Infomujer Venezuela #70 |Política de violencia en Venezuela

 

Mientras otros países trabajan activamente por la equidad de género la ya larga crisis humanitaria de Venezuela que mantiene a la nación cada vez más empobrecida, producto de la corrupción y la ineficiente administración de los recursos nacionales dificulta nuestro avance. Pero las organizaciones no gubernamentales siguen firmes en hacer visibles las injusticias que afectan a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, la Red de Mujeres Constructoras de Paz realizó un estudio en 13 estados del país, que recoge evidencia de las múltiples formas de violencia contra las mujeres que siguen padeciendo las venezolanas: 40% de las encuestadas aseguró no tener acceso a productos para la gestión menstrual, es decir, carecen de los recursos sanitarias mínimos para hacer frente a la regla, cada mes. Esta es una forma de violencia pasiva en la que pareciera no haber un agresor, pero cuando el Estado no es capaz de garantizar todos los derechos para todas las personas, las culpas se van aclarando.

Hasta ahora los esfuerzos no son suficientes si 21% de las encuestadas no sabe a dónde acudir en caso de sufrir o ser testigo de un caso de violencia de género. Esto las hace más vulnerables en un país en el que la violencia psicológica queda en evidencia porque 67 de cada 100 consultadas aseguró haber recibido comentarios despectivos al menos una vez, mientras que 41% admitió haber recibido invitaciones, tocamientos o acercamientos no deseados, ofensivos e incómodos en las calles. Lo que constituye la base de la violencia de género pero que no se detiene ahí, porque Según la organización @_Cepaz  a las venezolanas las matan en sus propias casas, así lo arroja su monitoreo de femicidos, para agosto 2023 según el cual 54,2% de los femicidios consumados ocurrieron en la casa de habitación de la mujer y otro 12,5% en la que compartía con su pareja.

La seguridad de las mujeres es una deuda del Estado venezolano porque las que no son asesinadas tienen que vivir con miedo y las cicatrices de todos los maltratos acumulados, a los que se suma que sean obligadas a asumir todos los embarazos, los cuidados de niñas y niños, de los adultos mayores y de quienes se enferman en el hogar.

Pero esa deuda también tiene una repercusión continental. A pesar de que el gobierno de Venezuela anunció en el 2017 su retiro de la Organización de Estados Americanos, esta instancia regional sigue de cerca lo que pasa en el país con la clara conciencia de que como vecinos, lo que afecta a unos repercute sobre el resto. Porque ya están entendiendo que los desplazamientos forzados de venezolan@s por toda la región han convertido el modelo económico delictivo nacional en un gran riesgo para todo el continente. Pero la OEA firme en su propósito de afianzar la paz y la seguridad del Continente, promover y consolidar la democracia representativa, acaba de publicar mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto integrada mayoritariamente por mujeres, el informe sobre Personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. En el que se reconoce como causa de este éxodo los conflictos en el país y las limitaciones a las libertades civiles y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, entre otros que siguen enfrentando quienes resisten dentro de las fronteras. Pero las personas desplazadas enfrentan otros peligros tanto en los países de tránsito como en los de acogida, así como barreras para acceder a servicios básicos como atención médica, vivienda y educación. Dada la discriminación estructural e histórica popularmente conocida como machismo, tanto dentro como fuera del país, la situación es más grave para mujeres y niñas. La publicación recoge que entre 2014 y 2021 se ha reducido el empleo formal 21.8 puntos porcentuales[1], alrededor de 4.4. MM de empleos y dada la discriminación contra las mujeres, su participación en el sector laboral formal fue del 43% en el periodo 2019-2020, es decir la tasa más baja de América Latina[2]. Y cuado se toma en cuenta que en Venezuela las mujeres son jefas de hogar en el 72,7% de los hogares más pobres, teniendo que sostener a familias de hasta 4 miembros[3]. Son cifras muy rojas, que existen, a pesar de la opacidad informativa y que tendrá que tener en cuenta la Misión Venezuela Mujer, la más reciente creación del gobierno Madurista para eliminar la brecha de género.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]Anova. Breve Reseña del Mercado Laboral Venezolano: Qué dicen los datos más recientes. 22 de septiembre de
2020.

