Infomujer Venezuela #67 | Corrupción y Trata de personas

 

La violencia armada útil para la instauración del crimen organizado en Venezuela, que es la razón real detrás de los desplazamientos forzados de millones de personas en los últimos diez años, dentro y fuera del territorio nacional, también es la causa de que migrantes expongan sus vidas en travesías sin condiciones de seguridad mínima. Además del riesgo de muerte, quienes marchan por rumbos inciertos, u otros más o menos conocidos, enfrentan los peligros de la trata de personas, que el mismo crimen organizado ha expandido por las rutas que sigue el éxodo en tiempos recientes. Pero incluso dentro de las propias fronteras nacionales los desplazamientos son forzados no sólo por grupos armados irregulares al amparo de una política de Estado permisiva, si no, cómplice. 

Las víctimas más notorias son los pueblos indígenas, porque en general, son invisibles para el resto de la sociedad, que como una reminiscencia colonial sigue despreciando su modo de vida tan contrastante con el europeo impuesto. Sin embargo, el emergente liderazgo femenino en varias poblaciones autóctonas y el persistente trabajo de organizaciones de la sociedad civil mantienen vivo frente a la opinión pública su esfuerzo y discurso de resiliencia. Por eso es que hoy se habla del saqueo y destrucción de territorios ancestrales indígenas, de la deforestación de bosques vírgenes más alta de la región, del deterioro masivo de los sistemas fluviales y la contaminación con sustancias tóxicas por la explotación minera. Pero además hay que hablar de que esas zonas Estados-sociedades paralelos, como hasta hace un mes lo era el penal de Tocorón en el estado Aragua, son centros de poder violentos en los que impera la esclavitud moderna. La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya contemplaba la explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna en las áreas mineras al sur del Orinoco que incluye la prostitución forzada de niñas entre 11 y 17 años. Incluso con conocimiento y participación de las fuerzas de seguridad formales, por lo que el aumento de la presencia militar en estas regiones está lejos de ser la respuesta adecuada. Esta semana fue consignada por la ONG Foro Penal, en el estado Amazonas, la denuncia por el asesinato de Luis Manuel Higuera Moreno, joven amazonense durante el desalojo que hizo la operación militar Autana 2023 en el campamento minero Cacique del parque nacional Yapacana.

En estas mismas condiciones se ven implicadas mujeres y niñas de todo el país que llegan a la que es, prácticamente, la única área productiva nacional, en busca de mejores condiciones de vida. Y aunque no sorprenda, hay que hacer notar que en el llamado arco minero apenas si se registran actuaciones del Ministerio Público en materia de violencia de género o de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio de Asuntos Indígenas. A pesar de que se han documentado masacres, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, sumadas a lo antes mencionado, es decir que se trata de una zona especialmente vulnerable. Aunque habrá quien sugiera que se trata de eventos aislados sobre los que no se actúa con la prontitud deseada, vale recordar que en los últimos diez años se contabilizaron por lo menos siete inundaciones que afectaron a distintos pueblos y comunidades indígenas a lo largo de los ríos que habitan en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, tal como lo señalaron Clima 21, Odevida y Mulier en el informe que presentaron ante la CEDAW  este año. Por lo que sería ingenuo pensar en negligencia sistemática y no en política pública, dada la opacidad informativa que pretende encubrir la escalada de violencia contra personas defensoras de territorios, de derechos humanos y ambientales. 

Todo esto al abrigo de un sistema de justicia parcializado puesto que 18 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados en 2022 tienen vínculos probados con el oficialismo, tal como lo recoge el Informe alternativo de Acceso a la Justicia en la ONU. Pero además los fiscales del Ministerio Público no gozan de estabilidad en sus cargos, pues la mayor parte de ellos son designados de forma provisoria. Por eso no se están tomando medidas específicas para prevenir y combatir la corrupción.

