Infomujer Venezuela #64 | Violencia de género y reparación

 El feminismo además de visibilizar todas las formas de injusticias que enfrentan las mujeres día a día, a lo largo de su vida, asume como causa alcanzar la verdadera equidad de género, en beneficio de la sociedad toda, es decir de mujeres y hombres.  Entre las muchas reivindicaciones en constante reclamo está que cese la violencia contra las mujeres, meta que es posible alcanzar cuando hay voluntad política y compromiso para educar en igualdad. Lo que incluye formar a todos los servidores públicos, integralmente, para mucho más que hacer un uso regular del lenguaje de género. Transformar la institucionalidad para que mujeres, niñas y adolescentes gocen efectivamente de los mismos derechos que los hombres, y la totalidad de la población vea respetados sus derechos humanos. Empezando con la instancia que imparte justicia en la Nación, que es naturalmente, sino la más importante, un escalón imprescindible para abordar el compromiso con el desarrollo inclusivo. 

Antes ya se ha señalado que en Venezuela existe una gran deuda a nivel legislativo en materia de igualdad de género, sin embargo los pocos instrumentos existentes pueden nivelar el camino en esa dirección. Por ejemplo, los tribunales especializados en Violencia contra la Mujer cuentan desde el 2014, con el artículo 61 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que establece el pago de una indemnización a las mujeres víctimas, o a sus herederas y herederos en caso de que la mujer hubiera sido asesinada. Porque la reparación es necesaria cuando las sociedades no han alcanzado la igualdad para toda su ciudadanía. 

Por contraste con el caso colombiano reseñado la semana pasada en el que la propia justicia de ese país sentenció la repación que habría de pagar la Fiscalía bogotana a quienes sobreviven al femicidio de Rosa Elvira Cely, cuando la institucionalidad nacional no es capaz de garantizar el disfrute de sus derechos, las víctimas deben recurrir a instancias interacionales. Un ejemplo de activación de este recurso lo protagonizó Linda Loaiza López Soto, quien al no recibir justicia en Venezuela elevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018  ordenó al Estado venezolano la reparación a través de varios mecanismos como becas de estudios profesionales para ella y sus hermanos, así como tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico, incluidos los medicamentos requeridos y adecuados a sus necesidades como sobreviviente de violencia de género, así como los costes de los diversos litigios. Hoy cinco años después de emitida la sentencia el gobierno sigue inclumpliendo con las reparaciones concedidas por el órgano internacional. El objeto de las reparaciones es ayudar a que las sobrevivientes de violencia de género puedan recuperar efectivamente su proyecto de vida, así como tratar de corregir la afectación producida por los diferentes modos de agresión. 

Es oportuno recordar que quienes sobreviven a estas situaciones ven seriamente comprometido su patrimonio familiar ya sea para la recuperación de la salud o por los esfuerzos por procurar justicia. En otros casos de violencia que terminan en femicidio, la justicia debe velar por las llamadas víctimas colaterales, todo en el marco de los derechos humanos. Las mujeres víctimas de Violencia de Género aquí, tienen, además derecho por ley a servicios sociales de atención, emergencia, protección, apoyo, acogida y recuperación integral. Sin embargo para que este derecho sea efectivo el país tiene que aumentar la inversión en programas de atención integral a las víctimas. A pesar de todo esto la mayoría de las sentencias de los tribunales venezolanos no contemplan medios de reparación e indemnización, lo cual atenta contra los derechos humanos de las mujeres.  Este mismo año hemos reportado aquí muchas sentencias entre las que se incluye abusos sexuales contra infantes y los tribunales venezolanos no contemplan la reparación, lo cual es una forma de revictimización para las víctimas directas y colaterales de la violencia de género. 

