Infomujer Venezuela #83 | Violencia de Género y Ministerio Público

 

De acuerdo a la revisión realizada de los procesos informados por el Ministerio Público venezolano al concluir cada mes, durante junio este organismo tampoco realizó el primer operativo en espacios públicos dedicado particularmente a gestionar casos de violencia de género.

De hecho, en esta materia continúa el retardo procesal, ya que durante el mecionado período hubo sentencias para crímenes  cometidos en 2015 y 2016, por citar algunos. Son seis o siete años que se toma la fiscalía para procesar a criminales que dispararon y asesinaron a una mujer y sus hijos, por ejemplo. Cabe encionar además que en ese caso la condena no llegó a 14 años de prisión por acabar con tres vidas. Se muestra así que los delitos contra las mujeres en Venezuela no reciben castigo ejemplarizante.

Otra muestra de ello es el caso del Inspector Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sentenciado también en junio a 30 años de prisión por matar a su esposa,  pero la condena la cumplirá en las mismas instalaciones donde laboraba. Tampoco se ve allí castigo y mucho menos ejemplarizante.

Destaca entre las publicaciones del Ministerio público en esta materia,  como aspecto positivo que se están registrando condenas por violencia sexual contra parejas o exparejas, imputando penas entre 11 y 15 años de prisión. Aunque recordamos que según los números oficiales anunciados por el vocero de la instancia judicial, se puede establecer que sólo 10% de quienes acuden por asistencia legal llega a concretar una denuncia, por lo menos ahora se puede documentar alguna sanción por violencias contra las mujeres que no terminan en femicidio.

Mientras 50% de las privativas de libertad gestionadas por la fiscalía, según la propia fuente, fueron por feminicidio o intento de  feminicidio, los casos jusgados y sentenciados por este delito  sólo alcanzaron el 15% en este periodo. La otra mitad de las órdenes de arresto corresponden a trata de personas 25% y abuso sexual infantil 25%. 

Sin embargo más del 70% de las sentencias dictadas en junio corresponde a crímenes cometidos contra 21 Niños, Niñas y 3 Adolescentes, casi todos ellos por abuso sexual, un delito que se ha estado incrementando en años recientes. Si a esto se suman las 15 víctimas cuyos agresores fueron condenados en mayo pasado, sólo en los últimos dos meses de este año 24 delincuentes sexuales están cumpliendo penas por crímenes cometidos en 2015, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024. La mayoría de los perpetradores sentenciados en estos dos meses tienen parentezco con sus víctimas tales como padre, padrastro  tío o primo, en menor proporción vecinos, conocidos y hasta un pastor evangélico. En promedio los agresores sexuales de mayo y junio superan los 40 años de edad. Apenas 11% tienen menos de 30 años.

Por su parte las mujeres víctimas de abuso sexual en los casos publicados por la fiscalía para ese mismo periodo tienen edades que oscilan entre los 21 y 40 años.

Otro dato que resalta en este último  par de meses es que la fiscalía no reporta actuaciones en el estado Zulia, que el año pasado registró casi 10% de todos lo femicidios ocurridos en el país.

 

Infomujer Venezuela #77 |Trata y corrupción en Venezuela

 

Vuelve a ser noticia la trata de venezolanas, rescatadas por la policía peruana el 8 de enero, son 40 niñas y adolescentes explotadas sexualmente a través de WhatsApp por el Tren de Aragua. La mayoría de las sobrevivientes son venezolanas de entre 12 y 17 años. Poco antes, el 29 de dicembre pasado otras 60 de nacionalidad  colombiana, venezolana y peruana también fueron liberadas en perú, la frecuencia y cantidad obligan a pensar que la magnitud del problema es mayor de lo que las autoridades extranjeras logran atender. En esta oportunidad fueron apresados 10 delincuentes. Pero la trata de personas es una de las bases de las economías ilícitas tan extendidas en América Latina. Nuestro país es una muestra clara, el 15% del PIB de Venezuela en 2022 (9.400 millones de dólares) provino de contrabando de minerales (especialmente oro) y combustible, narcotráfico y corrupción en puertos y aeropuertos.

A esto se suma que Venezuela ocupa por noveno año consecutivo el último lugar en el ranking mundial de justicia para el que se consideran: los poderes gubernamentales, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project.

Todo esto está en el centro de la crisis nacional originada en políticas de Estado empobrecedoras que ha empujado los desplazamientos forzados, en los que mujeres, niñas y adolescentes son expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad, que en muchos casos terminan en la trata de personas. Las sobrevivientes que logran escapar y son rescatadas necesitan ayuda.

Estas niñas y adolescentes venezolanas seguramente serán repatriadas, necesitan atención médica y sicológica porque fueron esclavizadas sexualmente, pero en el país las insuficientes casas refugio creadas décadas atrás están desaparecidas.  El desmantelado sistema de salud pública no puede proporcionarla. Las organizaciones no gubernamentales que tienen el conocimiento para hacerlo cuentan con recursos muy escasos. De manera que la estructura familiar, precarizada por la misma crisis se ve obligada a dar estos cuidados sin saber bien cómo.

