viernes, 8 de diciembre de 2023

Infomujer Venezuela #74 | Esclavitud moderna-Trata de personas

 


Según las estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para septiembre 2022, el trabajo forzoso afectaba prácticamente a todos los sectores de la economía privada. Pero los cinco sectores que concentran la mayor parte, 87 por cien de la población adulta son: los servicios, industria manufacturera, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico. El trabajo forzado es una forma de trata de personas, un delito en el que se han visto incursas grandes trasnacionales, al igual que grupos bien organizados y estructurados en pequeñas células de 4 o 5 personas que apenas si conocen un lider, pero están infiltradas en instituciones con poder e influencia. 

Una de las causales que empujan a trabajar de forma precaria a las personas es que se ven obligadas a desplazarse a través de territorios o fuera de sus naciones, sin la documentación reglamentaria ni la seguridad mínima. Por eso cuando los Estados no garantizan el derecho ciudadano a la identidad y documentación legal se convierten en promotores de la esclavitud moderna.  Los convencionalismos de hoy pueden concordar en que en todas las Naciones existan sectores de la población especialmente vulnerables. Pero cuando esa vulnerabilidad alcanza un cuarto de la población la responsabilidad del Estado no puede ser ignorada. Por ejemplo, Venezuela falta en los tres primeros objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito en 2018. Pues omite el primero Reforzar la elaboración de políticas basadas en datos y derechos humanos y el discurso público sobre la migración; el segundo,  Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, y tal como acabamos de señalar, también el tercero, Garantizar los derechos de los inmigrantes a la información y a la identidad legal.

En Venezuela las trochas son los principales pasos de trata de personas, sobre todo, para la explotación sexual por parte de los guerrilleros”, según entrevistas realizadas por la mencionada ONG. “Trabajadores migrantes presentan más del triple de probabilidades de estar en situación de trabajo forzoso que sus contrapartes no migrantes. Incluidas las prácticas de contratación injustas y poco éticas.

En estos términos lo publicó la revista colombiana Semana: “El primer peaje lo cobra una banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua, que ha permeado desde hace varios meses la frontera. Un miembro de esta estructura recibe 20.000 pesos por cada viajero. Al día, pueden transitar por esta trocha más de 500 personas.”

En diferentes estudios que abordan el tema de la trata de personas, coinciden en evidenciar que las mujeres y niñas migrantes tienen mayores probabilidades de ser víctimas del delito, ya que los grupos criminales dedicados a esta actividad las prefieren para obligarlas a ejercer la prostitución mediante la violencia, la adicción a las drogas, la manipulación y la extorsión.

Para quienes residen en el país los riesgos de la trata también son altos. Según una investigación de transparencia Venezuela el estado Nueva Esparta es uno de los principales destinos a donde son trasladadas las víctimas de trata. Además en los estados Táchira y Bolívar se han encontrado casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), por parte de grupos armados irregulares. También en el estado Sucre hay poblaciones como San Juan de Las Galdonas, que se encuentran ocupadas por bandas criminales. En Zulia se cuenta el mayor número de víctimas identificadas, incluso en casi todas las parroquias de Maracaibo.

Aunque está fuera del mapa elaborado por Transparencia Venezuela, el mes pasado se conformó en el estado Apure la red de trata, con participación de ongs y organismos públicos, tras haberse hecho públicos cuatro casos de trata en el estado llanero, sólo en este año de acuerdo a la oficina de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo apureña.

En Venezuela cada vez son más necesarias políticias públicas centradas en las personas y los derechos humanos. Frente a esta omisión del Estado, la ayuda humanitaria que ofrecen países amigos también puede contribuir en este camino.

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