Infomujer Venezuela #77 |Trata y corrupción en Venezuela

 

Vuelve a ser noticia la trata de venezolanas, rescatadas por la policía peruana el 8 de enero, son 40 niñas y adolescentes explotadas sexualmente a través de WhatsApp por el Tren de Aragua. La mayoría de las sobrevivientes son venezolanas de entre 12 y 17 años. Poco antes, el 29 de dicembre pasado otras 60 de nacionalidad  colombiana, venezolana y peruana también fueron liberadas en perú, la frecuencia y cantidad obligan a pensar que la magnitud del problema es mayor de lo que las autoridades extranjeras logran atender. En esta oportunidad fueron apresados 10 delincuentes. Pero la trata de personas es una de las bases de las economías ilícitas tan extendidas en América Latina. Nuestro país es una muestra clara, el 15% del PIB de Venezuela en 2022 (9.400 millones de dólares) provino de contrabando de minerales (especialmente oro) y combustible, narcotráfico y corrupción en puertos y aeropuertos.

A esto se suma que Venezuela ocupa por noveno año consecutivo el último lugar en el ranking mundial de justicia para el que se consideran: los poderes gubernamentales, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project.

Todo esto está en el centro de la crisis nacional originada en políticas de Estado empobrecedoras que ha empujado los desplazamientos forzados, en los que mujeres, niñas y adolescentes son expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad, que en muchos casos terminan en la trata de personas. Las sobrevivientes que logran escapar y son rescatadas necesitan ayuda.

Estas niñas y adolescentes venezolanas seguramente serán repatriadas, necesitan atención médica y sicológica porque fueron esclavizadas sexualmente, pero en el país las insuficientes casas refugio creadas décadas atrás están desaparecidas.  El desmantelado sistema de salud pública no puede proporcionarla. Las organizaciones no gubernamentales que tienen el conocimiento para hacerlo cuentan con recursos muy escasos. De manera que la estructura familiar, precarizada por la misma crisis se ve obligada a dar estos cuidados sin saber bien cómo.

En vez de atender estos asuntos de interés público nacional la hipocrecía gubernamental llega a pedir castigo ejemplar por el dolorosísimo feminicidio de la venezolana Julieta Hernández en la Amazonía brasileña, mientras las paisanas asesinadas por ser mujeres, aquí en Venezuela no descansan en paz porque el retardo procesal y la estructura patriarcal silenciosamente acomodada en el sistema judicial ni siquiera es capaz de llamar los femicidios por su nombre. Indudablemente, La violencia de género debe ser castigada sin demora y ejemplarmente en la tierra de Bolívar.

Las venezolanas no pueden seguir siendo víctimas de la improvización y negligencia. Otro botón como muestra es que El primer fin de semana de enero se produjo el traslado de 173 reclusas desde el anexo femenino del centro penitenciario Fénix, en el estado Lara, sin notificación a sus familias y omitiendo las garantías judiciales y otros derechos humanos. Este era uno de los 16 espacios para mujeres privadas de libertad en Venezuela y tal como lo ha denunciado el OVP reiteradamente, ninguno fue creado con perspectiva de género. Esta movilización las deja en situación de mayor vulnerabilidad pues pierden contacto familiar y las visitas, lo que empeora sus condiciones de reclusión y las hace suceptibles a la extorsión o utilización por parte de grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Que las intervenciones de los siete penales en el último cuatrimestre del 2023 mostraron, claramente, cómo son gerenciados.

La pobreza no es casual, es responsabilidad de los grupos de poder, que dirigen la educación, el acceso a servicios básicos, la protección de la salud, la inversión o desinversión y lo hace de manera desigual. Porque los pobres ocupados en sobrevivir no tienen tiempo de exigir mejores políticas.

Infomujer Venezuela #76 | Fiscalía y violencia contra la mujer

 

Según las reseñas del Ministerio Público venezolano, el mes de dicembre cerró con un femicidio consumado por estrangulamiento y uno frustrado con arma blanca. Pero cabe recordar que en noviembre pasado la fiscalía sólo reseñó un femicidio en grado de frustración, sin embargo la organización @Utopix_cc registró 25 publicados en medios digitales, lo que da una idea del abordaje institucional de este problema.  

