Infomujer Venezuela #81 |Fiscalía venezolana y violencia de género

 

Al finalizar cada mes hacemos en este espacio una revisión de los procesos ventilados públicamente por el Ministerio Público venezolano en materia de violencia de género.  En mayo, Tarek William Saab,  vocero oficial expresó sobre el programa el Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia, que habían desplegaron casi 400 funcionarios en todo el país, dato interesante porque aunque hubiera ido un funcionario a cada una, todavía quedarían más de 700 parroquias desatendidas. Sin embargo, según el fiscal, este es el cuarto operativo de esta magnitud realizado este año.

Otros indicadores de eficiencia en la gestión de esta instancia que tramita justicia para el pueblo venezolano son el gran total de personas atendidas en estos operativos, que de acuerdo al fiscal alcanza 42.876 personas, cifra que al ser contrastada con el número de denuncias recibidas por el mismo ente sólo llega  a 4.688, es decir, 10% de quienes acuden por asistencia judicial llega a concretar una denuncia. En sistemas gravemente immersos en la cultura de poder patriarcal la justicia en asuntos de género sufre mayor desbalance. Las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a víctimas de violencia de género registran muchos casos en los que el ministterio ni siquiera regristra las denuncias, ignorando su deber legal e imponiendo una gran barrera en el disfrute de todos sus derechos, por vía judicial para las mujeres.

Para complementar esta imagen cabe mencionar que es incluso mayor  el número de denuncias de carácter penal que recibe el organismo, por  maltrato animal por ejemplo, pues según señaló el mismo vocero, han canaliado 4.818 denuncias. No está de más  aclarar que esta instancia judicial nunca ha salido en un operativo a buscar denuncias de mujeres víctimas de violencia de género.

De acuerdo a las cuentas de la organización no gubernamental @_CEPAZ en el 2023 hubo un total de 387 acciones femicidas, una cada 22 horas. La respuesta judicial para esta tendencia  luce escasa tomando en cuenta que en mayo de este año el ministerio público informó de la detención de 2 femicidas  en hechos que dejaron tres víctimas fatales. Por cierto que el mes pasado sólo otros 3 femicidas recibieron condena, uno de ellos, 10 años después de cometido el delito.

Como destaca el bustv, 32 mil niños sufrieron abuso sexual en Venezuela en los últimos seis años, de acuerdo el Ministerio Público. Esto significa que el organismo recibió 14 denuncias diarias de abuso infantil. Sin embargo en mayo pasado, se publicaron 12 condenas por violencia sexual, de esos casos, 15 de las víctimas son niñas, niños o adolescentes. También hubo 4 detenciones por violencia sexual sobre 4 víctimas infantiles y una adulta.

Los estados involucrados en los reportes de mayo son Anzoátegui, Aragua, Barinas, Caracas, Falcón, Lara, Portuguesa, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy. Para la otra mitad del país no fue reportada gestión alguna en materia de violencia de género.

Según ONU Mujeres en América Latina y el Caribe el femicidio/feminicidio, persiste en niveles alarmantes, con una tasa de 1,4 asesinatos de mujeres cometidos por la pareja o un miembro de la familia por cada 100.000 mujeres, superior a la tasa global de 1,11. En 2022, al menos 4.050 mujeres de 26 países de América Latina y el Caribe fueron víctimas de femicidio, y este año según el mapa latinoamericano de femicidios entre enero y marzo hubo, al menos, 1105 feminicidios en 15 países de la región. 18,9% de los agresores de las víctimas de femicidios consumados de venezolanas en el exterior en el año 2023, eran venezolanos.

Hay que insistir en que en  la mayoría de los casos, los agresores sexuales gozan de algún tipo de confianza  de las víctimas o sus familias, o tienen incluso algún parentezco. Porque 1 de cada 4 mujeres y niñas entre los 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física y/o sexual por su pareja al menos una vez en su vida, y 91% de las mujeres en la región han experimentado violencia en línea y violencia facilitada por la tecnología. La respuesta institucional tiene que volverse asertiva para garantizar acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las personas.