Infomujer Venezuela #72 | Migración forzosa venezolana

 

La encuesta global de la consultora Edelman recoge con precisión la crisis de credibilidad que atraviesan los políticos en América Latina y explica por qué los ciudadanos optan por confiar en las empresas y en las Organizaciones No Gubernamentales. Fue levantada en los países más grandes de sur América, Méjico, Colombia, Argentina y Brasil y analizan este problema de confianza señalando su causa en la polarización existente en la población.  En términos tales como que preferiría no tener como vecinos a quienes piensan diferente. La trascendencia de esto ha sido muy notoria en días recientes, durante los partidos de futbol clasificatorios para el mundial del próximo año. En Perú contra la delegación y fanaticada venezolana y en Brasil contra la hinchada Argentina al finalizar el encuentro de esas grandes rivales. En ambos hubo represión policial.

Y es que la casi nula disposición para vivir las diferencias cobra fuerza en un mundo que está naturalizando los desenlaces violentos para cualquier conflicto, lo cual implica, de paso, la negación de derechos. Esto ha estado afectado a quienes migraron  de Venezuela en tiempos recientes, puesto que aún habiendo declarado la ONU la crisis humanitaria en el país, todavía hay vecinos que se niegan a actuar en consecuencia. Según la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para el 2021 Perú era el país con más solicitudes pendientes de asilo en la región[1], es decir, sin resolver, pero además su política de Estado no aplica la Declaración de Cartagena de 1984 que ofrece una definición más amplia de refugiado como la persona que huye de su país porque su vida, seguridad y libertad son amenazadas por la violación masiva de derechos humanos. En cambio se acoge a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su protocolo (1967) y que limita la protección por persecución a razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. De esta manera muy pocas personas solicitantes recibirán el estatus legal de refugiado. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los países de la región a trabajar para implementar mejores prácticas en el trato de migrantes. Pero la realidad es que el enorme éxodo venezolano tomó por sorpresa a toda la región y la capacidad de responder satisfactoriamente en términos de respeto a los derechos humanos ha sobrepaso a todas las naciones hermanas. Por lo que cada vez ha resultado más dificil para las últimas oleadas conseguir fuera, condiciones más humanas de las que hay en el país.

Es un hecho que las economías siempre se benefician del trabajo esclavo y la explotación laboral, y en general hay muy pocos esfuerzos reales para remediar esta situación. Pero es una cara de la moneda que quienes migran van a enfrentar, por  eso, acceder a los recursos para ayudar a sus familias que quedan atrás resulta muy cuesta arriba para muchos. Pues enfrentan oportunidades limitadas de integración y obtención de medios de vida que varían de una nación a otra.

Para septiembre de este año la plataforma R4V señala que son Brasil y Colombia los países que registran población migrante con mayores necesidades. De los 6.5  millones de migrantes que han sido acogidos en latinoamérica y el caribe[2],  Mujeres, niñas y niños representan 67% de esa población. Cabe detacar que este año hay  medio millón más de migrantes de las contabilizadas hasta el año pasado.

Lo señalado hasta aquí es una realidad que quienes migran deben conocer, y que especialistas llaman falta de integración sostenible en los países de acogida, por lo que las tendencias de los desplazamientos sucesivos, observadas desde el 2020, es una dinámica de movimiento sin precedentes, intensa y multidireccional, pero cada vez más orientada hacia Centroamérica y Norteamérica.

Cabe la pregunta ¿Hasta cuando podrá continuar la asistencia humanitaria si cada vez hay más desplazamientos forzados por las incapacidades de los gobiernos de garantizar derechos humanos?

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[1] Plataforma R4V, Refugiados venezolanos Reconocidos, 30 de junio de 2021

[2] Plataforma R4V, Análsis de Refugiados y Migrantes , Septiembre de 2023

Infomujer Venezuela #71 | Infancia y trata de personas

 

Según el cónsul colombiano David Hadad, 582 menores de edad que han intentado cruzar la frontera de Venezuela con Colombia este año y los 800 que lo hicieron en el 2022, podrían ser víctimas de trata de personas. Un crimen que está ocurriendo en territorio venezolano, donde se capta infantes y adolescentes para explotarles sexual o laboralmente en condiciones de esclavitud moderna.