Con respecto a los delitos sexuales, en el último mes del año hubo 10 víctimas infantiles y dos adultas, las 7 sentencias condenatorias dictadas contra procesados por este tipo de crimen también muestran incremento en comparación con el mes de noviembre, pero son casi la mitad de lo que la fiscalía reportó en octubre. La caracterización de los agresores procesados en este periodo muestra edades desde los 18 años hasta los 54 años, mientras que las víctimas tienen edades que van desde 1 año hasta los 53. Del año 2023 el último trimestre fue en el que menos casos de violencia contra la mujer se ocupo la fiscalía según sus reportes, a pesar de que es un problema que se agrava en el país. Por su parte el mapa de violencia contra la mujer refleja que las actuaciones de este organismo se concentran en la zona norte del país, con poquísimos actos en el estado Bolívar y prácticamente ninguno en el resto de la región centro sur.

De enero a noviembre de 2023 la ONG @Utopix_cc contabiliza un total de 186 femicidios a nivel nacional,  los datos de @_cepaz permiten complementar este registro con los intentos  frustrados para un total de 308 acciones femicidas en Venezuela, es decir una acción femicida cada 21 horas. Pero además 18 niñas, niños y adolescentes presenciaron la muerte violenta de sus madres, por lo que también son víctimas de la violencia de género, probablemente desde algún tiempo antes del final fatídico. En 2 casos, demás presenciaron el suicidio del padre luego de haber cometido el femicidio. Son 66 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad a consecuencia de la muerte violenta de sus madres entre enero y septiembre de 2023.

En el último mes del año la fiscalía presentó dos casos de madres que esperan sentencias por omisión de denuncias de abuso sexual contra sus hijos por parte de sus parejas, lo que lleva a esperar que tal vez haya detenciones de oficiales policiales por negarse a recibir denuncias de víctimas de violencia de género, si lo que se busca es justicia, claro está. 

Como las migraciones continúan, fuera de las fronteras las mujeres también corren graves peligros, pues hubo  82 femicidios de venezolanas. Colombia fue el país con más casos (41), allí ocurrió la mitad de éstos, seguida de Perú, Ecuador, EE.UU., Chile, Brasil, México, Guyana y Trinidad y Tobago. 41,3% de las víctimas tenían edades entre 19 y 45 años de edad.

En Venezuela urgen políticas públicas efectivas para terminar con la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y eso empieza por levantar y publicar registros oficiales, lo que compete al Ministerio Público, al de salud, de la mujer y los cuerpos de seguridad ciudadana. Que también deben educar en este sentido, Sin embargo durante diciembre el Ministerio Público sólo realizó una fuerte campaña sobre La extracción indiscriminada de musgo que provoca efectos devastadores al ecosistema. Ninguna mención a la devastación ambiental por minería ilegal en el país ni a la trata de personas o esclavitud moderna, como se conoce al trabajo forzado hoy que se realiza también en las minas.

Infomujer Venezuela #71 | Infancia y trata de personas

 

Según el cónsul colombiano David Hadad, 582 menores de edad que han intentado cruzar la frontera de Venezuela con Colombia este año y los 800 que lo hicieron en el 2022, podrían ser víctimas de trata de personas. Un crimen que está ocurriendo en territorio venezolano, donde se capta infantes y adolescentes para explotarles sexual o laboralmente en condiciones de esclavitud moderna.

Que esto ocurra en un país con tantas alcabalas y puestos de vigilancia en casi todas las vías terrestres, en las cuales guardia nacional y policía permanecen desplegadas continuamente es, por decir lo menos, insólito. Pero además es la prueba más contundente de su falta de efectividad para atender las necesidades de seguridad y protección de la población en situación de vulnerabilidad. Por no mencionar el impacto que sí tienen contra la soberanía alimentaria al incidir, directamente, en el encarecimiento de los productos agropecuarios con las muchas y muy altas gratificaciones asociadas a cada camión que detienen.

Mientras tanto la ciudadanía queda indefensa frente a las mismas instituciones que deberían resguardarla. Tal como ha señalado y explicado el feminismo acertadamente, estas son parte de las implicaciones de que el machismo o patriarcado haya penetrado

a las instituciones de tal manera que violar acuerdos y convenciones internacionales parezca cosa insignificante. Eso se refleja en la falta de transparencia de la gestión pública, en la impunidad de los crímenes de violencia de género, y en general, en que se adeuden más leyes y políticas integrales que incidan realmente sobre la violencia. Pero esto afecta no sólo a los entes de seguridad sino a todas las instancias públicas en la medida que se distancian de las prácticas de gobernanza democrática. Un ejemplo es la reciente denuncia de La Academia Nacional de Medicina y varias sociedades científicas venezolanas que señalaron que 22 niñas y niños con cáncer, pacientes del Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas, se infectaron con dos bacterias después de recibir un medicamento contra el cáncer, adquirido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Más de mil trescientos niñas y niños, no siempre acompañados por sus madres y padres cruzando fronteras, y según refleja el diario colombiano @elespectador al menos 34 menores de edad venezolanos han muerto bajo custodia del Estado colombiano. A quienes hay que sumar la embarazada y 12 menores de edad desaparecidos en el oceano entre San Andrés y Nicaragua a bordo de una embarcación ilegal y que también se presume sean víctimas de trata de personas. Según la Armada de San Andrés ya se contabilizan 74 personas desaparecidas

