Según el cónsul colombiano David Hadad, 582 menores de edad que han intentado cruzar la frontera de Venezuela con Colombia este año y los 800 que lo hicieron en el 2022, podrían ser víctimas de trata de personas. Un crimen que está ocurriendo en territorio venezolano, donde se capta infantes y adolescentes para explotarles sexual o laboralmente en condiciones de esclavitud moderna.
Que esto ocurra en un país con tantas alcabalas y puestos de vigilancia en casi todas las vías terrestres, en las cuales guardia nacional y policía permanecen desplegadas continuamente es, por decir lo menos, insólito. Pero además es la prueba más contundente de su falta de efectividad para atender las necesidades de seguridad y protección de la población en situación de vulnerabilidad. Por no mencionar el impacto que sí tienen contra la soberanía alimentaria al incidir, directamente, en el encarecimiento de los productos agropecuarios con las muchas y muy altas gratificaciones asociadas a cada camión que detienen.
Mientras tanto la ciudadanía queda indefensa frente a las mismas instituciones que deberían resguardarla. Tal como ha señalado y explicado el feminismo acertadamente, estas son parte de las implicaciones de que el machismo o patriarcado haya penetrado
a las instituciones de tal manera que violar acuerdos y convenciones internacionales parezca cosa insignificante. Eso se refleja en la falta de transparencia de la gestión pública, en la impunidad de los crímenes de violencia de género, y en general, en que se adeuden más leyes y políticas integrales que incidan realmente sobre la violencia. Pero esto afecta no sólo a los entes de seguridad sino a todas las instancias públicas en la medida que se distancian de las prácticas de gobernanza democrática. Un ejemplo es la reciente denuncia de La Academia Nacional de Medicina y varias sociedades científicas venezolanas que señalaron que 22 niñas y niños con cáncer, pacientes del Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas, se infectaron con dos bacterias después de recibir un medicamento contra el cáncer, adquirido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Más de mil trescientos niñas y niños, no siempre acompañados por sus madres y padres cruzando fronteras, y según refleja el diario colombiano @elespectador al menos 34 menores de edad venezolanos han muerto bajo custodia del Estado colombiano. A quienes hay que sumar la embarazada y 12 menores de edad desaparecidos en el oceano entre San Andrés y Nicaragua a bordo de una embarcación ilegal y que también se presume sean víctimas de trata de personas. Según la Armada de San Andrés ya se contabilizan 74 personas desaparecidasTodas estas víctimas infantiles hubieran podido evitarse si las instituciones cumplieran cabalmente con el trabajo que les fue asignado y los órganos contralores velaran porque así fuese, pero la demoledora realidad es que la infancia venezolana está siendo gravemente desatendida. Por eso se habla de crisis humanitaria en el país y de la migración como un problema derivado de ella. Y tal como aclaró de manera brillante Adela Cortina, la catedrática y filosofa española, “la migración forzosa, es un problema que no se resuelve solo con hospitalidad. Se necesita cooperación y respuestas mundiales. Porque las cuestiones de justicia no son de opción personal, son de exigencia social. Y una sociedad que no comparte los elementos más básicos de qué es lo justo no puede construir conjuntamente.” Eso claramente alude a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta de alcanzarlos sin dejar a nadie atrás. Un reto que, mientras el mundo se siga moviendo en medio de conflictos violentos luce inalcanzable. Porque no es asunto sólo de gobiernos que declaran guerras o arman colectivos irregulares, sino también de madres y padres permisivos frente al uso de juegos y videojuegos que promueven y emulan la violencia. Es por normalizar la ira como emoción preponderante, en vez de aferrarse a todas ellas de acuerdo a cada momento vital para resguardar la salud psíquica de manera más satisfactoria y humana.
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