Infomujer Venezuela #75 | Mujer y Estado de derecho

 

El estado de derecho garantiza que la cudadanía goza de todos los derechos consagrados en las leyes y pactos de derechos humanos acordados por el país, así lo establece también la Constitución venezolana. Sin embargo, en la práctica, las instancias judiciales se mueven como un sistema represivo gubernamental. Según la organización @cepaz esta política de persecución y criminalización impacta la garantía de los derechos cívicos, como lo son los derechos de asociación, reunión, manifestación, opinión y participación. La persecución con fines políticos pretende silenciar voces disidentes y sembrar el terror para desactivar el ejercicio de la ciudadanía activa.

Según la organización @foropenal hasta el 11 de diciembre registran en Venezuela 276 presos políticos. 147 son militares y 129 civiles. De los 276 sólo 137 tienen condena. Como lo publicara el diario @Talcual, 56
% de la población en presidio paga condena anticipada por el retardo procesal Estas estadísticas también incluyen mujeres.

Ivonne Barrios, ama de casa venezolana, privada de libertad con fines políticos desde el 12/09/2020. Esperó 5 meses detenida por su audiencia preliminar que fue realizada el 21/02/2021. Sigue recluida en el INOF. Carla Da Silva, Lic en administración, luso-venezolana, privada de libertad con fines políticos desde el 05/05/2020. Está recluida en el Helicoide. María Auxiliadora Delgado, ciudadana española, privada de libertad con fines políticos desde el 19/03/2019 Sin orden judicial. El  02/10/2019 fue excarcelada y nuevamente aprehendida por orden del mismo tribunal que la liberó. Acusada, junto a su esposo, de supuestos planes conspirativos está encerrada en el DGCIM de Boleita. Angela Expósito, privada de libertad con fines políticos desde el 21/09/2018. Es docente y antes de ser detenida era activista protectora de animales. Está detenida en el Helicoide. Marifrancys Marcano, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. Es comerciante y la relacionan con militares vinculados a un supuesto asalto en Los Teques. Permanece recluida en el INOF. Ana María Pernía, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. Comerciante. Es acusada de terrorismo y de financiamiento al terrorismo. También está en el INOF. Emirlendris Benítez, privada de libertad con fines políticos desde el 05/08/2018. Fue víctima de torturas durante su embarazo, que le causaron la pérfida de su bebé. Emirlendris tiene medidas cautelares de la @CIDH y Sigue en el INOF. Yanin Pernía, privada de libertad con fines políticos desde el 04/08/2018. También en el INOF. Yusimar Montilla, Sgto 2do del Ejercito Nacional Bolivariano. Privada de libertad con fines políticos desde el 15/06/2019 en Ramo Verde. Marifrancys Marcano, privada de libertad con fines políticos desde el 25/04/2020. La relacionan con militares vinculados a un supuesto asalto en Los Teques. Está encarcelada en el INOF. Didelis Corredor, TSU en informática, privada de libertad con fines políticos desde el 14/07/2023. Encarcelada en el CICPC El Llanito. Vicmarys Oropeza, sargento primero infanteria de Marina, privada de libertad con fines políticos desde el 16/09/2022. Está presa en el INOF. Arianny Sánchez, modelo, privada de libertad con fines políticos desde el 31/03/2022. Está recluida en el CPO Santa Ana. Layla Miranda, TSU en enfermería; privada de libertad con fines políticos desde el 16/08/2022. Está encarcelada en el CICPC Parque Carabobo. María Fernanda Silva Beroes y Elizabeth Silva Beroes, la primera detenida arbitrariamente en una “alcabala”, sin orden judicial. Posteriormente también fue privada de libertad con fines políticos su hermana Elizabeth. Ambas incriminadas a través de medios de comunicación por autoridades, como señala la ONG Defiende Venezuela. Al igual que todas las recordadas aquí se les viola el debido proceso y el derecho legítimo a una defensa de su confianza.

Son 19 presas a las que se desconoce sus derechos humanos. Muchas han desarrollado afecciones de salud por las condiciones inhumanas de reclusión, además de las que tenían enfermedades preexistentes y no reciben los tratamientos prescritos. Varias de estas presas políticas tienen familiares directos que dependen de ellas y han quedado desamparados, víctimas invisibles de esta violencia contra la mujer. Son varios los presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado, en circunstancias sospechosas o por falta de cuidados médicos, entre otras causales.

