Infomujer Venezuela #70 |Política de violencia en Venezuela

 

Mientras otros países trabajan activamente por la equidad de género la ya larga crisis humanitaria de Venezuela que mantiene a la nación cada vez más empobrecida, producto de la corrupción y la ineficiente administración de los recursos nacionales dificulta nuestro avance. Pero las organizaciones no gubernamentales siguen firmes en hacer visibles las injusticias que afectan a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, la Red de Mujeres Constructoras de Paz realizó un estudio en 13 estados del país, que recoge evidencia de las múltiples formas de violencia contra las mujeres que siguen padeciendo las venezolanas: 40% de las encuestadas aseguró no tener acceso a productos para la gestión menstrual, es decir, carecen de los recursos sanitarias mínimos para hacer frente a la regla, cada mes. Esta es una forma de violencia pasiva en la que pareciera no haber un agresor, pero cuando el Estado no es capaz de garantizar todos los derechos para todas las personas, las culpas se van aclarando.

Hasta ahora los esfuerzos no son suficientes si 21% de las encuestadas no sabe a dónde acudir en caso de sufrir o ser testigo de un caso de violencia de género. Esto las hace más vulnerables en un país en el que la violencia psicológica queda en evidencia porque 67 de cada 100 consultadas aseguró haber recibido comentarios despectivos al menos una vez, mientras que 41% admitió haber recibido invitaciones, tocamientos o acercamientos no deseados, ofensivos e incómodos en las calles. Lo que constituye la base de la violencia de género pero que no se detiene ahí, porque Según la organización @_Cepaz  a las venezolanas las matan en sus propias casas, así lo arroja su monitoreo de femicidos, para agosto 2023 según el cual 54,2% de los femicidios consumados ocurrieron en la casa de habitación de la mujer y otro 12,5% en la que compartía con su pareja.

La seguridad de las mujeres es una deuda del Estado venezolano porque las que no son asesinadas tienen que vivir con miedo y las cicatrices de todos los maltratos acumulados, a los que se suma que sean obligadas a asumir todos los embarazos, los cuidados de niñas y niños, de los adultos mayores y de quienes se enferman en el hogar.

Pero esa deuda también tiene una repercusión continental. A pesar de que el gobierno de Venezuela anunció en el 2017 su retiro de la Organización de Estados Americanos, esta instancia regional sigue de cerca lo que pasa en el país con la clara conciencia de que como vecinos, lo que afecta a unos repercute sobre el resto. Porque ya están entendiendo que los desplazamientos forzados de venezolan@s por toda la región han convertido el modelo económico delictivo nacional en un gran riesgo para todo el continente. Pero la OEA firme en su propósito de afianzar la paz y la seguridad del Continente, promover y consolidar la democracia representativa, acaba de publicar mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto integrada mayoritariamente por mujeres, el informe sobre Personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. En el que se reconoce como causa de este éxodo los conflictos en el país y las limitaciones a las libertades civiles y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, entre otros que siguen enfrentando quienes resisten dentro de las fronteras. Pero las personas desplazadas enfrentan otros peligros tanto en los países de tránsito como en los de acogida, así como barreras para acceder a servicios básicos como atención médica, vivienda y educación. Dada la discriminación estructural e histórica popularmente conocida como machismo, tanto dentro como fuera del país, la situación es más grave para mujeres y niñas. La publicación recoge que entre 2014 y 2021 se ha reducido el empleo formal 21.8 puntos porcentuales[1], alrededor de 4.4. MM de empleos y dada la discriminación contra las mujeres, su participación en el sector laboral formal fue del 43% en el periodo 2019-2020, es decir la tasa más baja de América Latina[2]. Y cuado se toma en cuenta que en Venezuela las mujeres son jefas de hogar en el 72,7% de los hogares más pobres, teniendo que sostener a familias de hasta 4 miembros[3]. Son cifras muy rojas, que existen, a pesar de la opacidad informativa y que tendrá que tener en cuenta la Misión Venezuela Mujer, la más reciente creación del gobierno Madurista para eliminar la brecha de género.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]Anova. Breve Reseña del Mercado Laboral Venezolano: Qué dicen los datos más recientes. 22 de septiembre de
2020.

[2] Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB. Condiciones de vida de los venezolanos: entre emergencia
humanitaria y pandemia | ENCOVI 2021. Septiembre de 2021.

[3] Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Aliadas en Cadena. La salud de las mujeres
en Venezuela: Crisis del sistema sanitario y COVID-19. 2021

Infomujer Venezuela #69 |Género y desempeño de Fiscalía octubre 2023

El monitoreo ciudadano de las actuaciones publicadas por el Ministerio público venezolano en relación a la violencia de género durante el mes de octubre arroja datos alarmantes, entre los que destaca que en las 13 condenas logradas por abuso sexual, todos los delincuentes actuaron  contra Niñas, Niños y Adolescentes. Según el mismo fiscal el abuso infantil evidencia un repunte de denuncias desde el 2021, sostenido en el 2022, especialmente durante este último año que  finaliza ya y que coincide con la puesta en marcha de la campaña de este ministerio Pedofilia es Crimen. Pero las instancias de Salud, educación y seguridad ciudadana siguen sin activarse para dar respuesta en ésta área.

