El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, se refirió a los efectos desproporcionados que tiene en las mujeres, niñas y adolescentes la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, y la falta de políticas por parte del Estado para hacer frente a los actos de discriminación basados en el género, ya que no implementa medidas de protección y servicios integrados para las víctimas, ni de contención, justicia y reparación. Ejemplo de esto son los retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores, la omisión por parte del Estado de publicar datos y cifra sobre la realidad de las mujeres venezolanas, específicamente en cuanto a los casos de violencia de género. También menciona el deterioro del sistema sanitario, lo cual afecta directamente los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención obstétrica y el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama.
Mientras tanto la sociedad civil organizada sigue evidenciando y manteniendo fresca en la memoria colectiva venezolana, procedimientos judiciales que se distancian de los acuerdos internacionales. Como el llevado a cabo contra Naibelys Noel Pérez, quien fue víctima de violencia vicaria, pues su pareja amenazaba con tomar represalias contra su hijo si Naibelys se separaba de él y a pesar de que ella intentó denunciar a su agresor y al de su hijo, la policía no actuó evitando el infanticidio, ni el Estado le ofreció a ambos acogida temporal, pero la Fiscalía la acusó de ser cómplice del asesinato, revictimizándola en un proceso judicial, que después de 3 años y 8 meses la condenó a 30 años de cárcel (el doble de la pena dictada a su agresor y asesino de su hijo). La Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género @UlaMujer, expuso este proceso ante la CEDAW.