Infomujer Venezuela #66 | Femicidios primer semestre Venezuela

 

Después del exterminio de los pueblos originarios de América durante la colonización europea, las etnias sobrevivientes hoy también son víctimas de trata de personas. Se les recluta bajo engaño, con ofrecimientos de mejorar las muy precarias condiciones en las que viven, con promesas de trabajar la agricultura, se les traslada a las minas donde relizan trabajos forzosos sin remuneración. Los testimonios de quienes logran escapar de esta forma de esclavitud moderna, no llegan con suficiente prontitud para advertir y evitar más víctimas de este delito. Según informe de la organización Kapé Kapé al menos 1500 indígenas waraos se encuentran en la actualidad en Guyana, en su mayoría realizando trabajos forzados y subpagados. Este pueblo asentado tradicionalmente en el estado Delta Amacuro ha estado emigrando para escapar del hambre y la miseria en las que está sumida la región por las múltiples actividades ilegales que se realizan allí y en todo el llamado arco minero dentro de los territorios indígenas ancestrales. Mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU advierte que en Venezuela se restringe el derecho a la libre movilidad por la dificultad de acceder a documentos como pasaportes dentro y fuera del territorio, hay que mencionar que las poblaciones indígenas nacionales ni siquiera cuentan con cédula de identidad en su mayoría. Y sólo en el Esequibo viven más de 45.000 indígenas venezolanos en situación de abandono, pobreza y explotación. Son  arawakos, wapishana, warao y kariña. En ese contexto las mujeres y niñas son más vulnerables.

Con respecto a la mitad de la población del país, Desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (@Cepaz) documentó 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración. Como consecuencia directa 55 niños y niñas quedaron en estado de orfandad. Pero además en 10,6% de los casos las asesinadas fueron niñas menores de 11 años. 40,6 % del total de estos casos registran mujeres en edades comprendidas entre 19 y 45 años.

Sobre la respuesta de los órganos encargados de ofrecer seguridad a la ciudadanía, incluídas las mujeres, niñas y adolescentes los hechos se expresan con claridad: dos de los victimarios tenían antecedentes penales por violencia de género y en 44,4% de los casos, los agresores están en fuga. En 7 de los casos, los ofensores eran funcionarios policiales activos para el momento de los hechos. Por lo que urge implementar procesos de educación y sensibilización sobre este tema, en el que la Universidad de la Seguridad tiene un papel protagónico.

Entre otras consideraciones para prevenir la violencia de género hay que señalar que en 61,9% de los casos la víctima conocía al ofensor y casi el 30% eran parejas o exparejas. Sin embargo que 8,8% de las muertes ocurre en medio de violencia obstétrica también tiene mucha relevancia. Recordemos que en el estado Bolívar, entre 23% y 35% de las parturientas son menores de edad. Y expertos afirman que las niñas y adolescentes representan el 50% de las víctimas de mortalidad materna.

La violencia machista no sólo mata con manos y armas, sino que induce a acabar con la propia vida. Esta misma semana @Cecodap indicó que factores como la violecia de género y la cultura patriarcal tienen incidencia en el aumento de los índices de intención de suicidio que miden en comparación con el año pasado. Además la población de adolescentes femeninas alcanzó en el primer semestre del año el índice de riesgo suicida más alto en el histórico de sus mediciones. Esto exige actuar con urgencia y efectividad en la erradicación de esta y otras formas de violencia.