En vez de atender estos asuntos de interés público nacional la hipocrecía gubernamental llega a pedir castigo ejemplar por el dolorosísimo feminicidio de la venezolana Julieta Hernández en la Amazonía brasileña, mientras las paisanas asesinadas por ser mujeres, aquí en Venezuela no descansan en paz porque el retardo procesal y la estructura patriarcal silenciosamente acomodada en el sistema judicial ni siquiera es capaz de llamar los femicidios por su nombre. Indudablemente, La violencia de género debe ser castigada sin demora y ejemplarmente en la tierra de Bolívar.

Las venezolanas no pueden seguir siendo víctimas de la improvización y negligencia. Otro botón como muestra es que El primer fin de semana de enero se produjo el traslado de 173 reclusas desde el anexo femenino del centro penitenciario Fénix, en el estado Lara, sin notificación a sus familias y omitiendo las garantías judiciales y otros derechos humanos. Este era uno de los 16 espacios para mujeres privadas de libertad en Venezuela y tal como lo ha denunciado el OVP reiteradamente, ninguno fue creado con perspectiva de género. Esta movilización las deja en situación de mayor vulnerabilidad pues pierden contacto familiar y las visitas, lo que empeora sus condiciones de reclusión y las hace suceptibles a la extorsión o utilización por parte de grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Que las intervenciones de los siete penales en el último cuatrimestre del 2023 mostraron, claramente, cómo son gerenciados.

La pobreza no es casual, es responsabilidad de los grupos de poder, que dirigen la educación, el acceso a servicios básicos, la protección de la salud, la inversión o desinversión y lo hace de manera desigual. Porque los pobres ocupados en sobrevivir no tienen tiempo de exigir mejores políticas.

Infomujer Venezuela #73 | Monitoreo Fiscalía y VBG noviembre

 

Como cada primer viernes de mes presentamos un monitoreo de las actuaciones difundidas por el Ministerio público venezolano en materia de violencia de género. Finalizado el mes de noviembre que coincide con el aniversario de la fiscalía, ocasión que el titular de ese despacho aprovechó para realizar una rendición de cuentas superficial en la que señaló que estos delitos en 2022 constituyeron 12.509 casos, lo que representa, según el organismo, una disminución de 65,4 % con respecto a los 36.139 casos de 2017.

Una vez más la fiscalía omite hablar de femicidios pero según la organización @Utopix.cc de enero a octubre de este año ha habido 169 femicidios en Venezuela. Un promedio de 16 mujeres asesinadas por ser mujeres cada mes, pero en contraste, el monitoreo de noviembre encontró que fueron dictadas sólo tres condenas por femicidio, uno en grado de frustracón. Los femicidas sentenciados usaron en cada caso arma blanca, arma de fuego y golpes. Aunque son dos condenas más que el mes pasado y 3 más que en septiembre sigue habiendo una enorme deuda de justicia.

Además fueron sentenciados dos hombres por abuso sexual de 3 mujeres, uno de los cuales tuvo cómplices que siguen sin castigo. En un caso se empleó arma blanca. En las otras 5 condenas por este delito, los crímenes fueron cometidos contra NNA, uno en el espectro autista. Los agresores en estos casos fueron primo, profesor, tíos y conocidos. Pero curiosamente en sus recientes declaraciones el alto funcionario público pasó por alto ofrecer datos referidos al abuso infantil, más allá de reseñar la campaña Pedofilia es crimen. Sin embargo, las 5 sentencias de noviembre por abuso sexual infantil contrastan con las 13 condenas logradas en octubre y con las 4 privativas de libertad solicitadas en noviembre por abuso sexual de menores. Este crimen contra la infancia sigue ocurriendo también con muy pocos castigos para la violencia machista.

Vale destacar que en uno de los casos la denuncia fue realizada por una institución educativa, aunque mayoritariamente, quienes denuncian las madres de las víctimas. También se reportaron 2 detenidos por violencia física contra mujeres. La violencia de género está siendo sancionada cuando las víctimas denuncian pero sigue habiendo retardo procesal para juzgar casos de hasta 5 años abiertos.

En noviembre también fue reseñada la captura de tres hombres incursos en el delito de trata de personas del que fueron víctimas tres adolescentes.

En el último trimestre del año siguen sin aparecer reflejadas actuaciones del ministerio público en materia de violencia de género, en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta amacuro, Guárico, Lara, Mérida y Monagas. Si las hubo en Trujillo 4, Bolívar 2, Zulia, Táchira 2, Nueva Esparta, Portuguesa, Carabobo, Cumaná, Miranda, Yaracuy 3, Aragua.

A pesar de que el fiscal habló de respuestas oportunas y de cifras extremadamente positivas, cuando la respuesta de este ente sea suficiente para terminar con la impunidad, se acabarán los femicidios en el país y las mujeres verán garantizadas sus vidas e integridad física y emocional. Pero hasta ahora la realidad es que la crisis humanitaria venezolana las ha forzado a desplazarse por rutas poco seguras. Según la base de datos de Cotejo.info la cantidad de mujeres asesinadas de forma violenta fuera de nuestras fronteras este año es de 31 venezolanas. Colombia es el país que registra una mayor cantidad con 14 casos, le sigue Perú (6), Estados Unidos (5), Chile (3), Ecuador (2) y México (1). Las causas del éxodo siguen sin revertirse, los derechos humanos no se garantizan a toda la población, la gestión del país en considionces de justicia e igualdad sigue siendo un objetivo lejos de alcanzar.