus medicamentos, sin embargo, había denunciando que su hijo era víctima de torturas. Hoy ella es otra presa politica, a quien se viola el debido proceso, porque sus abogados no tienen acceso al expediente y le asignaron un Defensor público, pero además, se desconoce su paradero y estado de salud.

Otra fotografía de la vulneración de derechos de las mujeres en el país, se muestra en el espacio de representación de las mujeres en la administración del gobierno madurista, por ejemplo con el nombramiento, esta semana, de la nueva directiva de la empresa petrolera venezolana, PDVSA. De las 9 vicepresidencias además de la presidencia, son un total de 10 cargos existentes, Sólo en tres fueron designadas mujeres.