Infomujer Venezuela #65 | Actuaciones Fiscalía septiembre2023

 

Como cada primer viernes de mes dejamos constancia de las actuaciones del Ministerio Público en materia de derechos de la mujer. En septiembre fueron dictadas en Venezuela condenas en 18 casos relacionados con violencia de género, las penas van de 9 a 30 años de prisión. Casi todos los casos fueron por Violencia sexual,  1 intento de femicidio frustrado por familiar, 1 que incluye explotación infantil, en dos casos fueron usadas armas blancas y en uno arma de fuego, también drogas para abusar de una adolescente. Los casos fueron juzgados a partir de denuncias, mayoritariamente de madres, tías, abuelas y vecinos.  En éstos 18 víctimas son niñas, niños o adolescentes y 1 mujer con discapacidad. Varios perpetradores eran vecinos, otros tenían parentezcos como padrastros y tíos. En el pasado mes se registró todavía retardo procesal pues hay sentencias hasta de febrero 2020, mucho más allá de los tiempos de investigación previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hubo juicios en  Anzoátegui 4, Aragua 2, Bolívar 2, Caracas 1, Falcón 2, Miranda 1, Sucre 1, Yaracuy 2, Zulia 2.

Adicionalmente, la Fiscalía dictó privativas de libertad por delitos contenidos en la mencionada ley. Entre los detenidos hay 3 adolescentes con edades entre 15 y 17 años. Y fueron 17 las víctimas  infantiles y adolescentes cuyos agresores fueron detenidos durante septiembre pasado.. En la mayoría de estos casos los agresores también son familiares y vecinos. En uno, una adolescente fue drogada para abusar de ella. También la mayoría de las denuncias ante los órganos de seguridad, incluido un puesto de la GNB, las relizaron las madres y en algunos casos, vecinos. Destaca que en el operativo de Tocorón, quedó detenido un taxista por trata de adolescentes que se encontraban dentro del penal, hasta ahora se desconoce si las víctimas están recibiendo la atención física y psicológica mandada por ley para superar esta forma de violencia contra la mujer. Por cierto que en Tocorón también estaba recluido el director de la Alcaldía de Mariño en el estado Aragua, Eloy José Jiménez Álvarez, femicida de la madre de su hija e hijo, ambas víctimas colaterales que deben recibir medidas de reparación, incluída atención médica por las lesiones sufridas tratando de socorrer a su mamá. Entre los casos destaca el de las cuatro personas detenidas por asesinar a la adolescente Yoselin Galué Rodríguez (14) que están siendo procesadas por homicidio cuando lo que corresponde es femicidio, al igual que en el caso de Harian de Los Ángeles de León García. Finalmente, las entidades federales cuyas fiscalías registraron detenciones fueron: Táchira 3, Cojedes 2, Aragua 4, Trujillo 3 y Caracas. Si no se reportan casos en otros estados queda la duda, es por que allí no se reciben denuncias o porque no son atendidas?

En total, las condenas muestran una tendencia a la baja en el tercer trimestre, pero las detenciones, en su mayoría por delitos en flagrancia aumentaron en septiembre. También se puede ver en las cifras mencionadas que la pedofilia se sigue incrementando en venezuela. Incluso el Ministerio Público reconoce que de los 3.706 expedientes abiertos en 2020; en 2021 subieron a 4.406; en 2022 a 6.680 y en lo que va de 2023 se han registrado 5.428.

En relación a los derechos humanos en general, según Fiscalía hay más de 500 funcionarios del Estado sancionados por violaciones de derechos humanos y las ONGs siguen denunciando torturas. La cuenta del fiscal es que desde su llegada al Ministerio Público se han imputado a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos. Han sido acusados 2.304 involucrados pero privados de libertad 955 y hay 509 personas condenadas. También en éstos casos la justicia tarda.

Infomujer Venezuela #64 | Violencia de género y reparación

 El feminismo además de visibilizar todas las formas de injusticias que enfrentan las mujeres día a día, a lo largo de su vida, asume como causa alcanzar la verdadera equidad de género, en beneficio de la sociedad toda, es decir de mujeres y hombres.  Entre las muchas reivindicaciones en constante reclamo está que cese la violencia contra las mujeres, meta que es posible alcanzar cuando hay voluntad política y compromiso para educar en igualdad. Lo que incluye formar a todos los servidores públicos, integralmente, para mucho más que hacer un uso regular del lenguaje de género. Transformar la institucionalidad para que mujeres, niñas y adolescentes gocen efectivamente de los mismos derechos que los hombres, y la totalidad de la población vea respetados sus derechos humanos. Empezando con la instancia que imparte justicia en la Nación, que es naturalmente, sino la más importante, un escalón imprescindible para abordar el compromiso con el desarrollo inclusivo. 

