El caso de Naibelys Noel Pérez ilustra claramente cómo los órganos encargados de proteger y apoyar a las víctimas de la violencia al desconocer los factores asociados a ésta se convierten en sus cómplices. Al no procesar y atender debidamente las denuncias de violencia, al no entender la complejidad de la violencia vicaria, al no proteger a las víctimas de un agresor ofreciendo espacios de abrigo y luego al juzgar a la víctima por serlo y obligarle a recibir más castigos. Esta distribución desigual de justicia margina a las mujeres, es sesgada y discriminadora y evidencia el fracaso de la sociedad venezolana de cumplir con la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Casos como el de Naibelys se convierten en evidencia de la flagrante violación de los derechos humanos en el país y la falta de esfuerzos integrales para brindar apoyo y prevenir la violencia de género. Ésta en contextos permisivos extiende su alcance hasta afectar cada vez más poblaciones vulnerables, por eso el informe Índice Fuera de las Sombras que publica el grupo Economist Impact reveló en su circulación de marzo 2023, que Venezuela tiene la segunda puntuación más baja de Latinoamérica en materia de prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
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