Sin embargo hay casos que sientan jurisprudencia en este sentido, en el 2012 el Juzgado Segundo de Primera Instancia de violencia contra la Mujer en Caracas, con ponencia de la magistrada Dougeli Antonieta Wagner que sentenció al agresor pago de indemnización por daño moral. Más recientemente en julio de este año, el femicida  Gregori Capote Minseros fue condenado a prisión y al pago de Indemnización. Ciertamente todavía siguen siendo pocas las sentencias que contemplan la reparación pero algunos jueces van por el camino del bien. Por cierto que los tribunales especiales se han sumado al mutismo gubernamental sobre los datos de violencia de género que atienden, lo que además contribuye al estancamiento del abordaje efectivo de este enorme problema de salud pública y es una deuda con la equidad y justicia que deben solventar.

Infomujer Venezuela #63 |Corrigiendo la discriminación judicial

 

Nuestras hermanas Colombianas, constantes en su lucha por la justicia y equidad de género, lograron que un tribunal de Bogotá condenara a tres instancias del Estado Colombiano por negligencia al procesar el feminicidio de Rosa Elvira Cely. 

Este caso que ha mantenido movilizados a los colectivos feministas por más de diez años y que conmocinó al país por la crueldad de la tortura y asesinato de la víctima, que además fue revictimizada por el tratamiento que le dieron la Fiscalía, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Policía de esa ciudad. Desde acudir después de dos horas y dos llamadas de auxilio hechas por la propia Rosa Elvira Cely quien finalmente murió cuatro días después, a causa de las terribles heridas, la infección que le provocaron y la hipotermia, hasta culpabilizarla por haber salido con sus agresores, compañeros de clase. La espiral reivindicatoria feminista alrededor de este caso llevó a que el Congreso Colombiano tipificara el femicidio en el Código Penal de ese país. La familia de Rosa Elvira Cely demandó a los tres entes mencionados por la negligencia cómplice de su muerte y por dejar en libertad al segundo implicado, señalado por la propia víctima. 

La reciente sentencia ejemplarizante contempla también la reparación que recibirá su familia, a Rosa Elvira Cely le sobrevive una hija. De manera que esta última instancia de resolución judicial dio un paso gigante en la dirección de una sociedad más justa. Sobra mencionar la relevancia de la separación de poderes y de un Estado con más indicadores democráticos y menos intereses político partidistas para la consecución de ese fin.  Ciertamente la vecina nación acaba de dar un ejemplo digno de seguir por todo el sur continental en aras de que los derechos humanos estén garantizados por encima de todo, también para las mujeres. Especialmente por Venezuela donde todavía está fresco el reciente fallo de la justicia contra Naibelis Noel en el que los órganos judiciales mostraron, con evidente claridad, desconocer las dimensiones de la violencia de género que están arraigadas en los estereotipos y los roles de género, que discriminan a las mujeres, niñas y adolescentes a partir de los desequilibrios en las relaciones de poder. 

Ese ejercicio del poder masculino hegemónico expresado también por las instituciones que siguen reproduciendo un modelo desactualizado y al margen de los avances de las investigaciones científicas que han desvelado las injusticias que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. El carácter del modelo patriarcal empuja a las instancias que están profundamente marcadas por ese sistema a violar acuerdos y convenciones internacionales. Lo que se muestra también en la falta de transparencia en las gestiones públicas como esencia de la gobernanza. Por esa razón, en Venezuela, se revictimiza a las mujeres, y el caso de Naibelis Noel así lo prueba, como también lo hace la falta de información oficial integral sobre los distintos delitos de violencia de género, no sólo los femicidios. 

Esa es la razón por la que no se ha podido prevenir efectivamente. También esa es la razón por la que faltan más leyes y políticas integrales que incidan sobre la violencia y particularmente sobre la basada en razones de género, que mantiene en impunidad a quienes la ejercen contra mujeres, adolescentes y niñas y las organizaciones que defienden sus derechos.