Que esto ocurra en un país con tantas alcabalas y puestos de vigilancia en casi todas las vías terrestres, en las cuales guardia nacional y policía permanecen desplegadas continuamente es, por decir lo menos, insólito. Pero además es la prueba más contundente de su falta de efectividad para atender las necesidades de seguridad y protección de la población en situación de vulnerabilidad. Por no mencionar el impacto que sí tienen contra la soberanía alimentaria al incidir, directamente, en el encarecimiento de los productos agropecuarios con las muchas y muy altas gratificaciones asociadas a cada camión que detienen.

Mientras tanto la ciudadanía queda indefensa frente a las mismas instituciones que deberían resguardarla. Tal como ha señalado y explicado el feminismo acertadamente, estas son parte de las implicaciones de que el machismo o patriarcado haya penetrado

a las instituciones de tal manera que violar acuerdos y convenciones internacionales parezca cosa insignificante. Eso se refleja en la falta de transparencia de la gestión pública, en la impunidad de los crímenes de violencia de género, y en general, en que se adeuden más leyes y políticas integrales que incidan realmente sobre la violencia. Pero esto afecta no sólo a los entes de seguridad sino a todas las instancias públicas en la medida que se distancian de las prácticas de gobernanza democrática. Un ejemplo es la reciente denuncia de La Academia Nacional de Medicina y varias sociedades científicas venezolanas que señalaron que 22 niñas y niños con cáncer, pacientes del Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas, se infectaron con dos bacterias después de recibir un medicamento contra el cáncer, adquirido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Más de mil trescientos niñas y niños, no siempre acompañados por sus madres y padres cruzando fronteras, y según refleja el diario colombiano @elespectador al menos 34 menores de edad venezolanos han muerto bajo custodia del Estado colombiano. A quienes hay que sumar la embarazada y 12 menores de edad desaparecidos en el oceano entre San Andrés y Nicaragua a bordo de una embarcación ilegal y que también se presume sean víctimas de trata de personas. Según la Armada de San Andrés ya se contabilizan 74 personas desaparecidas

Todas estas víctimas infantiles hubieran podido evitarse si las instituciones cumplieran cabalmente con el trabajo que les fue asignado y los órganos contralores velaran porque así fuese, pero la demoledora realidad es que la infancia venezolana está siendo gravemente desatendida. Por eso se habla de crisis humanitaria en el país y de la migración como un problema derivado de ella. Y tal como aclaró de manera brillante Adela Cortina, la catedrática y filosofa española, “la migración forzosa, es un problema que no se resuelve solo con hospitalidad. Se necesita cooperación y respuestas mundiales. Porque las cuestiones de justicia no son de opción personal, son de exigencia social.  Y una sociedad que no comparte los elementos más básicos de qué es lo justo no puede construir conjuntamente.” Eso claramente alude a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta de alcanzarlos sin dejar a nadie atrás. Un reto que, mientras el mundo se siga moviendo en medio de conflictos violentos luce inalcanzable. Porque no es asunto sólo de gobiernos que declaran guerras o arman colectivos irregulares, sino también de madres y padres permisivos frente al uso de juegos y videojuegos que promueven y emulan la violencia. Es por normalizar la ira como emoción preponderante, en vez de aferrarse a todas ellas de acuerdo a cada momento vital para resguardar la salud psíquica de manera más satisfactoria y humana.