Todas estas víctimas infantiles hubieran podido evitarse si las instituciones cumplieran cabalmente con el trabajo que les fue asignado y los órganos contralores velaran porque así fuese, pero la demoledora realidad es que la infancia venezolana está siendo gravemente desatendida. Por eso se habla de crisis humanitaria en el país y de la migración como un problema derivado de ella. Y tal como aclaró de manera brillante Adela Cortina, la catedrática y filosofa española, “la migración forzosa, es un problema que no se resuelve solo con hospitalidad. Se necesita cooperación y respuestas mundiales. Porque las cuestiones de justicia no son de opción personal, son de exigencia social.  Y una sociedad que no comparte los elementos más básicos de qué es lo justo no puede construir conjuntamente.” Eso claramente alude a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta de alcanzarlos sin dejar a nadie atrás. Un reto que, mientras el mundo se siga moviendo en medio de conflictos violentos luce inalcanzable. Porque no es asunto sólo de gobiernos que declaran guerras o arman colectivos irregulares, sino también de madres y padres permisivos frente al uso de juegos y videojuegos que promueven y emulan la violencia. Es por normalizar la ira como emoción preponderante, en vez de aferrarse a todas ellas de acuerdo a cada momento vital para resguardar la salud psíquica de manera más satisfactoria y humana.

Infomujer Venezuela #67 | Corrupción y Trata de personas

 

La violencia armada útil para la instauración del crimen organizado en Venezuela, que es la razón real detrás de los desplazamientos forzados de millones de personas en los últimos diez años, dentro y fuera del territorio nacional, también es la causa de que migrantes expongan sus vidas en travesías sin condiciones de seguridad mínima. Además del riesgo de muerte, quienes marchan por rumbos inciertos, u otros más o menos conocidos, enfrentan los peligros de la trata de personas, que el mismo crimen organizado ha expandido por las rutas que sigue el éxodo en tiempos recientes. Pero incluso dentro de las propias fronteras nacionales los desplazamientos son forzados no sólo por grupos armados irregulares al amparo de una política de Estado permisiva, si no, cómplice. 

Las víctimas más notorias son los pueblos indígenas, porque en general, son invisibles para el resto de la sociedad, que como una reminiscencia colonial sigue despreciando su modo de vida tan contrastante con el europeo impuesto. Sin embargo, el emergente liderazgo femenino en varias poblaciones autóctonas y el persistente trabajo de organizaciones de la sociedad civil mantienen vivo frente a la opinión pública su esfuerzo y discurso de resiliencia. Por eso es que hoy se habla del saqueo y destrucción de territorios ancestrales indígenas, de la deforestación de bosques vírgenes más alta de la región, del deterioro masivo de los sistemas fluviales y la contaminación con sustancias tóxicas por la explotación minera. Pero además hay que hablar de que esas zonas Estados-sociedades paralelos, como hasta hace un mes lo era el penal de Tocorón en el estado Aragua, son centros de poder violentos en los que impera la esclavitud moderna. La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya contemplaba la explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna en las áreas mineras al sur del Orinoco que incluye la prostitución forzada de niñas entre 11 y 17 años. Incluso con conocimiento y participación de las fuerzas de seguridad formales, por lo que el aumento de la presencia militar en estas regiones está lejos de ser la respuesta adecuada. Esta semana fue consignada por la ONG Foro Penal, en el estado Amazonas, la denuncia por el asesinato de Luis Manuel Higuera Moreno, joven amazonense durante el desalojo que hizo la operación militar Autana 2023 en el campamento minero Cacique del parque nacional Yapacana.