[2] Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB. Condiciones de vida de los venezolanos: entre emergencia
humanitaria y pandemia | ENCOVI 2021. Septiembre de 2021.

[3] Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Aliadas en Cadena. La salud de las mujeres
en Venezuela: Crisis del sistema sanitario y COVID-19. 2021

Infomujer Venezuela #66 | Femicidios primer semestre Venezuela

 

Después del exterminio de los pueblos originarios de América durante la colonización europea, las etnias sobrevivientes hoy también son víctimas de trata de personas. Se les recluta bajo engaño, con ofrecimientos de mejorar las muy precarias condiciones en las que viven, con promesas de trabajar la agricultura, se les traslada a las minas donde relizan trabajos forzosos sin remuneración. Los testimonios de quienes logran escapar de esta forma de esclavitud moderna, no llegan con suficiente prontitud para advertir y evitar más víctimas de este delito. Según informe de la organización Kapé Kapé al menos 1500 indígenas waraos se encuentran en la actualidad en Guyana, en su mayoría realizando trabajos forzados y subpagados. Este pueblo asentado tradicionalmente en el estado Delta Amacuro ha estado emigrando para escapar del hambre y la miseria en las que está sumida la región por las múltiples actividades ilegales que se realizan allí y en todo el llamado arco minero dentro de los territorios indígenas ancestrales. Mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU advierte que en Venezuela se restringe el derecho a la libre movilidad por la dificultad de acceder a documentos como pasaportes dentro y fuera del territorio, hay que mencionar que las poblaciones indígenas nacionales ni siquiera cuentan con cédula de identidad en su mayoría. Y sólo en el Esequibo viven más de 45.000 indígenas venezolanos en situación de abandono, pobreza y explotación. Son  arawakos, wapishana, warao y kariña. En ese contexto las mujeres y niñas son más vulnerables.

Con respecto a la mitad de la población del país, Desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (@Cepaz) documentó 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración. Como consecuencia directa 55 niños y niñas quedaron en estado de orfandad. Pero además en 10,6% de los casos las asesinadas fueron niñas menores de 11 años. 40,6 % del total de estos casos registran mujeres en edades comprendidas entre 19 y 45 años.

Sobre la respuesta de los órganos encargados de ofrecer seguridad a la ciudadanía, incluídas las mujeres, niñas y adolescentes los hechos se expresan con claridad: dos de los victimarios tenían antecedentes penales por violencia de género y en 44,4% de los casos, los agresores están en fuga. En 7 de los casos, los ofensores eran funcionarios policiales activos para el momento de los hechos. Por lo que urge implementar procesos de educación y sensibilización sobre este tema, en el que la Universidad de la Seguridad tiene un papel protagónico.

Entre otras consideraciones para prevenir la violencia de género hay que señalar que en 61,9% de los casos la víctima conocía al ofensor y casi el 30% eran parejas o exparejas. Sin embargo que 8,8% de las muertes ocurre en medio de violencia obstétrica también tiene mucha relevancia. Recordemos que en el estado Bolívar, entre 23% y 35% de las parturientas son menores de edad. Y expertos afirman que las niñas y adolescentes representan el 50% de las víctimas de mortalidad materna.

La violencia machista no sólo mata con manos y armas, sino que induce a acabar con la propia vida. Esta misma semana @Cecodap indicó que factores como la violecia de género y la cultura patriarcal tienen incidencia en el aumento de los índices de intención de suicidio que miden en comparación con el año pasado. Además la población de adolescentes femeninas alcanzó en el primer semestre del año el índice de riesgo suicida más alto en el histórico de sus mediciones. Esto exige actuar con urgencia y efectividad en la erradicación de esta y otras formas de violencia.

