Como cada inicio de mes revisamos las
actuaciones difundidas por el Ministerio Público en materia de violencia de
género. En agosto se registró un descenso con respecto a julio pasado, ya que
las sentencias y aprehensiones anunciadas por el ente equivalen al 32 % de las informadas
el mes anterior. Destaca que sólo una de las 8 sentencias en esta materia
corresponde a casos abiertos este año, de manera que como lo reflejan las
mismas comunicaciones de la fiscalía, el retardo procesal sigue siendo muy
alto, este mes hay casos de hasta 7 años de antigüedad, así como una orden de
aprehensión que corresponde a un caso denunciado en 2021. Es oportuno recordar
que sólo en julio en Venezuela hubo 22 femicidios según la organización Utopix,
y el Ministerio Público sólo actuó en uno. En lo que va de 2023, está
ocurriendo un femicidio consumado cada 42 horas y un femicidio en grado de
frustración cada 40 horas. Mientras tanto las actuaciones reportadas por el Ministerio
Público se limitan a los estados Portuguesa
, Mérida, Monagas, Aragua, Bolívar,
Trujilo, Miranda, Táchira, Nueva Esparta, La Guaira y Caracas, en el resto de
las entidades federales la indefención de las mujeres, niñas y adolescentes está
en estado crítico. Igualmente, el ministerio sólo informó haber intervenido en
un caso de trata de 4 adolescentes. De los 15 casos con procedimientos informados
por esta instancia en materia de violencia de género, en dos de ellos se empleó
armas de fuego y en otro un arma blanca. Este mes también hubo 2 casos en los
que los agresores e mujers, niñas y adolescentes pertenecían a las fuerzas del
orden. Es preciso hacer énfasis que en todas las incidencias publicadas por la
fiscalía en agosto, el dentonante fue la denuncia.
Este ejemplo del insuficiente desempeño de la institucionalidad venezolana para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debe ser contrastado con las denuncias hechas por el Centro para Defensores y Justicia (CDJ) que lleva un registro de 20 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sólo durante julio de 2023 en Venezuela. En el primer semestre del año documentó 309 ataques e incidentes, lo que representa un incremento del 44% en comparación con el mismo período del año 2022, en el cual se registraron 214 de estas situaciones. Tal y como señala la organización, la violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático. Se trata de medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, así como de persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos laborales.
Esto también ocurre contra mujeres: para muestra el caso de Yosida Vanegas de 67 años detenida por ser la madre del Sgto/M Juan Carlos Monasterios, preso político, condenado a 30 años de prisión. Ella está siendo acusada de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, pero escasamente puede alimentarse y adquirir sus medicamentos, sin embargo, había denunciando que su hijo era víctima de torturas. Hoy ella es otra presa politica, a quien se viola el debido proceso, porque sus abogados no tienen acceso al expediente y le asignaron un Defensor público, pero además, se desconoce su paradero y estado de salud.
Otra fotografía de la vulneración de derechos de las mujeres en el país, se muestra en el espacio de representación de las mujeres en la administración del gobierno madurista, por ejemplo con el nombramiento, esta semana, de la nueva directiva de la empresa petrolera venezolana, PDVSA. De las 9 vicepresidencias además de la presidencia, son un total de 10 cargos existentes, Sólo en tres fueron designadas mujeres.
