Como Venezuela, son varios los países de América Latina y el Caribe cuyos
gobiernos ignoran flagrantemente, las responsabilidades de rendir cuentas y
mostrar públicamente balances de sus gestiones. Esto ya de por si constituye una
violación del derecho humano a la información que tienen los pueblos, pero
además, es una estrategia evidente de silenciar resultados impresentables ante
la opinión pública. Aunque esta censura no pueda borrar las evidencias de
políticas de Estado misógenas y empobrecedoras. Ejemplo de ello son las tasas de
mortalidad materna e infantil, que siguen siendo un problema grave en la región.
La de mortalidad materna registra la muerte de mujeres durante el embarazo o
dentro de 42 días después del parto. La de mortalidad infantil considera la
muerte de niñas y niños menores de un año.
Muchas de estas muertes podrían
evitarse con acceso adecuado a servicios de salud de calidad, especialmente
durante el embarazo y el parto. Aun cuando también influyen otros factores como
desnutrición, falta de educación sobre cuidado saludable maternoinfantil, y el
acceso limitado a medicamentos esenciales y agua entre otras condiciones
sanitarias. A esto se suma la violencia obstétrica, que ya varios países han
reconocido formalmente como una forma de violencia de género y violación de los
derechos de las mujeres. La violencia obstétrica consiste en utilizar
procedimientos médicos, durante el embarazo y el parto, sin que previamente se
informe a la mujer, de todas las implicaciones y consecuencias de los mismos, o
incluso ni se obtenga su consentimiento o se haga contra su voluntad.
Incluso la
cesárea es una práctica de medicalización de la salud que suele imponerse sobre
el parto natural, porque es más cómodo y rentable (para el sistema de salud, no
para la gestante), programarlas en vez de esperar el tiempo que tome el cuerpo
de cada mujer en prepararse para el parto. En la región, la tasa de cesáreas
supera el 44%, mientras que en África es de 4.1% y en Europa de 26% (8). Aún
cuando los parámetros recomendados por la Organización Mundial para la Salud
están entre 10-15%. Es inevitable la asociación entre este valor y el de
mortalidad materna e infantil. 
La mortalidad materna en América Latina ronda las
80 muertes por 100.000 nacidos vivos, en comparación con 8-10 por 100.000 en
Europa occidental. La mortalidad infantil también es significativamente mayor:
alrededor de 12 a 16 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en América Latina
frente a 3 a 4 por 1.000 en Europa.
La cesárea es una cirugía en la que se abren
siete capas de tejido entre las piernas y se espera que la paciente se pare y
camine seis horas después.
Ligadas a las decisiones de las mujeres hay toda una
vasta realidad de condiciones socioeconómicas, pero los factores culturales
también influyen, impulsando intervenciones médicas innecesarias, en muchos
casos también abuso físico, verbal y discriminación por motivos de raza, edad o
nivel socioeconómico.
Aunque en venezuela está vigente desde el 2013 el
protocolo de Atención, Cuidados Prenatales y Obstétrica de emergencia, que
incluye estudios de laboratorio durante los controles de embarazos y hasta
pesquizas de diabetes gestacional y sólo dos ecosonogramas en embarazos de bajo
riesgo. Además aborda la educación nutricional. Sin embargo, una década después
de creada la norma que debería regir el trato a las parturientas venezolanas,
ellas todavía esperan recibir una atención respetuosa y digna del personal
médico en los servicios de salud pública del país. Más allá de la letra escrita
hay que considerar el hecho de que la inversión en materia de salud del Estado
pasó en 2016 de más de 690 millones de dólares a 195 millones en 2017 (el
registro más reciente obtenido por la agencia global, Datos Macro). Una
explicación del progresivo colapso del sistema sanitario nacional que golpea
discriminadamente a las mujeres.
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