Durante el décimo mes sólo figura una sentencia por femicidio, a pesar de que en septiembre, el propio ente anunció que fueron capturados los asesinos de 3 mujeres, dos de cuyas muertes la fiscalía calificó de homicidio, habiendo evidencia de que los delitos fueron cometidos por razones de género. En total, sólo tres femicidios de los quince contabilizados por Utopix.cc para septiembre.

Invisibilizar la violencia contra las mujeres es una vieja práctica patriarcal que las organizaciones feministas están comprometidas en destacar porque es cómplice de los crímines contra mujeres y salvo en el renglón de femicidio o femicidio frustrado las mujeres están desaparecidas de los registros publicados por la fiscalía durante octubre. Entre los que se desestimó, por cierto, la muerte de la oficial militar Elinés María Oliveiro como femicidio y fue calificado de suicidio después de muchas diligencias, incluidas varias autopsias con las que se descartó la denuncia de la familia que señalaba múltiples signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Ante la duda, queda recordar que también el pasado octubre, el Fiscal actuó en ginebra como defensor del gobierno.

A propósito de los delitos de violencia de género, parece necesario mencionar que se cometen contra personas, de allí que un imputado con varias víctimas debe ser juzgado por los crímenes cometidos contra cada una de ellas, como delitos separados. El castigo al agresor es parte del derecho de las víctimas a ser resarcidas, las sentencias globales sólo benefician al agresor, como en el caso de Albert José Arismendi Marval agresor de tres víctimas todas de menos de 9 años de edad para quienes la pena máxima, 30 años de carcel, recibida por su tío probablemente sea insuficiente.

 Otra tendencia que destaca en las actuaciones difundidas en octubre es que cuando el delincuente sexual supera los 40 años las condenas son de más de 15 años de prisión, pero por debajo de los cuarente las sentencias no llegan a los 15 años. Es incluso más notorio el caso de  Edicson Johan Gómez Ruiz (efectivo de Politáchira) sentenciado por abuso sexual de su sobrina pero quien recibió la condena más leve dictada en octubre, poco más de 9 años de prisión. Lo cual es más preocupante porque ese mes hay otros dos casos de funcionarios policiales investigados por violencia de género, uno de ellos en fuga, el oficial de Policía Oliver Contreras, de Carabobo.

Digno de recordar es que el mes pasado no aparecieron reflejadas entre las difundidas las actuaciones del ministerio público en materia de violencia de género, en los estados Amazonas, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, y Monagas, a pesar de que en casi todos ellos ocurrieron femicidios en septiembre. 

En octubre el Preso Político Wilder Vásquez cumplió la pena impuesta por la juez Hennit López, y aún permanece en prisión. La participación de mujeres en el sistema judicial o en cualquier espacio de poder no garantiza que actúe con justicia, si su subjetividad permanece sustentada  sobre el patrón de relaciones hegemónico que naturaliza la arbitrariedad y la violencia.

Infomujer Venezuela #68/Pobreza y género

 

En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas se casa antes de cumplir los 18 años. Como consecuencia de los matrimonios infantiles la salud de ellas se ve afectada por embarazos prematuros, mortalidad materno-infantil, abandono de su educación y bajos niveles de alfabetización, enfermedades de transmisión sexual (como el VPH que no tratado puede derivar en cáncer), pero además, para ellas eso representa mayores niveles de dependencia económica y, en general, menor participación económica y política. Es decir, las hace más pobres. Según la CEPAL en 2019, 56,7 % de las mujeres en América Latina y el Caribe contaban con un empleo informal, caracterizado por inestabilidad, salarios bajos y protección  social nula o muy baja.

Desde una perspectiva de género, la erradicación de la pobreza pasa por intervenir realidades sociales que tienen que mejorar los niveles de vida, los logros educativos y los indicadores de salud. Cuando los Estados no tienen la capacidad de cumplir con esos mandatos básicos y sus estructuras no pueden adaptarse para suplir las necesidades elementales de la población, la ayuda humanitaria se diluye sin alcanzar la raíz del problema.

En Venezuela con la profunda crisis humanitaria, modificar esta realidad implica que se tomen acciones urgentes como control de embarazos no deseados, que actualmente las mujeres no pueden prevenir porque sus costos están fuera de su alcance. Además, completar su educación para no quedar excluidas de empleos que podrían proporcionar mayores beneficios económicos. Sin embargo, según ENCOVI 2022 a los 15 años sólo 90% de la población está inscrita en el sistema educativo y a los 18 este índice apenas si alcanza al 30%. En un país en crisis la pertinencia de la oferta educativa es esencial,  la formación técnica, además de la científica, en ingeniería o matemáticas, por ejemplo debe ser implementada. Del total de la población adulta, solo entre el 5 % y el 15 % de las personas poseen habilidades y destrezas informáticas para resolver problemas de nivel medio o alto en entornos tecnológicos que son una demanada de los tiempos actuales.

