La encuesta global de la consultora Edelman recoge con precisión la crisis de credibilidad que atraviesan los políticos en América Latina y explica por qué los ciudadanos optan por confiar en las empresas y en las Organizaciones No Gubernamentales. Fue levantada en los países más grandes de sur América, Méjico, Colombia, Argentina y Brasil y analizan este problema de confianza señalando su causa en la polarización existente en la población. En términos tales como que preferiría no tener como vecinos a quienes piensan diferente. La trascendencia de esto ha sido muy notoria en días recientes, durante los partidos de futbol clasificatorios para el mundial del próximo año. En Perú contra la delegación y fanaticada venezolana y en Brasil contra la hinchada Argentina al finalizar el encuentro de esas grandes rivales. En ambos hubo represión policial.
Y es que la casi nula disposición para vivir las diferencias cobra fuerza en un mundo que está naturalizando los desenlaces violentos para cualquier conflicto, lo cual implica, de paso, la negación de derechos. Esto ha estado afectado a quienes migraron de Venezuela en tiempos recientes, puesto que aún habiendo declarado la ONU la crisis humanitaria en el país, todavía hay vecinos que se niegan a actuar en consecuencia. Según la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para el 2021 Perú era el país con más solicitudes pendientes de asilo en la región[1], es decir, sin resolver, pero además su política de Estado no aplica la Declaración de Cartagena de 1984 que ofrece una definición más amplia de refugiado como la persona que huye de su país porque su vida, seguridad y libertad son amenazadas por la violación masiva de derechos humanos. En cambio se acoge a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su protocolo (1967) y que limita la protección por persecución a razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. De esta manera muy pocas personas solicitantes recibirán el estatus legal de refugiado. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los países de la región a trabajar para implementar mejores prácticas en el trato de migrantes. Pero la realidad es que el enorme éxodo venezolano tomó por sorpresa a toda la región y la capacidad de responder satisfactoriamente en términos de respeto a los derechos humanos ha sobrepaso a todas las naciones hermanas. Por lo que cada vez ha resultado más dificil para las últimas oleadas conseguir fuera, condiciones más humanas de las que hay en el país.
Es un hecho que las economías siempre se benefician del trabajo esclavo y la explotación laboral, y en general hay muy pocos esfuerzos reales para remediar esta situación. Pero es una cara de la moneda que quienes migran van a enfrentar, por eso, acceder a los recursos para ayudar a sus familias que quedan atrás resulta muy cuesta arriba para muchos. Pues enfrentan oportunidades limitadas de integración y obtención de medios de vida que varían de una nación a otra.
Para septiembre de este año la plataforma R4V señala que son Brasil y Colombia los países que registran población migrante con mayores necesidades. De los 6.5 millones de migrantes que han sido acogidos en latinoamérica y el caribe[2], Mujeres, niñas y niños representan 67% de esa población. Cabe detacar que este año hay medio millón más de migrantes de las contabilizadas hasta el año pasado.
Lo señalado hasta aquí es una realidad que quienes migran deben conocer, y que especialistas llaman falta de integración sostenible en los países de acogida, por lo que las tendencias de los desplazamientos sucesivos, observadas desde el 2020, es una dinámica de movimiento sin precedentes, intensa y multidireccional, pero cada vez más orientada hacia Centroamérica y Norteamérica.
Cabe la pregunta ¿Hasta cuando podrá continuar la asistencia humanitaria si cada vez hay más desplazamientos forzados por las incapacidades de los gobiernos de garantizar derechos humanos?
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