Antes ya se ha señalado que en Venezuela existe una gran deuda a nivel legislativo en materia de igualdad de género, sin embargo los pocos instrumentos existentes pueden nivelar el camino en esa dirección. Por ejemplo, los tribunales especializados en Violencia contra la Mujer cuentan desde el 2014, con el artículo 61 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que establece el pago de una indemnización a las mujeres víctimas, o a sus herederas y herederos en caso de que la mujer hubiera sido asesinada. Porque la reparación es necesaria cuando las sociedades no han alcanzado la igualdad para toda su ciudadanía. 

Por contraste con el caso colombiano reseñado la semana pasada en el que la propia justicia de ese país sentenció la repación que habría de pagar la Fiscalía bogotana a quienes sobreviven al femicidio de Rosa Elvira Cely, cuando la institucionalidad nacional no es capaz de garantizar el disfrute de sus derechos, las víctimas deben recurrir a instancias interacionales. Un ejemplo de activación de este recurso lo protagonizó Linda Loaiza López Soto, quien al no recibir justicia en Venezuela elevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018  ordenó al Estado venezolano la reparación a través de varios mecanismos como becas de estudios profesionales para ella y sus hermanos, así como tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico, incluidos los medicamentos requeridos y adecuados a sus necesidades como sobreviviente de violencia de género, así como los costes de los diversos litigios. Hoy cinco años después de emitida la sentencia el gobierno sigue inclumpliendo con las reparaciones concedidas por el órgano internacional. El objeto de las reparaciones es ayudar a que las sobrevivientes de violencia de género puedan recuperar efectivamente su proyecto de vida, así como tratar de corregir la afectación producida por los diferentes modos de agresión. 

Es oportuno recordar que quienes sobreviven a estas situaciones ven seriamente comprometido su patrimonio familiar ya sea para la recuperación de la salud o por los esfuerzos por procurar justicia. En otros casos de violencia que terminan en femicidio, la justicia debe velar por las llamadas víctimas colaterales, todo en el marco de los derechos humanos. Las mujeres víctimas de Violencia de Género aquí, tienen, además derecho por ley a servicios sociales de atención, emergencia, protección, apoyo, acogida y recuperación integral. Sin embargo para que este derecho sea efectivo el país tiene que aumentar la inversión en programas de atención integral a las víctimas. A pesar de todo esto la mayoría de las sentencias de los tribunales venezolanos no contemplan medios de reparación e indemnización, lo cual atenta contra los derechos humanos de las mujeres.  Este mismo año hemos reportado aquí muchas sentencias entre las que se incluye abusos sexuales contra infantes y los tribunales venezolanos no contemplan la reparación, lo cual es una forma de revictimización para las víctimas directas y colaterales de la violencia de género. 

Sin embargo hay casos que sientan jurisprudencia en este sentido, en el 2012 el Juzgado Segundo de Primera Instancia de violencia contra la Mujer en Caracas, con ponencia de la magistrada Dougeli Antonieta Wagner que sentenció al agresor pago de indemnización por daño moral. Más recientemente en julio de este año, el femicida  Gregori Capote Minseros fue condenado a prisión y al pago de Indemnización. Ciertamente todavía siguen siendo pocas las sentencias que contemplan la reparación pero algunos jueces van por el camino del bien. Por cierto que los tribunales especiales se han sumado al mutismo gubernamental sobre los datos de violencia de género que atienden, lo que además contribuye al estancamiento del abordaje efectivo de este enorme problema de salud pública y es una deuda con la equidad y justicia que deben solventar.