Infomujer Venezuela #62 | Pobreza menstrual

Cuando se habla de crisis humanitaria en venezuela se abarca un universo de más de siete millones de personas que necesitan ayuda en el país, según informó la Organización de Naciones Unidas en marzo pasado, de ese número, cuatro millones de personas requieren de asistencia alimentaria de emergencia. Y cuando se dice que esta crisis afecta de manera diferenciada a mujeres niñas y adolescentes es porque sólo la mitad de esa población tiene que hacer frente, además, a la violencia de género cuya expresión extrema está representada en los femicidios. Pero que encuentra otros niveles de opresión, como por ejemplo la violencia obstétrica, sobre la que esta semana @ipysvenezuela reporta que los tres hospitales públicos de La Guajira no tienen especialistas gineco-obstetras. 

Hay que recordar que según las últimas cifras publicadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en Venezuela, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna aumentó 52,61% y  para el año 2016, esta tasa subió 90,52%. Este caso particular de negación de los derechos a la salud y reproducción de las mujeres que también es mortal, desgraciadamente no es único ni aislado. También otros derechos como el de movilidad, educación y participación, por citar solo algunos, son vulnerados cuando niñas, adolescentes y mujeres enfrentan la pobreza menstrual, es decir, cuando no cuentan con medios para acceder a productos higiénicos para gestionar sus reglas o periodos. En otros países de nuestro continente que también tienen poblaciones en situación de pobreza se ha legislado para que las escuelas y los centros peniteniarios proporcionen compresas o toallas sanitarias y papel en los baños. 

En Venezuela, esto sigue siendo una deuda, así como también la dotación del agua que es un servicio que se distribuye de forma intermitente en la mayor parte del territorio, pero que es imprescindible en materia de saneamiento. Como esas necesidades básicas de las mujeres no pueden ser satisfechas por todas las venezolanas y de hecho, según el informe del primer semestre de este año de las organizaciones que trabajan en el Área de Responsabilidad de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se han incrementado los factores que inciden de manera negativa en los medios de vida y entornos de la infancia y adolescencia en el país. Teniendo en cuenta que de esta población total atendida con diferentes necesidades por estar en situación de calle, ser sobrevivientes de violencia, entre otros, más de nueve mil son féminas entre 12 y 17 años. A las que hay que sumar las adolescentes de más de 1500 escuelas atendidas por la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de naciones Unidas en el mismo periodo, así como también las mujeres en situación de pobreza. 

Por lo dicho hasta aquí, para un gran número de venezolanas los productos para gestionar la higiene menstrual se han convertido en un lujo, cuando en realidad son imprescindibles, lo que las deja en situación de desigualdad en el disfrute de sus derechos humanos, estigmatizadas y bajo una forma velada de Violencia. Es cierto que ahora, en espacios como este se abordan estos temas de los que antes nadie hablaba, eso es importante, pero no suficiente porque las deudas sociales con las mujeres son muchas y todavía los esfuerzos por cubrirlas son mínimos. 

Según el Banco Mundial El ritmo de las reformas legislativas hacia un trato igualitario de los derechos de la mujer ha caído al nivel más bajo en los últimos 20 años. En 2022, sólo se registraron 34 reformas jurídicas hacia la igualdad de género en 18 países, lo que constituye el número más bajo desde 2001. Si se contrasta con lo registrado entre el 2000 y el 2009, cuando se introdujeron más de 600 reformas en varios países del mundo, se evidencia la tremenda desaceleración hacia el camino de la igualdad entre hombres y mujeres. Por esto, en promedio, las mujeres gozan apenas del 77 % de los derechos que tienen los hombres ante la ley, a nivel global. La preocupación del ente multilateral es que esta realidad no solo es injusta para las mujeres, sino también un obstáculo en la capacidad de los países para promover el desarrollo resistente e inclusivo, es decir, el crecimiento económico, especialmente en un período crucial para la economía a nivel mundial. 

A este respecto, en venezuela el poder legislativo mantiene al país en rezago, pues no hay leyes de paridad que impulsen la participación política de mujeres, mientras que 10 de los 18 países latinoamericanos de habla hispana ya las tiene. Incluso en la severa crisis nacional, tampoco se ha normado el acceso a anticonceptivos ni a productos para la higiene menstrual y el aborto sigue sin ser despenalizado. Apenas se cuenta la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que aunque es orgánica, su aplicación sigue lejos de acercar la justicia a las mujeres por el profundo desconocimiento de las implicaciones que las inequidades de género tiene por parte de los propios organismos de aplicación.