En estas mismas condiciones se ven implicadas mujeres y niñas de todo el país que llegan a la que es, prácticamente, la única área productiva nacional, en busca de mejores condiciones de vida. Y aunque no sorprenda, hay que hacer notar que en el llamado arco minero apenas si se registran actuaciones del Ministerio Público en materia de violencia de género o de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio de Asuntos Indígenas. A pesar de que se han documentado masacres, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, sumadas a lo antes mencionado, es decir que se trata de una zona especialmente vulnerable. Aunque habrá quien sugiera que se trata de eventos aislados sobre los que no se actúa con la prontitud deseada, vale recordar que en los últimos diez años se contabilizaron por lo menos siete inundaciones que afectaron a distintos pueblos y comunidades indígenas a lo largo de los ríos que habitan en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, tal como lo señalaron Clima 21, Odevida y Mulier en el informe que presentaron ante la CEDAW  este año. Por lo que sería ingenuo pensar en negligencia sistemática y no en política pública, dada la opacidad informativa que pretende encubrir la escalada de violencia contra personas defensoras de territorios, de derechos humanos y ambientales. 

Todo esto al abrigo de un sistema de justicia parcializado puesto que 18 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados en 2022 tienen vínculos probados con el oficialismo, tal como lo recoge el Informe alternativo de Acceso a la Justicia en la ONU. Pero además los fiscales del Ministerio Público no gozan de estabilidad en sus cargos, pues la mayor parte de ellos son designados de forma provisoria. Por eso no se están tomando medidas específicas para prevenir y combatir la corrupción.

Infomujer Venezuela #66 | Femicidios primer semestre Venezuela

 

Después del exterminio de los pueblos originarios de América durante la colonización europea, las etnias sobrevivientes hoy también son víctimas de trata de personas. Se les recluta bajo engaño, con ofrecimientos de mejorar las muy precarias condiciones en las que viven, con promesas de trabajar la agricultura, se les traslada a las minas donde relizan trabajos forzosos sin remuneración. Los testimonios de quienes logran escapar de esta forma de esclavitud moderna, no llegan con suficiente prontitud para advertir y evitar más víctimas de este delito. Según informe de la organización Kapé Kapé al menos 1500 indígenas waraos se encuentran en la actualidad en Guyana, en su mayoría realizando trabajos forzados y subpagados. Este pueblo asentado tradicionalmente en el estado Delta Amacuro ha estado emigrando para escapar del hambre y la miseria en las que está sumida la región por las múltiples actividades ilegales que se realizan allí y en todo el llamado arco minero dentro de los territorios indígenas ancestrales. Mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU advierte que en Venezuela se restringe el derecho a la libre movilidad por la dificultad de acceder a documentos como pasaportes dentro y fuera del territorio, hay que mencionar que las poblaciones indígenas nacionales ni siquiera cuentan con cédula de identidad en su mayoría. Y sólo en el Esequibo viven más de 45.000 indígenas venezolanos en situación de abandono, pobreza y explotación. Son  arawakos, wapishana, warao y kariña. En ese contexto las mujeres y niñas son más vulnerables.

Con respecto a la mitad de la población del país, Desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (@Cepaz) documentó 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración. Como consecuencia directa 55 niños y niñas quedaron en estado de orfandad. Pero además en 10,6% de los casos las asesinadas fueron niñas menores de 11 años. 40,6 % del total de estos casos registran mujeres en edades comprendidas entre 19 y 45 años.

Sobre la respuesta de los órganos encargados de ofrecer seguridad a la ciudadanía, incluídas las mujeres, niñas y adolescentes los hechos se expresan con claridad: dos de los victimarios tenían antecedentes penales por violencia de género y en 44,4% de los casos, los agresores están en fuga. En 7 de los casos, los ofensores eran funcionarios policiales activos para el momento de los hechos. Por lo que urge implementar procesos de educación y sensibilización sobre este tema, en el que la Universidad de la Seguridad tiene un papel protagónico.

Entre otras consideraciones para prevenir la violencia de género hay que señalar que en 61,9% de los casos la víctima conocía al ofensor y casi el 30% eran parejas o exparejas. Sin embargo que 8,8% de las muertes ocurre en medio de violencia obstétrica también tiene mucha relevancia. Recordemos que en el estado Bolívar, entre 23% y 35% de las parturientas son menores de edad. Y expertos afirman que las niñas y adolescentes representan el 50% de las víctimas de mortalidad materna.

La violencia machista no sólo mata con manos y armas, sino que induce a acabar con la propia vida. Esta misma semana @Cecodap indicó que factores como la violecia de género y la cultura patriarcal tienen incidencia en el aumento de los índices de intención de suicidio que miden en comparación con el año pasado. Además la población de adolescentes femeninas alcanzó en el primer semestre del año el índice de riesgo suicida más alto en el histórico de sus mediciones. Esto exige actuar con urgencia y efectividad en la erradicación de esta y otras formas de violencia.