Infomujer Venezuela #64 | Violencia de género y reparación

 El feminismo además de visibilizar todas las formas de injusticias que enfrentan las mujeres día a día, a lo largo de su vida, asume como causa alcanzar la verdadera equidad de género, en beneficio de la sociedad toda, es decir de mujeres y hombres.  Entre las muchas reivindicaciones en constante reclamo está que cese la violencia contra las mujeres, meta que es posible alcanzar cuando hay voluntad política y compromiso para educar en igualdad. Lo que incluye formar a todos los servidores públicos, integralmente, para mucho más que hacer un uso regular del lenguaje de género. Transformar la institucionalidad para que mujeres, niñas y adolescentes gocen efectivamente de los mismos derechos que los hombres, y la totalidad de la población vea respetados sus derechos humanos. Empezando con la instancia que imparte justicia en la Nación, que es naturalmente, sino la más importante, un escalón imprescindible para abordar el compromiso con el desarrollo inclusivo. 

Antes ya se ha señalado que en Venezuela existe una gran deuda a nivel legislativo en materia de igualdad de género, sin embargo los pocos instrumentos existentes pueden nivelar el camino en esa dirección. Por ejemplo, los tribunales especializados en Violencia contra la Mujer cuentan desde el 2014, con el artículo 61 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que establece el pago de una indemnización a las mujeres víctimas, o a sus herederas y herederos en caso de que la mujer hubiera sido asesinada. Porque la reparación es necesaria cuando las sociedades no han alcanzado la igualdad para toda su ciudadanía. 

Por contraste con el caso colombiano reseñado la semana pasada en el que la propia justicia de ese país sentenció la repación que habría de pagar la Fiscalía bogotana a quienes sobreviven al femicidio de Rosa Elvira Cely, cuando la institucionalidad nacional no es capaz de garantizar el disfrute de sus derechos, las víctimas deben recurrir a instancias interacionales. Un ejemplo de activación de este recurso lo protagonizó Linda Loaiza López Soto, quien al no recibir justicia en Venezuela elevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018  ordenó al Estado venezolano la reparación a través de varios mecanismos como becas de estudios profesionales para ella y sus hermanos, así como tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico, incluidos los medicamentos requeridos y adecuados a sus necesidades como sobreviviente de violencia de género, así como los costes de los diversos litigios. Hoy cinco años después de emitida la sentencia el gobierno sigue inclumpliendo con las reparaciones concedidas por el órgano internacional. El objeto de las reparaciones es ayudar a que las sobrevivientes de violencia de género puedan recuperar efectivamente su proyecto de vida, así como tratar de corregir la afectación producida por los diferentes modos de agresión. 

Es oportuno recordar que quienes sobreviven a estas situaciones ven seriamente comprometido su patrimonio familiar ya sea para la recuperación de la salud o por los esfuerzos por procurar justicia. En otros casos de violencia que terminan en femicidio, la justicia debe velar por las llamadas víctimas colaterales, todo en el marco de los derechos humanos. Las mujeres víctimas de Violencia de Género aquí, tienen, además derecho por ley a servicios sociales de atención, emergencia, protección, apoyo, acogida y recuperación integral. Sin embargo para que este derecho sea efectivo el país tiene que aumentar la inversión en programas de atención integral a las víctimas. A pesar de todo esto la mayoría de las sentencias de los tribunales venezolanos no contemplan medios de reparación e indemnización, lo cual atenta contra los derechos humanos de las mujeres.  Este mismo año hemos reportado aquí muchas sentencias entre las que se incluye abusos sexuales contra infantes y los tribunales venezolanos no contemplan la reparación, lo cual es una forma de revictimización para las víctimas directas y colaterales de la violencia de género. 

