Según la plataforma de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, conocida como HUMVenezuela se estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa 25% de la población que existía en el país en 2015. Los estados donde los hogares reportaron mayor número de migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y el tercero está integrado por Bolívar, Apure, Lara y Sucre. Mientras que el desplazamiento dentro del país se estima alrededor de 4%.
Pero además entre los años 2022 y 2023, la intención de migrar aumentó de 8% a 13,4%, lo cual equivale a un estimado de 2,8 millones con intención de mudarse a otro país. La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las necesidades de mejorar sus ingresos (71,5%), pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6%), el acceso a servicios de atención a la salud y medicinas (13,7%). Por cierto que 92,2% de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; la mayoría de ellas por razones económicas, pero 37,5% alega también falta de documentos.
Otros determinantes para este patrón de movilidad que también están relacionados con las condiciones de salud, son la contaminación del agua que llega a los hogares venezolanos, que según el mismo informe en 2023 representó 86% de la población expuesta a fuentes de agua contaminada, perceptibles por señales como el color y olor no propios del agua. Esto es así no sólo en el agua para el saneamiento sino más alarmante aún, en la de consumo humano. De allí el registro de 33,4 de cada 100 personas que redujo las cantidades que bebía a diario, por causa de la severa escasez de agua o por su contaminación, pues aumentó, de 15,2% a 27,1% el índice de personas que no tienen acceso a métodos de purificación, por lo que se incrementaron los riesgos de deshidratación y de otras afecciones, por ejemplo enfermedades como las diarreas, aumentaron de 6,9% a 9,3% entre 2022 y 2023.
Por si fuera poco, a los espacios insalubres en viviendas por falta de agua se suman casi todas las ciudades y pueblos venezolanos que enfrentan problemas severos con el aseo urbano, y que muchas familias resuelven quemando la basura y aumentando los niveles de contaminación y afecciones a la salud.
La suma de estas razones mantiene la carga de enfermedad en niveles altos, lo que afectó a más de 60% de la población en 2023. En el país hay 4,2 millones de personas con problemas de salud graves que no recibieron atención médica y 3,7 millones sin medicinas. La raíz de este problema es que el gasto público en este sector disminuyó durante los últimos años en más de 50%, y por la falta de transparencia de inversión y gestión presupuestaria, no se pueden señalar más datos con certeza.
En todo este contexto es grave que en 2023, la población con acceso a algún tipo de asistencia o protección de la respuesta humanitaria fue mucho menor a la que se alcanzó en años anteriores.
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