Infomujer Venezuela #75 | Mujer y Estado de derecho

 

El estado de derecho garantiza que la cudadanía goza de todos los derechos consagrados en las leyes y pactos de derechos humanos acordados por el país, así lo establece también la Constitución venezolana. Sin embargo, en la práctica, las instancias judiciales se mueven como un sistema represivo gubernamental. Según la organización @cepaz esta política de persecución y criminalización impacta la garantía de los derechos cívicos, como lo son los derechos de asociación, reunión, manifestación, opinión y participación. La persecución con fines políticos pretende silenciar voces disidentes y sembrar el terror para desactivar el ejercicio de la ciudadanía activa.

Según la organización @foropenal hasta el 11 de diciembre registran en Venezuela 276 presos políticos. 147 son militares y 129 civiles. De los 276 sólo 137 tienen condena. Como lo publicara el diario @Talcual, 56
% de la población en presidio paga condena anticipada por el retardo procesal Estas estadísticas también incluyen mujeres.

Ivonne Barrios, ama de casa venezolana, privada de libertad con fines políticos desde el 12/09/2020. Esperó 5 meses detenida por su audiencia preliminar que fue realizada el 21/02/2021. Sigue recluida en el INOF. Carla Da Silva, Lic en administración, luso-venezolana, privada de libertad con fines políticos desde el 05/05/2020. Está recluida en el Helicoide. María Auxiliadora Delgado, ciudadana española, privada de libertad con fines políticos desde el 19/03/2019 Sin orden judicial. El  02/10/2019 fue excarcelada y nuevamente aprehendida por orden del mismo tribunal que la liberó. Acusada, junto a su esposo, de supuestos planes conspirativos está encerrada en el DGCIM de Boleita. Angela Expósito, privada de libertad con fines políticos desde el 21/09/2018. Es docente y antes de ser detenida era activista protectora de animales. Está detenida en el Helicoide. Marifrancys Marcano, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. Es comerciante y la relacionan con militares vinculados a un supuesto asalto en Los Teques. Permanece recluida en el INOF. Ana María Pernía, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. Comerciante. Es acusada de terrorismo y de financiamiento al terrorismo. También está en el INOF. Emirlendris Benítez, privada de libertad con fines políticos desde el 05/08/2018. Fue víctima de torturas durante su embarazo, que le causaron la pérfida de su bebé. Emirlendris tiene medidas cautelares de la @CIDH y Sigue en el INOF. Yanin Pernía, privada de libertad con fines políticos desde el 04/08/2018. También en el INOF. Yusimar Montilla, Sgto 2do del Ejercito Nacional Bolivariano. Privada de libertad con fines políticos desde el 15/06/2019 en Ramo Verde. Marifrancys Marcano, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. La relacionan con militares vinculados a un supuesto asalto en Los Teques. Está encarcelada en el INOF. Didelis Corredor, TSU en informática, privada de libertad con fines políticos desde el 14/07/2023. Encarcelada en el CICPC El Llanito. Vicmarys Oropeza, sargento primero infanteria de Marina, privada de libertad con fines políticos desde el 16/09/2022. Está presa en el INOF. Arianny Sánchez, modelo, privada de libertad con fines políticos desde el 31/03/2022. Está recluida en el CPO Santa Ana. Layla Miranda, TSU en enfermería; privada de libertad con fines políticos desde el 16/08/2022. Está encarcelada en el CICPC Parque Carabobo. María Fernanda Silva Beroes y Elizabeth Silva Beroes, la primera detenida arbitrariamente en una “alcabala”, sin orden judicial. Posteriormente también fue privada de libertad con fines políticos su hermana Elizabeth. Ambas incriminadas a través de medios de comunicación por autoridades, como señala la ONG Defiende Venezuela. Al igual que todas las recordadas aquí se les viola el debido proceso y el derecho legítimo a una defensa de su confianza.

Son 19 presas a las que se desconoce sus derechos humanos. Muchas han desarrollado afecciones de salud por las condiciones inhumanas de reclusión, además de las que tenían enfermedades preexistentes y no reciben los tratamientos prescritos. Varias de estas presas políticas tienen familiares directos que dependen de ellas y han quedado desamparados, víctimas invisibles de esta violencia contra la mujer. Son varios los presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado, en circunstancias sospechosas o por falta de cuidados médicos, entre otras causales.

Aunque no es consuelo para estas víctimas, el Estado Venezolano sigue bajo escrutinio internacional por violaciones a los derechos humanos. Así que esperamos poder hacer pronto un reporte de que en Venezuela no hay ya más presas ni presos políticos.

