Cuando se habla de crisis humanitaria en venezuela se abarca un universo de más de siete millones de personas que necesitan ayuda en el país, según informó la Organización de Naciones Unidas en marzo pasado, de ese número, cuatro millones de personas requieren de asistencia alimentaria de emergencia. Y cuando se dice que esta crisis afecta de manera diferenciada a mujeres niñas y adolescentes es porque sólo la mitad de esa población tiene que hacer frente, además, a la violencia de género cuya expresión extrema está representada en los femicidios. Pero que encuentra otros niveles de opresión, como por ejemplo la violencia obstétrica, sobre la que esta semana @ipysvenezuela reporta que los tres hospitales públicos de La Guajira no tienen especialistas gineco-obstetras.
Hay que recordar que según las últimas cifras publicadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en Venezuela, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna aumentó 52,61% y para el año 2016, esta tasa subió 90,52%. Este caso particular de negación de los derechos a la salud y reproducción de las mujeres que también es mortal, desgraciadamente no es único ni aislado. También otros derechos como el de movilidad, educación y participación, por citar solo algunos, son vulnerados cuando niñas, adolescentes y mujeres enfrentan la pobreza menstrual, es decir, cuando no cuentan con medios para acceder a productos higiénicos para gestionar sus reglas o periodos. En otros países de nuestro continente que también tienen poblaciones en situación de pobreza se ha legislado para que las escuelas y los centros peniteniarios proporcionen compresas o toallas sanitarias y papel en los baños.
En Venezuela, esto sigue siendo una deuda, así como también la dotación del agua que es un servicio que se distribuye de forma intermitente en la mayor parte del territorio, pero que es imprescindible en materia de saneamiento. Como esas necesidades básicas de las mujeres no pueden ser satisfechas por todas las venezolanas y de hecho, según el informe del primer semestre de este año de las organizaciones que trabajan en el Área de Responsabilidad de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se han incrementado los factores que inciden de manera negativa en los medios de vida y entornos de la infancia y adolescencia en el país. Teniendo en cuenta que de esta población total atendida con diferentes necesidades por estar en situación de calle, ser sobrevivientes de violencia, entre otros, más de nueve mil son féminas entre 12 y 17 años. A las que hay que sumar las adolescentes de más de 1500 escuelas atendidas por la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de naciones Unidas en el mismo periodo, así como también las mujeres en situación de pobreza.
Por lo dicho hasta aquí, para un gran número de venezolanas los productos para gestionar la higiene menstrual se han convertido en un lujo, cuando en realidad son imprescindibles, lo que las deja en situación de desigualdad en el disfrute de sus derechos humanos, estigmatizadas y bajo una forma velada de Violencia. Es cierto que ahora, en espacios como este se abordan estos temas de los que antes nadie hablaba, eso es importante, pero no suficiente porque las deudas sociales con las mujeres son muchas y todavía los esfuerzos por cubrirlas son mínimos.
Según el Banco Mundial El ritmo de las reformas legislativas hacia un trato igualitario de los derechos de la mujer ha caído al nivel más bajo en los últimos 20 años. En 2022, sólo se registraron 34 reformas jurídicas hacia la igualdad de género en 18 países, lo que constituye el número más bajo desde 2001. Si se contrasta con lo registrado entre el 2000 y el 2009, cuando se introdujeron más de 600 reformas en varios países del mundo, se evidencia la tremenda desaceleración hacia el camino de la igualdad entre hombres y mujeres. Por esto, en promedio, las mujeres gozan apenas del 77 % de los derechos que tienen los hombres ante la ley, a nivel global. La preocupación del ente multilateral es que esta realidad no solo es injusta para las mujeres, sino también un obstáculo en la capacidad de los países para promover el desarrollo resistente e inclusivo, es decir, el crecimiento económico, especialmente en un período crucial para la economía a nivel mundial.
A este respecto, en venezuela el poder legislativo mantiene al país en rezago, pues no hay leyes de paridad que impulsen la participación política de mujeres, mientras que 10 de los 18 países latinoamericanos de habla hispana ya las tiene. Incluso en la severa crisis nacional, tampoco se ha normado el acceso a anticonceptivos ni a productos para la higiene menstrual y el aborto sigue sin ser despenalizado. Apenas se cuenta la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que aunque es orgánica, su aplicación sigue lejos de acercar la justicia a las mujeres por el profundo desconocimiento de las implicaciones que las inequidades de género tiene por parte de los propios organismos de aplicación.