Sin embargo hay casos que sientan jurisprudencia en este sentido, en el 2012 el Juzgado Segundo de Primera Instancia de violencia contra la Mujer en Caracas, con ponencia de la magistrada Dougeli Antonieta Wagner que sentenció al agresor pago de indemnización por daño moral. Más recientemente en julio de este año, el femicida  Gregori Capote Minseros fue condenado a prisión y al pago de Indemnización. Ciertamente todavía siguen siendo pocas las sentencias que contemplan la reparación pero algunos jueces van por el camino del bien. Por cierto que los tribunales especiales se han sumado al mutismo gubernamental sobre los datos de violencia de género que atienden, lo que además contribuye al estancamiento del abordaje efectivo de este enorme problema de salud pública y es una deuda con la equidad y justicia que deben solventar.

Infomujer Venezuela #63 |Corrigiendo la discriminación judicial

 

Nuestras hermanas Colombianas, constantes en su lucha por la justicia y equidad de género, lograron que un tribunal de Bogotá condenara a tres instancias del Estado Colombiano por negligencia al procesar el feminicidio de Rosa Elvira Cely. 

Este caso que ha mantenido movilizados a los colectivos feministas por más de diez años y que conmocinó al país por la crueldad de la tortura y asesinato de la víctima, que además fue revictimizada por el tratamiento que le dieron la Fiscalía, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Policía de esa ciudad. Desde acudir después de dos horas y dos llamadas de auxilio hechas por la propia Rosa Elvira Cely quien finalmente murió cuatro días después, a causa de las terribles heridas, la infección que le provocaron y la hipotermia, hasta culpabilizarla por haber salido con sus agresores, compañeros de clase. La espiral reivindicatoria feminista alrededor de este caso llevó a que el Congreso Colombiano tipificara el femicidio en el Código Penal de ese país. La familia de Rosa Elvira Cely demandó a los tres entes mencionados por la negligencia cómplice de su muerte y por dejar en libertad al segundo implicado, señalado por la propia víctima. 

La reciente sentencia ejemplarizante contempla también la reparación que recibirá su familia, a Rosa Elvira Cely le sobrevive una hija. De manera que esta última instancia de resolución judicial dio un paso gigante en la dirección de una sociedad más justa. Sobra mencionar la relevancia de la separación de poderes y de un Estado con más indicadores democráticos y menos intereses político partidistas para la consecución de ese fin.  Ciertamente la vecina nación acaba de dar un ejemplo digno de seguir por todo el sur continental en aras de que los derechos humanos estén garantizados por encima de todo, también para las mujeres. Especialmente por Venezuela donde todavía está fresco el reciente fallo de la justicia contra Naibelis Noel en el que los órganos judiciales mostraron, con evidente claridad, desconocer las dimensiones de la violencia de género que están arraigadas en los estereotipos y los roles de género, que discriminan a las mujeres, niñas y adolescentes a partir de los desequilibrios en las relaciones de poder. 

Ese ejercicio del poder masculino hegemónico expresado también por las instituciones que siguen reproduciendo un modelo desactualizado y al margen de los avances de las investigaciones científicas que han desvelado las injusticias que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El carácter del modelo patriarcal empuja a las instancias que están profundamente marcadas por ese sistema a violar acuerdos y convenciones internacionales. Lo que se muestra también en la falta de transparencia en las gestiones públicas como esencia de la gobernanza. Por esa razón, en Venezuela, se revictimiza a las mujeres, y el caso de Naibelis Noel así lo prueba, como también lo hace la falta de información oficial integral sobre los distintos delitos de violencia de género, no sólo los femicidios. 

Esa es la razón por la que no se ha podido prevenir efectivamente. También esa es la razón por la que faltan más leyes y políticas integrales que incidan sobre la violencia y particularmente sobre la basada en razones de género, que mantiene en impunidad a quienes la ejercen contra mujeres, adolescentes y niñas y las organizaciones que defienden sus derechos.