Infomujer Venezuela#61 Embarazos No Intencionales

 

Saludamos el éxito alcanzado por las organizaciones feministas mejicanas al ser despenalizado el aborto en todo el país, con la decisión tomada esta semana por la Corte de Justicia de la nación. Este logro ha sido producto de un esfuerzo por visibilizar el impacto desmedido que sufren las mujeres en países con índices tan altos de violencia, donde la violencia de género se percibe como natural, cuando lo cierto es que sólo es una forma de dominación en la que los derechos de las mujeres son negados para que otros disfruten de privilegios. La experiencia en Méjico probó de manera terminante que garantizar el derecho al aborto seguro y legal tiene un impacto enorme en la salud pública y en la vida de las mujeres. La capital del país tiene un registro de cero muertes por esta práctica y allí, desde hace varios años, es legal. El siguiente paso coherente y lógico era trasladar esta realidad al resto del territorio donde todavía se perseguía y castigaba como delito. 

 En situaciones ideales donde exista adecuada educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos confiables, la discusión sobre el aborto pudiera ser un tema del orden moral, pero la realidad de América Latina es que hay grandes deudas sociales inequidades y pobreza que se reflejan en el aspecto sexual y reproductivo. Así como también tremendas desigualdades económicas en las que la prevención de embarazos está más allá del acceso para la mayoría de la población. Sin embargo, los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de las más de 800 muertes maternas que se producen al día en el mundo, y que pudieran evitarse. 

 Según el informe El estado de la Población Mundial 2022 del Fondo de Población de Naciones Unidas, la mitad de los embarazos no son decididos deliberadamente, pero esta cifra no debería extrañar, porque los métodos anticonceptivos no son universales, es decir, no están a disposición real de toda la población que los necesita, de hecho, según la misma publicación, más de la mitad de las mujeres en el mundo no utiliza ningún método anticonceptivo. En promedio, hay 331 mil embarazos diarios en el mundo que no fue planificado, más del 60% de éstos terminan en aborto, y el 45% de los abortos se realiza en condiciones de riesgo, con consecuencias como muerte, atención hospitalaria de emergencia y un alto impacto económico en la salud pública. La consideración de los derechos humanos obliga a preguntar ¿qué pasa con los derechos de esas niñas, adolescentes y mujeres? ¿por qué siguen siendo discriminadas? Cuando no se garantiza su autonomía corporal, o no tienen la posibilidad de intervenir para evitar un embarazo no intencional, Cuando los sistemas de atención de la salud no consiguen ofrecer una cobertura universal, y cuando la atención sexual y reproductiva no está centrada en la persona, no es integral o es de mala calidad, o cuando el estigma, la pobreza, la desigualdad de género, entre otros factores, merman la capacidad de decisión de las mujeres y adolescentes. Los embarazos no intencionales no deberían superar los buscados pero es una realidad que definitivamente hay que visibilizar porque tiene enormes repercuciones sobre las mujeres, que es a quienes se obliga a llevarlos adelante. La responsabilidad masculina sigue desdibujada en muchos casos, antes y después del parto, sin embargo sus opiniones suelen contar para castigar en el discurso y en la práctica el aborto. Forzar así los embarazos es una enorme grieta en la sociedad de justicia e igualdad que pretendemos tener.

A propósito de la maternidad esta semana otra madre venezolana exigió en la Defensoría del Pueblo que actúe ante las presuntas torturas que habría sufrido su hijo, John Álvarez, estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela detenido con fines políticos. En esta oportunidad se trata de Wendelin Peña quien tuvo que escuchar que su hijo le dijera que había sido torturado. Lo cual es un crimen de lesa humanidad que como otros se sumará al expediente llevado ante la justicia internacional contra las autoridades venezolanas.