Infomujer Venezuela #67 | Corrupción y Trata de personas

 

La violencia armada útil para la instauración del crimen organizado en Venezuela, que es la razón real detrás de los desplazamientos forzados de millones de personas en los últimos diez años, dentro y fuera del territorio nacional, también es la causa de que migrantes expongan sus vidas en travesías sin condiciones de seguridad mínima. Además del riesgo de muerte, quienes marchan por rumbos inciertos, u otros más o menos conocidos, enfrentan los peligros de la trata de personas, que el mismo crimen organizado ha expandido por las rutas que sigue el éxodo en tiempos recientes. Pero incluso dentro de las propias fronteras nacionales los desplazamientos son forzados no sólo por grupos armados irregulares al amparo de una política de Estado permisiva, si no, cómplice. 

Las víctimas más notorias son los pueblos indígenas, porque en general, son invisibles para el resto de la sociedad, que como una reminiscencia colonial sigue despreciando su modo de vida tan contrastante con el europeo impuesto. Sin embargo, el emergente liderazgo femenino en varias poblaciones autóctonas y el persistente trabajo de organizaciones de la sociedad civil mantienen vivo frente a la opinión pública su esfuerzo y discurso de resiliencia. Por eso es que hoy se habla del saqueo y destrucción de territorios ancestrales indígenas, de la deforestación de bosques vírgenes más alta de la región, del deterioro masivo de los sistemas fluviales y la contaminación con sustancias tóxicas por la explotación minera. Pero además hay que hablar de que esas zonas Estados-sociedades paralelos, como hasta hace un mes lo era el penal de Tocorón en el estado Aragua, son centros de poder violentos en los que impera la esclavitud moderna. La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya contemplaba la explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna en las áreas mineras al sur del Orinoco que incluye la prostitución forzada de niñas entre 11 y 17 años. Incluso con conocimiento y participación de las fuerzas de seguridad formales, por lo que el aumento de la presencia militar en estas regiones está lejos de ser la respuesta adecuada. Esta semana fue consignada por la ONG Foro Penal, en el estado Amazonas, la denuncia por el asesinato de Luis Manuel Higuera Moreno, joven amazonense durante el desalojo que hizo la operación militar Autana 2023 en el campamento minero Cacique del parque nacional Yapacana.

En estas mismas condiciones se ven implicadas mujeres y niñas de todo el país que llegan a la que es, prácticamente, la única área productiva nacional, en busca de mejores condiciones de vida. Y aunque no sorprenda, hay que hacer notar que en el llamado arco minero apenas si se registran actuaciones del Ministerio Público en materia de violencia de género o de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio de Asuntos Indígenas. A pesar de que se han documentado masacres, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, sumadas a lo antes mencionado, es decir que se trata de una zona especialmente vulnerable. Aunque habrá quien sugiera que se trata de eventos aislados sobre los que no se actúa con la prontitud deseada, vale recordar que en los últimos diez años se contabilizaron por lo menos siete inundaciones que afectaron a distintos pueblos y comunidades indígenas a lo largo de los ríos que habitan en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, tal como lo señalaron Clima 21, Odevida y Mulier en el informe que presentaron ante la CEDAW  este año. Por lo que sería ingenuo pensar en negligencia sistemática y no en política pública, dada la opacidad informativa que pretende encubrir la escalada de violencia contra personas defensoras de territorios, de derechos humanos y ambientales. 

Todo esto al abrigo de un sistema de justicia parcializado puesto que 18 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados en 2022 tienen vínculos probados con el oficialismo, tal como lo recoge el Informe alternativo de Acceso a la Justicia en la ONU. Pero además los fiscales del Ministerio Público no gozan de estabilidad en sus cargos, pues la mayor parte de ellos son designados de forma provisoria. Por eso no se están tomando medidas específicas para prevenir y combatir la corrupción.