Infomujer Venezuela #70 |Política de violencia en Venezuela

 

Mientras otros países trabajan activamente por la equidad de género la ya larga crisis humanitaria de Venezuela que mantiene a la nación cada vez más empobrecida, producto de la corrupción y la ineficiente administración de los recursos nacionales dificulta nuestro avance. Pero las organizaciones no gubernamentales siguen firmes en hacer visibles las injusticias que afectan a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, la Red de Mujeres Constructoras de Paz realizó un estudio en 13 estados del país, que recoge evidencia de las múltiples formas de violencia contra las mujeres que siguen padeciendo las venezolanas: 40% de las encuestadas aseguró no tener acceso a productos para la gestión menstrual, es decir, carecen de los recursos sanitarias mínimos para hacer frente a la regla, cada mes. Esta es una forma de violencia pasiva en la que pareciera no haber un agresor, pero cuando el Estado no es capaz de garantizar todos los derechos para todas las personas, las culpas se van aclarando.

Hasta ahora los esfuerzos no son suficientes si 21% de las encuestadas no sabe a dónde acudir en caso de sufrir o ser testigo de un caso de violencia de género. Esto las hace más vulnerables en un país en el que la violencia psicológica queda en evidencia porque 67 de cada 100 consultadas aseguró haber recibido comentarios despectivos al menos una vez, mientras que 41% admitió haber recibido invitaciones, tocamientos o acercamientos no deseados, ofensivos e incómodos en las calles. Lo que constituye la base de la violencia de género pero que no se detiene ahí, porque Según la organización @_Cepaz  a las venezolanas las matan en sus propias casas, así lo arroja su monitoreo de femicidos, para agosto 2023 según el cual 54,2% de los femicidios consumados ocurrieron en la casa de habitación de la mujer y otro 12,5% en la que compartía con su pareja.

La seguridad de las mujeres es una deuda del Estado venezolano porque las que no son asesinadas tienen que vivir con miedo y las cicatrices de todos los maltratos acumulados, a los que se suma que sean obligadas a asumir todos los embarazos, los cuidados de niñas y niños, de los adultos mayores y de quienes se enferman en el hogar.

Pero esa deuda también tiene una repercusión continental. A pesar de que el gobierno de Venezuela anunció en el 2017 su retiro de la Organización de Estados Americanos, esta instancia regional sigue de cerca lo que pasa en el país con la clara conciencia de que como vecinos, lo que afecta a unos repercute sobre el resto. Porque ya están entendiendo que los desplazamientos forzados de venezolan@s por toda la región han convertido el modelo económico delictivo nacional en un gran riesgo para todo el continente. Pero la OEA firme en su propósito de afianzar la paz y la seguridad del Continente, promover y consolidar la democracia representativa, acaba de publicar mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto integrada mayoritariamente por mujeres, el informe sobre Personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. En el que se reconoce como causa de este éxodo los conflictos en el país y las limitaciones a las libertades civiles y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, entre otros que siguen enfrentando quienes resisten dentro de las fronteras. Pero las personas desplazadas enfrentan otros peligros tanto en los países de tránsito como en los de acogida, así como barreras para acceder a servicios básicos como atención médica, vivienda y educación. Dada la discriminación estructural e histórica popularmente conocida como machismo, tanto dentro como fuera del país, la situación es más grave para mujeres y niñas. La publicación recoge que entre 2014 y 2021 se ha reducido el empleo formal 21.8 puntos porcentuales[1], alrededor de 4.4. MM de empleos y dada la discriminación contra las mujeres, su participación en el sector laboral formal fue del 43% en el periodo 2019-2020, es decir la tasa más baja de América Latina[2]. Y cuado se toma en cuenta que en Venezuela las mujeres son jefas de hogar en el 72,7% de los hogares más pobres, teniendo que sostener a familias de hasta 4 miembros[3]. Son cifras muy rojas, que existen, a pesar de la opacidad informativa y que tendrá que tener en cuenta la Misión Venezuela Mujer, la más reciente creación del gobierno Madurista para eliminar la brecha de género.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]Anova. Breve Reseña del Mercado Laboral Venezolano: Qué dicen los datos más recientes. 22 de septiembre de
2020.