Aunque no es consuelo para estas víctimas, el Estado Venezolano sigue bajo escrutinio internacional por violaciones a los derechos humanos. Así que esperamos poder hacer pronto un reporte de que en Venezuela no hay ya más presas ni presos políticos.

Infomujer Venezuela #74 | Esclavitud moderna-Trata de personas

 

Según las estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para septiembre 2022, el trabajo forzoso afectaba prácticamente a todos los sectores de la economía privada. Pero los cinco sectores que concentran la mayor parte, 87 por cien de la población adulta son: los servicios, industria manufacturera, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico. El trabajo forzado es una forma de trata de personas, un delito en el que se han visto incursas grandes trasnacionales, al igual que grupos bien organizados y estructurados en pequeñas células de 4 o 5 personas que apenas si conocen un lider, pero están infiltradas en instituciones con poder e influencia. 

Una de las causales que empujan a trabajar de forma precaria a las personas es que se ven obligadas a desplazarse a través de territorios o fuera de sus naciones, sin la documentación reglamentaria ni la seguridad mínima. Por eso cuando los Estados no garantizan el derecho ciudadano a la identidad y documentación legal se convierten en promotores de la esclavitud moderna.  Los convencionalismos de hoy pueden concordar en que en todas las Naciones existan sectores de la población especialmente vulnerables. Pero cuando esa vulnerabilidad alcanza un cuarto de la población la responsabilidad del Estado no puede ser ignorada. Por ejemplo, Venezuela falta en los tres primeros objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito en 2018. Pues omite el primero Reforzar la elaboración de políticas basadas en datos y derechos humanos y el discurso público sobre la migración; el segundo,  Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, y tal como acabamos de señalar, también el tercero, Garantizar los derechos de los inmigrantes a la información y a la identidad legal.

En Venezuela las trochas son los principales pasos de trata de personas, sobre todo, para la explotación sexual por parte de los guerrilleros”, según entrevistas realizadas por la mencionada ONG. “Trabajadores migrantes presentan más del triple de probabilidades de estar en situación de trabajo forzoso que sus contrapartes no migrantes. Incluidas las prácticas de contratación injustas y poco éticas.

En estos términos lo publicó la revista colombiana Semana: “El primer peaje lo cobra una banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua, que ha permeado desde hace varios meses la frontera. Un miembro de esta estructura recibe 20.000 pesos por cada viajero. Al día, pueden transitar por esta trocha más de 500 personas.”

En diferentes estudios que abordan el tema de la trata de personas, coinciden en evidenciar que las mujeres y niñas migrantes tienen mayores probabilidades de ser víctimas del delito, ya que los grupos criminales dedicados a esta actividad las prefieren para obligarlas a ejercer la prostitución mediante la violencia, la adicción a las drogas, la manipulación y la extorsión.

Para quienes residen en el país los riesgos de la trata también son altos. Según una investigación de transparencia Venezuela el estado Nueva Esparta es uno de los principales destinos a donde son trasladadas las víctimas de trata. Además en los estados Táchira y Bolívar se han encontrado casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), por parte de grupos armados irregulares. También en el estado Sucre hay poblaciones como San Juan de Las Galdonas, que se encuentran ocupadas por bandas criminales. En Zulia se cuenta el mayor número de víctimas identificadas, incluso en casi todas las parroquias de Maracaibo.

Aunque está fuera del mapa elaborado por Transparencia Venezuela, el mes pasado se conformó en el estado Apure la red de trata, con participación de ongs y organismos públicos, tras haberse hecho públicos cuatro casos de trata en el estado llanero, sólo en este año de acuerdo a la oficina de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo apureña.

En Venezuela cada vez son más necesarias políticias públicas centradas en las personas y los derechos humanos. Frente a esta omisión del Estado, la ayuda humanitaria que ofrecen países amigos también puede contribuir en este camino.

