Después del exterminio de los pueblos originarios de América durante la colonización europea, las etnias sobrevivientes hoy también son víctimas de trata de personas. Se les recluta bajo engaño, con ofrecimientos de mejorar las muy precarias condiciones en las que viven, con promesas de trabajar la agricultura, se les traslada a las minas donde relizan trabajos forzosos sin remuneración. Los testimonios de quienes logran escapar de esta forma de esclavitud moderna, no llegan con suficiente prontitud para advertir y evitar más víctimas de este delito. Según informe de la organización Kapé Kapé al menos 1500 indígenas waraos se encuentran en la actualidad en Guyana, en su mayoría realizando trabajos forzados y subpagados. Este pueblo asentado tradicionalmente en el estado Delta Amacuro ha estado emigrando para escapar del hambre y la miseria en las que está sumida la región por las múltiples actividades ilegales que se realizan allí y en todo el llamado arco minero dentro de los territorios indígenas ancestrales. Mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU advierte que en Venezuela se restringe el derecho a la libre movilidad por la dificultad de acceder a documentos como pasaportes dentro y fuera del territorio, hay que mencionar que las poblaciones indígenas nacionales ni siquiera cuentan con cédula de identidad en su mayoría. Y sólo en el Esequibo viven más de 45.000 indígenas venezolanos en situación de abandono, pobreza y explotación. Son arawakos, wapishana, warao y kariña. En ese contexto las mujeres y niñas son más vulnerables.
Con respecto a la mitad de la población del país, Desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (@Cepaz) documentó 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración. Como consecuencia directa 55 niños y niñas quedaron en estado de orfandad. Pero además en 10,6% de los casos las asesinadas fueron niñas menores de 11 años. 40,6 % del total de estos casos registran mujeres en edades comprendidas entre 19 y 45 años.
Sobre la respuesta de los órganos encargados de ofrecer seguridad a la ciudadanía, incluídas las mujeres, niñas y adolescentes los hechos se expresan con claridad: dos de los victimarios tenían antecedentes penales por violencia de género y en 44,4% de los casos, los agresores están en fuga. En 7 de los casos, los ofensores eran funcionarios policiales activos para el momento de los hechos. Por lo que urge implementar procesos de educación y sensibilización sobre este tema, en el que la Universidad de la Seguridad tiene un papel protagónico.
Entre otras consideraciones para prevenir la violencia de género hay que señalar que en 61,9% de los casos la víctima conocía al ofensor y casi el 30% eran parejas o exparejas. Sin embargo que 8,8% de las muertes ocurre en medio de violencia obstétrica también tiene mucha relevancia. Recordemos que en el estado Bolívar, entre 23% y 35% de las parturientas son menores de edad. Y expertos afirman que las niñas y adolescentes representan el 50% de las víctimas de mortalidad materna.
La violencia machista no sólo mata con manos y armas, sino que induce a acabar con la propia vida. Esta misma semana @Cecodap indicó que factores como la violecia de género y la cultura patriarcal tienen incidencia en el aumento de los índices de intención de suicidio que miden en comparación con el año pasado. Además la población de adolescentes femeninas alcanzó en el primer semestre del año el índice de riesgo suicida más alto en el histórico de sus mediciones. Esto exige actuar con urgencia y efectividad en la erradicación de esta y otras formas de violencia.
