Saludamos el éxito alcanzado por las organizaciones feministas mejicanas al ser despenalizado el aborto en todo el país, con la decisión tomada esta semana por la Corte de Justicia de la nación. Este logro ha sido producto de un esfuerzo por visibilizar el impacto desmedido que sufren las mujeres en países con índices tan altos de violencia, donde la violencia de género se percibe como natural, cuando lo cierto es que sólo es una forma de dominación en la que los derechos de las mujeres son negados para que otros disfruten de privilegios. La experiencia en Méjico probó de manera terminante que garantizar el derecho al aborto seguro y legal tiene un impacto enorme en la salud pública y en la vida de las mujeres. La capital del país tiene un registro de cero muertes por esta práctica y allí, desde hace varios años, es legal. El siguiente paso coherente y lógico era trasladar esta realidad al resto del territorio donde todavía se perseguía y castigaba como delito.
En situaciones ideales donde exista adecuada educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos confiables, la discusión sobre el aborto pudiera ser un tema del orden moral, pero la realidad de América Latina es que hay grandes deudas sociales inequidades y pobreza que se reflejan en el aspecto sexual y reproductivo. Así como también tremendas desigualdades económicas en las que la prevención de embarazos está más allá del acceso para la mayoría de la población. Sin embargo, los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de las más de 800 muertes maternas que se producen al día en el mundo, y que pudieran evitarse.
Según el informe El estado de la Población Mundial 2022 del Fondo de Población de Naciones Unidas, la mitad de los embarazos no son decididos deliberadamente, pero esta cifra no debería extrañar, porque los métodos anticonceptivos no son universales, es decir, no están a disposición real de toda la población que los necesita, de hecho, según la misma publicación, más de la mitad de las mujeres en el mundo no utiliza ningún método anticonceptivo. En promedio, hay 331 mil embarazos diarios en el mundo que no fue planificado, más del 60% de éstos terminan en aborto, y el 45% de los abortos se realiza en condiciones de riesgo, con consecuencias como muerte, atención hospitalaria de emergencia y un alto impacto económico en la salud pública. La consideración de los derechos humanos obliga a preguntar ¿qué pasa con los derechos de esas niñas, adolescentes y mujeres? ¿por qué siguen siendo discriminadas? Cuando no se garantiza su autonomía corporal, o no tienen la posibilidad de intervenir para evitar un embarazo no intencional, Cuando los sistemas de atención de la salud no consiguen ofrecer una cobertura universal, y cuando la atención sexual y reproductiva no está centrada en la persona, no es integral o es de mala calidad, o cuando el estigma, la pobreza, la desigualdad de género, entre otros factores, merman la capacidad de decisión de las mujeres y adolescentes. Los embarazos no intencionales no deberían superar los buscados pero es una realidad que definitivamente hay que visibilizar porque tiene enormes repercuciones sobre las mujeres, que es a quienes se obliga a llevarlos adelante. La responsabilidad masculina sigue desdibujada en muchos casos, antes y después del parto, sin embargo sus opiniones suelen contar para castigar en el discurso y en la práctica el aborto. Forzar así los embarazos es una enorme grieta en la sociedad de justicia e igualdad que pretendemos tener.
A propósito de la maternidad esta semana otra madre venezolana exigió en la Defensoría del Pueblo que actúe ante las presuntas torturas que habría sufrido su hijo, John Álvarez, estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela detenido con fines políticos. En esta oportunidad se trata de Wendelin Peña quien tuvo que escuchar que su hijo le dijera que había sido torturado. Lo cual es un crimen de lesa humanidad que como otros se sumará al expediente llevado ante la justicia internacional contra las autoridades venezolanas.
