Infomujer Venezuela #78 | Estado-pobreza-migración

 

Según la  plataforma de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, conocida como HUMVenezuela se estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa 25% de la población que existía en el país en 2015. Los estados donde los hogares reportaron mayor número de migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y el tercero está integrado por Bolívar, Apure, Lara y Sucre. Mientras que el desplazamiento dentro del país se estima alrededor de 4%.

Pero además entre los años 2022 y 2023, la intención de migrar aumentó de 8% a 13,4%, lo cual equivale a un estimado de 2,8 millones con intención de mudarse a otro país. La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las necesidades de mejorar sus ingresos (71,5%), pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6%), el acceso a servicios de atención a la salud y medicinas (13,7%). Por cierto que 92,2% de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; la mayoría de ellas por razones económicas, pero 37,5% alega también falta de documentos.

Otros determinantes para este patrón de movilidad que también están relacionados con las condiciones de salud, son la contaminación del agua que llega a los hogares venezolanos, que según el mismo informe en 2023 representó 86% de la población expuesta a fuentes de agua contaminada, perceptibles por señales como el color y olor no propios del agua. Esto es así no sólo en el agua para el saneamiento sino más alarmante aún, en la de consumo humano. De allí el registro de 33,4 de cada 100 personas que redujo las cantidades que bebía a diario, por causa de la severa escasez de agua o por su contaminación, pues aumentó, de 15,2% a 27,1% el índice de personas que no tienen acceso a métodos de purificación, por lo que se incrementaron los riesgos de deshidratación y de otras afecciones, por ejemplo enfermedades como las diarreas, aumentaron de 6,9% a 9,3% entre 2022 y 2023.

Por si fuera poco, a los espacios insalubres en viviendas por falta de agua se suman casi todas las ciudades y pueblos venezolanos que enfrentan problemas severos con el aseo urbano, y que muchas familias resuelven quemando la basura y aumentando los niveles de contaminación y afecciones a la salud.

La suma de estas razones mantiene la carga de enfermedad en niveles altos, lo que afectó a más de 60% de la población en 2023. En el país hay 4,2 millones de personas con problemas de salud graves que no recibieron atención médica y 3,7 millones sin medicinas. La raíz de este problema es que el gasto público en este sector disminuyó durante los últimos años en más de 50%, y por la falta de transparencia de inversión y gestión presupuestaria, no se pueden señalar más datos con certeza.

En todo este contexto es grave que en 2023, la población con acceso a algún tipo de asistencia o protección de la respuesta humanitaria fue mucho menor a la que se alcanzó en años anteriores.

No menos grave es que los cuidados derivados de todos estos males en el país recaen sobre las mujeres. La organización Prepara Familia en una investigación realizada en el hospital JM de los Ríos recoge que son las madres en 95% de los casos, pero otras familiares completan 99 de cada 100 que acompañan a los pacientes. En el caso particular de este centro de salud infantil, la mayoría de la población tiene hospitalizaciones largas, es decir de varias semanas o meses, lo que impone igual obligación a las cuidadoras acompañantes. Porque además en el 84% de las salas no hay auxiliares de enfermería asignados a atender a las y los pacientes. Por lo que la presencia de las madres cuidadoras es indispensable para realizar muchas  tareas necesarias para el funcionamiento del hospital. De hecho el hospital proporciona desayuno, almuerzo y cena a alrededor del 25% de las y los pacientes. Tampoco hay facilidades para el descanso de las madres y prácticamente la mitad de ellas duerme en sillas. Todas pasan día y noche en el hospital y esta es una realidad que puede ser extrapolada a cada centro de salud asistencial.

Infomujer Venezuela #68/Pobreza y género

 

En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas se casa antes de cumplir los 18 años. Como consecuencia de los matrimonios infantiles la salud de ellas se ve afectada por embarazos prematuros, mortalidad materno-infantil, abandono de su educación y bajos niveles de alfabetización, enfermedades de transmisión sexual (como el VPH que no tratado puede derivar en cáncer), pero además, para ellas eso representa mayores niveles de dependencia económica y, en general, menor participación económica y política. Es decir, las hace más pobres. Según la CEPAL en 2019, 56,7 % de las mujeres en América Latina y el Caribe contaban con un empleo informal, caracterizado por inestabilidad, salarios bajos y protección  social nula o muy baja.

Desde una perspectiva de género, la erradicación de la pobreza pasa por intervenir realidades sociales que tienen que mejorar los niveles de vida, los logros educativos y los indicadores de salud. Cuando los Estados no tienen la capacidad de cumplir con esos mandatos básicos y sus estructuras no pueden adaptarse para suplir las necesidades elementales de la población, la ayuda humanitaria se diluye sin alcanzar la raíz del problema.

En Venezuela con la profunda crisis humanitaria, modificar esta realidad implica que se tomen acciones urgentes como control de embarazos no deseados, que actualmente las mujeres no pueden prevenir porque sus costos están fuera de su alcance. Además, completar su educación para no quedar excluidas de empleos que podrían proporcionar mayores beneficios económicos. Sin embargo, según ENCOVI 2022 a los 15 años sólo 90% de la población está inscrita en el sistema educativo y a los 18 este índice apenas si alcanza al 30%. En un país en crisis la pertinencia de la oferta educativa es esencial,  la formación técnica, además de la científica, en ingeniería o matemáticas, por ejemplo debe ser implementada. Del total de la población adulta, solo entre el 5 % y el 15 % de las personas poseen habilidades y destrezas informáticas para resolver problemas de nivel medio o alto en entornos tecnológicos que son una demanada de los tiempos actuales.

Según el Banco Interamerciano de Desarrollo para el 2020, se evidenciaba una brecha entre 11 y 7 puntos por debajo para las mujeres usando Internet para actividades relacionadas con el trabajo y trámites administrativos o públicos, es decir la falta de habilidades digitales y uso de estas herramientas las afecta más. Pero además hay que considerar que en el país existe la tendencia, igual que en el resto de la región, de que las niñas, mucho más que los varones abandonen la educación porque se les imponen tareas en el hogar (cuidado de la infancia y enfermos que deberían asumir las instituciones del Estado).

De allí la necesidad de trabajar en la justicia familiar y abordar las normas de género (factores culturales) que inciden sobre lo anteriormente señalado, a través de intervenciones sociales para proteger y empoderar a las mujeres y darles acceso a la participación igualitaria en mercados laborales. A fin de avanzar en la eliminación de las desigualdades en las que se solapa la violencia contra las mujeres y encaminar a la sociedad venezolana hacia el goce de todos los derechos para todas las personas.