Infomujer Venezuela #63 |Corrigiendo la discriminación judicial

 

Nuestras hermanas Colombianas, constantes en su lucha por la justicia y equidad de género, lograron que un tribunal de Bogotá condenara a tres instancias del Estado Colombiano por negligencia al procesar el feminicidio de Rosa Elvira Cely. 

Este caso que ha mantenido movilizados a los colectivos feministas por más de diez años y que conmocinó al país por la crueldad de la tortura y asesinato de la víctima, que además fue revictimizada por el tratamiento que le dieron la Fiscalía, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Policía de esa ciudad. Desde acudir después de dos horas y dos llamadas de auxilio hechas por la propia Rosa Elvira Cely quien finalmente murió cuatro días después, a causa de las terribles heridas, la infección que le provocaron y la hipotermia, hasta culpabilizarla por haber salido con sus agresores, compañeros de clase. La espiral reivindicatoria feminista alrededor de este caso llevó a que el Congreso Colombiano tipificara el femicidio en el Código Penal de ese país. La familia de Rosa Elvira Cely demandó a los tres entes mencionados por la negligencia cómplice de su muerte y por dejar en libertad al segundo implicado, señalado por la propia víctima. 

La reciente sentencia ejemplarizante contempla también la reparación que recibirá su familia, a Rosa Elvira Cely le sobrevive una hija. De manera que esta última instancia de resolución judicial dio un paso gigante en la dirección de una sociedad más justa. Sobra mencionar la relevancia de la separación de poderes y de un Estado con más indicadores democráticos y menos intereses político partidistas para la consecución de ese fin.  Ciertamente la vecina nación acaba de dar un ejemplo digno de seguir por todo el sur continental en aras de que los derechos humanos estén garantizados por encima de todo, también para las mujeres. Especialmente por Venezuela donde todavía está fresco el reciente fallo de la justicia contra Naibelis Noel en el que los órganos judiciales mostraron, con evidente claridad, desconocer las dimensiones de la violencia de género que están arraigadas en los estereotipos y los roles de género, que discriminan a las mujeres, niñas y adolescentes a partir de los desequilibrios en las relaciones de poder. 

Ese ejercicio del poder masculino hegemónico expresado también por las instituciones que siguen reproduciendo un modelo desactualizado y al margen de los avances de las investigaciones científicas que han desvelado las injusticias que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El carácter del modelo patriarcal empuja a las instancias que están profundamente marcadas por ese sistema a violar acuerdos y convenciones internacionales. Lo que se muestra también en la falta de transparencia en las gestiones públicas como esencia de la gobernanza. Por esa razón, en Venezuela, se revictimiza a las mujeres, y el caso de Naibelis Noel así lo prueba, como también lo hace la falta de información oficial integral sobre los distintos delitos de violencia de género, no sólo los femicidios. 

Esa es la razón por la que no se ha podido prevenir efectivamente. También esa es la razón por la que faltan más leyes y políticas integrales que incidan sobre la violencia y particularmente sobre la basada en razones de género, que mantiene en impunidad a quienes la ejercen contra mujeres, adolescentes y niñas y las organizaciones que defienden sus derechos.

Infomujer Venezuela#61 Embarazos No Intencionales

 

Saludamos el éxito alcanzado por las organizaciones feministas mejicanas al ser despenalizado el aborto en todo el país, con la decisión tomada esta semana por la Corte de Justicia de la nación. Este logro ha sido producto de un esfuerzo por visibilizar el impacto desmedido que sufren las mujeres en países con índices tan altos de violencia, donde la violencia de género se percibe como natural, cuando lo cierto es que sólo es una forma de dominación en la que los derechos de las mujeres son negados para que otros disfruten de privilegios. La experiencia en Méjico probó de manera terminante que garantizar el derecho al aborto seguro y legal tiene un impacto enorme en la salud pública y en la vida de las mujeres. La capital del país tiene un registro de cero muertes por esta práctica y allí, desde hace varios años, es legal. El siguiente paso coherente y lógico era trasladar esta realidad al resto del territorio donde todavía se perseguía y castigaba como delito. 

 En situaciones ideales donde exista adecuada educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos confiables, la discusión sobre el aborto pudiera ser un tema del orden moral, pero la realidad de América Latina es que hay grandes deudas sociales inequidades y pobreza que se reflejan en el aspecto sexual y reproductivo. Así como también tremendas desigualdades económicas en las que la prevención de embarazos está más allá del acceso para la mayoría de la población. Sin embargo, los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de las más de 800 muertes maternas que se producen al día en el mundo, y que pudieran evitarse. 