[2] Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB. Condiciones de vida de los venezolanos: entre emergencia
humanitaria y pandemia | ENCOVI 2021. Septiembre de 2021.

[3] Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Aliadas en Cadena. La salud de las mujeres
en Venezuela: Crisis del sistema sanitario y COVID-19. 2021

Infomujer Venezuela #69 |Género y desempeño de Fiscalía octubre 2023

El monitoreo ciudadano de las actuaciones publicadas por el Ministerio público venezolano en relación a la violencia de género durante el mes de octubre arroja datos alarmantes, entre los que destaca que en las 13 condenas logradas por abuso sexual, todos los delincuentes actuaron  contra Niñas, Niños y Adolescentes. Según el mismo fiscal el abuso infantil evidencia un repunte de denuncias desde el 2021, sostenido en el 2022, especialmente durante este último año que  finaliza ya y que coincide con la puesta en marcha de la campaña de este ministerio Pedofilia es Crimen. Pero las instancias de Salud, educación y seguridad ciudadana siguen sin activarse para dar respuesta en ésta área.

Durante el décimo mes sólo figura una sentencia por femicidio, a pesar de que en septiembre, el propio ente anunció que fueron capturados los asesinos de 3 mujeres, dos de cuyas muertes la fiscalía calificó de homicidio, habiendo evidencia de que los delitos fueron cometidos por razones de género. En total, sólo tres femicidios de los quince contabilizados por Utopix.cc para septiembre.

Invisibilizar la violencia contra las mujeres es una vieja práctica patriarcal que las organizaciones feministas están comprometidas en destacar porque es cómplice de los crímines contra mujeres y salvo en el renglón de femicidio o femicidio frustrado las mujeres están desaparecidas de los registros publicados por la fiscalía durante octubre. Entre los que se desestimó, por cierto, la muerte de la oficial militar Elinés María Oliveiro como femicidio y fue calificado de suicidio después de muchas diligencias, incluidas varias autopsias con las que se descartó la denuncia de la familia que señalaba múltiples signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Ante la duda, queda recordar que también el pasado octubre, el Fiscal actuó en ginebra como defensor del gobierno.

A propósito de los delitos de violencia de género, parece necesario mencionar que se cometen contra personas, de allí que un imputado con varias víctimas debe ser juzgado por los crímenes cometidos contra cada una de ellas, como delitos separados. El castigo al agresor es parte del derecho de las víctimas a ser resarcidas, las sentencias globales sólo benefician al agresor, como en el caso de Albert José Arismendi Marval agresor de tres víctimas todas de menos de 9 años de edad para quienes la pena máxima, 30 años de carcel, recibida por su tío probablemente sea insuficiente.

 Otra tendencia que destaca en las actuaciones difundidas en octubre es que cuando el delincuente sexual supera los 40 años las condenas son de más de 15 años de prisión, pero por debajo de los cuarente las sentencias no llegan a los 15 años. Es incluso más notorio el caso de  Edicson Johan Gómez Ruiz (efectivo de Politáchira) sentenciado por abuso sexual de su sobrina pero quien recibió la condena más leve dictada en octubre, poco más de 9 años de prisión. Lo cual es más preocupante porque ese mes hay otros dos casos de funcionarios policiales investigados por violencia de género, uno de ellos en fuga, el oficial de Policía Oliver Contreras, de Carabobo.

Digno de recordar es que el mes pasado no aparecieron reflejadas entre las difundidas las actuaciones del ministerio público en materia de violencia de género, en los estados Amazonas, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, y Monagas, a pesar de que en casi todos ellos ocurrieron femicidios en septiembre. 

En octubre el Preso Político Wilder Vásquez cumplió la pena impuesta por la juez Hennit López, y aún permanece en prisión. La participación de mujeres en el sistema judicial o en cualquier espacio de poder no garantiza que actúe con justicia, si su subjetividad permanece sustentada  sobre el patrón de relaciones hegemónico que naturaliza la arbitrariedad y la violencia.