Vuelve a ser noticia la trata de venezolanas, rescatadas por la policía peruana el 8 de enero, son 40 niñas y adolescentes explotadas sexualmente a través de WhatsApp por el Tren de Aragua. La mayoría de las sobrevivientes son venezolanas de entre 12 y 17 años. Poco antes, el 29 de dicembre pasado otras 60 de nacionalidad colombiana, venezolana y peruana también fueron liberadas en perú, la frecuencia y cantidad obligan a pensar que la magnitud del problema es mayor de lo que las autoridades extranjeras logran atender. En esta oportunidad fueron apresados 10 delincuentes. Pero la trata de personas es una de las bases de las economías ilícitas tan extendidas en América Latina. Nuestro país es una muestra clara, el 15% del PIB de Venezuela en 2022 (9.400 millones de dólares) provino de contrabando de minerales (especialmente oro) y combustible, narcotráfico y corrupción en puertos y aeropuertos.
A esto se suma que Venezuela ocupa por noveno año consecutivo el último lugar en el ranking mundial de justicia para el que se consideran: los poderes gubernamentales, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project.
Todo esto está en el centro de la crisis nacional originada en políticas de Estado empobrecedoras que ha empujado los desplazamientos forzados, en los que mujeres, niñas y adolescentes son expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad, que en muchos casos terminan en la trata de personas. Las sobrevivientes que logran escapar y son rescatadas necesitan ayuda.
Estas niñas y adolescentes venezolanas seguramente serán repatriadas, necesitan atención médica y sicológica porque fueron esclavizadas sexualmente, pero en el país las insuficientes casas refugio creadas décadas atrás están desaparecidas. El desmantelado sistema de salud pública no puede proporcionarla. Las organizaciones no gubernamentales que tienen el conocimiento para hacerlo cuentan con recursos muy escasos. De manera que la estructura familiar, precarizada por la misma crisis se ve obligada a dar estos cuidados sin saber bien cómo.
En vez de atender estos asuntos de interés público nacional la hipocrecía gubernamental llega a pedir castigo ejemplar por el dolorosísimo feminicidio de la venezolana Julieta Hernández en la Amazonía brasileña, mientras las paisanas asesinadas por ser mujeres, aquí en Venezuela no descansan en paz porque el retardo procesal y la estructura patriarcal silenciosamente acomodada en el sistema judicial ni siquiera es capaz de llamar los femicidios por su nombre. Indudablemente, La violencia de género debe ser castigada sin demora y ejemplarmente en la tierra de Bolívar.
Las venezolanas no pueden seguir siendo víctimas de la improvización y negligencia. Otro botón como muestra es que El primer fin de semana de enero se produjo el traslado de 173 reclusas desde el anexo femenino del centro penitenciario Fénix, en el estado Lara, sin notificación a sus familias y omitiendo las garantías judiciales y otros derechos humanos. Este era uno de los 16 espacios para mujeres privadas de libertad en Venezuela y tal como lo ha denunciado el OVP reiteradamente, ninguno fue creado con perspectiva de género. Esta movilización las deja en situación de mayor vulnerabilidad pues pierden contacto familiar y las visitas, lo que empeora sus condiciones de reclusión y las hace suceptibles a la extorsión o utilización por parte de grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Que las intervenciones de los siete penales en el último cuatrimestre del 2023 mostraron, claramente, cómo son gerenciados.
La pobreza no es casual, es responsabilidad de los grupos de poder, que dirigen la educación, el acceso a servicios básicos, la protección de la salud, la inversión o desinversión y lo hace de manera desigual. Porque los pobres ocupados en sobrevivir no tienen tiempo de exigir mejores políticas.
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