 Según el informe El estado de la Población Mundial 2022 del Fondo de Población de Naciones Unidas, la mitad de los embarazos no son decididos deliberadamente, pero esta cifra no debería extrañar, porque los métodos anticonceptivos no son universales, es decir, no están a disposición real de toda la población que los necesita, de hecho, según la misma publicación, más de la mitad de las mujeres en el mundo no utiliza ningún método anticonceptivo. En promedio, hay 331 mil embarazos diarios en el mundo que no fue planificado, más del 60% de éstos terminan en aborto, y el 45% de los abortos se realiza en condiciones de riesgo, con consecuencias como muerte, atención hospitalaria de emergencia y un alto impacto económico en la salud pública. La consideración de los derechos humanos obliga a preguntar ¿qué pasa con los derechos de esas niñas, adolescentes y mujeres? ¿por qué siguen siendo discriminadas? Cuando no se garantiza su autonomía corporal, o no tienen la posibilidad de intervenir para evitar un embarazo no intencional, Cuando los sistemas de atención de la salud no consiguen ofrecer una cobertura universal, y cuando la atención sexual y reproductiva no está centrada en la persona, no es integral o es de mala calidad, o cuando el estigma, la pobreza, la desigualdad de género, entre otros factores, merman la capacidad de decisión de las mujeres y adolescentes. Los embarazos no intencionales no deberían superar los buscados pero es una realidad que definitivamente hay que visibilizar porque tiene enormes repercuciones sobre las mujeres, que es a quienes se obliga a llevarlos adelante. La responsabilidad masculina sigue desdibujada en muchos casos, antes y después del parto, sin embargo sus opiniones suelen contar para castigar en el discurso y en la práctica el aborto. Forzar así los embarazos es una enorme grieta en la sociedad de justicia e igualdad que pretendemos tener.

A propósito de la maternidad esta semana otra madre venezolana exigió en la Defensoría del Pueblo que actúe ante las presuntas torturas que habría sufrido su hijo, John Álvarez, estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela detenido con fines políticos. En esta oportunidad se trata de Wendelin Peña quien tuvo que escuchar que su hijo le dijera que había sido torturado. Lo cual es un crimen de lesa humanidad que como otros se sumará al expediente llevado ante la justicia internacional contra las autoridades venezolanas.

InfoMujer Venezuela #48

Natalie Salbieva

El observatorio Venezolano de Violencia contabiliza Matrimonios infantiles y adolescentes forzados, explotación sexual a través de plataformas de transmisión streaming o en directo, trata de personas, sobre todo en zonas fronterizas. Esta última modalidad incluye exlotaciónn sexual y laboral, tráfico de migrantes, servidumbre y trabajos forzosos. Estos delitos se esconden detrás de fachadas como agencias de modelaje, falsos noviazgos  y también detrás del arco minero. 75% de las víctimas de este delito son mujeres y 25% niñas, niños o adolescentes. Las redes sociales sirven para captar a las víctimas y mercadearlas. En Nueva Esparta desde 2021 se han capturado siete bandas. En marzo de este año fue desmantelada una en Coloncito. Además de estos datos aportados por la organización no gubernamental, el Ministerio público anunció cifras escandalosas de niñas, niños y adolescentes menores de edad, víctimas de violencia sexual en Venezuela. La fiscalía ha imputado 2.317 personas, 1.355 pedófilos han sido condenados y el hecho de que sea creada una macrofiscalía para atender las denuncias de estos delitos debería encender las alarmas de toda la sociedad. ..

En el país, de cada mil adolescentes femeninas, casi 100 quedan embarazadas entre 15 y 19 años (edad preestablecida y que no toma en cuenta los embarazos de niñas). Para esta terrible realidad se conjugan la ausencia de información en centros educativos y sanitarios así como de campañas de conciencia social. A pesar de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) promovió la creación de una Mesa Técnica Intersectorial de Prevención del Embarazo a Temprana Edad y Adolescencia o Plan Petra en 2019. La Vice Presidencia Social y Territorial y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación junto con UNFPA integran su Consejo Consultivo...

Proyecto Eruditas, una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes que lucha por el reconocimiento, apoyo, capacitación y difusión científica en espacios universitarios seguros, libres de cualquier tipo de discriminación a las mujeres en la Ciencia. Un modelo a seguir en otras academias para que la misoginia no siga robando espacios de acción y proyección a las mujeres, como pasó recientemente con la universidad metropolitana revictimizando a Linda Loaiza López.

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