Según el Banco Interamerciano de Desarrollo para el 2020, se evidenciaba una brecha entre 11 y 7 puntos por debajo para las mujeres usando Internet para actividades relacionadas con el trabajo y trámites administrativos o públicos, es decir la falta de habilidades digitales y uso de estas herramientas las afecta más. Pero además hay que considerar que en el país existe la tendencia, igual que en el resto de la región, de que las niñas, mucho más que los varones abandonen la educación porque se les imponen tareas en el hogar (cuidado de la infancia y enfermos que deberían asumir las instituciones del Estado).

De allí la necesidad de trabajar en la justicia familiar y abordar las normas de género (factores culturales) que inciden sobre lo anteriormente señalado, a través de intervenciones sociales para proteger y empoderar a las mujeres y darles acceso a la participación igualitaria en mercados laborales. A fin de avanzar en la eliminación de las desigualdades en las que se solapa la violencia contra las mujeres y encaminar a la sociedad venezolana hacia el goce de todos los derechos para todas las personas.

Infomujer Venezuela #67 | Corrupción y Trata de personas

 

La violencia armada útil para la instauración del crimen organizado en Venezuela, que es la razón real detrás de los desplazamientos forzados de millones de personas en los últimos diez años, dentro y fuera del territorio nacional, también es la causa de que migrantes expongan sus vidas en travesías sin condiciones de seguridad mínima. Además del riesgo de muerte, quienes marchan por rumbos inciertos, u otros más o menos conocidos, enfrentan los peligros de la trata de personas, que el mismo crimen organizado ha expandido por las rutas que sigue el éxodo en tiempos recientes. Pero incluso dentro de las propias fronteras nacionales los desplazamientos son forzados no sólo por grupos armados irregulares al amparo de una política de Estado permisiva, si no, cómplice. 

Las víctimas más notorias son los pueblos indígenas, porque en general, son invisibles para el resto de la sociedad, que como una reminiscencia colonial sigue despreciando su modo de vida tan contrastante con el europeo impuesto. Sin embargo, el emergente liderazgo femenino en varias poblaciones autóctonas y el persistente trabajo de organizaciones de la sociedad civil mantienen vivo frente a la opinión pública su esfuerzo y discurso de resiliencia. Por eso es que hoy se habla del saqueo y destrucción de territorios ancestrales indígenas, de la deforestación de bosques vírgenes más alta de la región, del deterioro masivo de los sistemas fluviales y la contaminación con sustancias tóxicas por la explotación minera. Pero además hay que hablar de que esas zonas Estados-sociedades paralelos, como hasta hace un mes lo era el penal de Tocorón en el estado Aragua, son centros de poder violentos en los que impera la esclavitud moderna. La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya contemplaba la explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna en las áreas mineras al sur del Orinoco que incluye la prostitución forzada de niñas entre 11 y 17 años. Incluso con conocimiento y participación de las fuerzas de seguridad formales, por lo que el aumento de la presencia militar en estas regiones está lejos de ser la respuesta adecuada. Esta semana fue consignada por la ONG Foro Penal, en el estado Amazonas, la denuncia por el asesinato de Luis Manuel Higuera Moreno, joven amazonense durante el desalojo que hizo la operación militar Autana 2023 en el campamento minero Cacique del parque nacional Yapacana.

En estas mismas condiciones se ven implicadas mujeres y niñas de todo el país que llegan a la que es, prácticamente, la única área productiva nacional, en busca de mejores condiciones de vida. Y aunque no sorprenda, hay que hacer notar que en el llamado arco minero apenas si se registran actuaciones del Ministerio Público en materia de violencia de género o de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio de Asuntos Indígenas. A pesar de que se han documentado masacres, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, sumadas a lo antes mencionado, es decir que se trata de una zona especialmente vulnerable. Aunque habrá quien sugiera que se trata de eventos aislados sobre los que no se actúa con la prontitud deseada, vale recordar que en los últimos diez años se contabilizaron por lo menos siete inundaciones que afectaron a distintos pueblos y comunidades indígenas a lo largo de los ríos que habitan en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, tal como lo señalaron Clima 21, Odevida y Mulier en el informe que presentaron ante la CEDAW  este año. Por lo que sería ingenuo pensar en negligencia sistemática y no en política pública, dada la opacidad informativa que pretende encubrir la escalada de violencia contra personas defensoras de territorios, de derechos humanos y ambientales. 

Todo esto al abrigo de un sistema de justicia parcializado puesto que 18 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados en 2022 tienen vínculos probados con el oficialismo, tal como lo recoge el Informe alternativo de Acceso a la Justicia en la ONU. Pero además los fiscales del Ministerio Público no gozan de estabilidad en sus cargos, pues la mayor parte de ellos son designados de forma provisoria. Por eso no se están tomando medidas específicas para prevenir y combatir la corrupción.