Nuestras hermanas Colombianas, constantes en su lucha por la justicia y equidad de género, lograron que un tribunal de Bogotá condenara a tres instancias del Estado Colombiano por negligencia al procesar el feminicidio de Rosa Elvira Cely.
Este caso que ha mantenido movilizados a los colectivos feministas por más de diez años y que conmocinó al país por la crueldad de la tortura y asesinato de la víctima, que además fue revictimizada por el tratamiento que le dieron la Fiscalía, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Policía de esa ciudad. Desde acudir después de dos horas y dos llamadas de auxilio hechas por la propia Rosa Elvira Cely quien finalmente murió cuatro días después, a causa de las terribles heridas, la infección que le provocaron y la hipotermia, hasta culpabilizarla por haber salido con sus agresores, compañeros de clase. La espiral reivindicatoria feminista alrededor de este caso llevó a que el Congreso Colombiano tipificara el femicidio en el Código Penal de ese país. La familia de Rosa Elvira Cely demandó a los tres entes mencionados por la negligencia cómplice de su muerte y por dejar en libertad al segundo implicado, señalado por la propia víctima.
La reciente sentencia ejemplarizante contempla también la reparación que recibirá su familia, a Rosa Elvira Cely le sobrevive una hija. De manera que esta última instancia de resolución judicial dio un paso gigante en la dirección de una sociedad más justa. Sobra mencionar la relevancia de la separación de poderes y de un Estado con más indicadores democráticos y menos intereses político partidistas para la consecución de ese fin. Ciertamente la vecina nación acaba de dar un ejemplo digno de seguir por todo el sur continental en aras de que los derechos humanos estén garantizados por encima de todo, también para las mujeres. Especialmente por Venezuela donde todavía está fresco el reciente fallo de la justicia contra Naibelis Noel en el que los órganos judiciales mostraron, con evidente claridad, desconocer las dimensiones de la violencia de género que están arraigadas en los estereotipos y los roles de género, que discriminan a las mujeres, niñas y adolescentes a partir de los desequilibrios en las relaciones de poder.
Ese ejercicio del poder masculino hegemónico expresado también por las instituciones que siguen reproduciendo un modelo desactualizado y al margen de los avances de las investigaciones científicas que han desvelado las injusticias que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El carácter del modelo patriarcal empuja a las instancias que están profundamente marcadas por ese sistema a violar acuerdos y convenciones internacionales. Lo que se muestra también en la falta de transparencia en las gestiones públicas como esencia de la gobernanza. Por esa razón, en Venezuela, se revictimiza a las mujeres, y el caso de Naibelis Noel así lo prueba, como también lo hace la falta de información oficial integral sobre los distintos delitos de violencia de género, no sólo los femicidios.
Esa es la razón por la que no se ha podido prevenir efectivamente. También esa es la razón por la que faltan más leyes y políticas integrales que incidan sobre la violencia y particularmente sobre la basada en razones de género, que mantiene en impunidad a quienes la ejercen contra mujeres, adolescentes y niñas y las organizaciones que defienden sus derechos.