Infomujer Venezuela #73 | Monitoreo Fiscalía y VBG noviembre

 

Como cada primer viernes de mes presentamos un monitoreo de las actuaciones difundidas por el Ministerio público venezolano en materia de violencia de género. Finalizado el mes de noviembre que coincide con el aniversario de la fiscalía, ocasión que el titular de ese despacho aprovechó para realizar una rendición de cuentas superficial en la que señaló que estos delitos en 2022 constituyeron 12.509 casos, lo que representa, según el organismo, una disminución de 65,4 % con respecto a los 36.139 casos de 2017.

Una vez más la fiscalía omite hablar de femicidios pero según la organización @Utopix.cc de enero a octubre de este año ha habido 169 femicidios en Venezuela. Un promedio de 16 mujeres asesinadas por ser mujeres cada mes, pero en contraste, el monitoreo de noviembre encontró que fueron dictadas sólo tres condenas por femicidio, uno en grado de frustracón. Los femicidas sentenciados usaron en cada caso arma blanca, arma de fuego y golpes. Aunque son dos condenas más que el mes pasado y 3 más que en septiembre sigue habiendo una enorme deuda de justicia.

Además fueron sentenciados dos hombres por abuso sexual de 3 mujeres, uno de los cuales tuvo cómplices que siguen sin castigo. En un caso se empleó arma blanca. En las otras 5 condenas por este delito, los crímenes fueron cometidos contra NNA, uno en el espectro autista. Los agresores en estos casos fueron primo, profesor, tíos y conocidos. Pero curiosamente en sus recientes declaraciones el alto funcionario público pasó por alto ofrecer datos referidos al abuso infantil, más allá de reseñar la campaña Pedofilia es crimen. Sin embargo, las 5 sentencias de noviembre por abuso sexual infantil contrastan con las 13 condenas logradas en octubre y con las 4 privativas de libertad solicitadas en noviembre por abuso sexual de menores. Este crimen contra la infancia sigue ocurriendo también con muy pocos castigos para la violencia machista.

Vale destacar que en uno de los casos la denuncia fue realizada por una institución educativa, aunque mayoritariamente, quienes denuncian las madres de las víctimas. También se reportaron 2 detenidos por violencia física contra mujeres. La violencia de género está siendo sancionada cuando las víctimas denuncian pero sigue habiendo retardo procesal para juzgar casos de hasta 5 años abiertos.

En noviembre también fue reseñada la captura de tres hombres incursos en el delito de trata de personas del que fueron víctimas tres adolescentes.

En el último trimestre del año siguen sin aparecer reflejadas actuaciones del ministerio público en materia de violencia de género, en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta amacuro, Guárico, Lara, Mérida y Monagas. Si las hubo en Trujillo 4, Bolívar 2, Zulia, Táchira 2, Nueva Esparta, Portuguesa, Carabobo, Cumaná, Miranda, Yaracuy 3, Aragua.

A pesar de que el fiscal habló de respuestas oportunas y de cifras extremadamente positivas, cuando la respuesta de este ente sea suficiente para terminar con la impunidad, se acabarán los femicidios en el país y las mujeres verán garantizadas sus vidas e integridad física y emocional. Pero hasta ahora la realidad es que la crisis humanitaria venezolana las ha forzado a desplazarse por rutas poco seguras. Según la base de datos de Cotejo.info la cantidad de mujeres asesinadas de forma violenta fuera de nuestras fronteras este año es de 31 venezolanas. Colombia es el país que registra una mayor cantidad con 14 casos, le sigue Perú (6), Estados Unidos (5), Chile (3), Ecuador (2) y México (1). Las causas del éxodo siguen sin revertirse, los derechos humanos no se garantizan a toda la población, la gestión del país en considionces de justicia e igualdad sigue siendo un objetivo lejos de alcanzar.

Infomujer Venezuela #72 | Migración forzosa venezolana

 

La encuesta global de la consultora Edelman recoge con precisión la crisis de credibilidad que atraviesan los políticos en América Latina y explica por qué los ciudadanos optan por confiar en las empresas y en las Organizaciones No Gubernamentales. Fue levantada en los países más grandes de sur América, Méjico, Colombia, Argentina y Brasil y analizan este problema de confianza señalando su causa en la polarización existente en la población.  En términos tales como que preferiría no tener como vecinos a quienes piensan diferente. La trascendencia de esto ha sido muy notoria en días recientes, durante los partidos de futbol clasificatorios para el mundial del próximo año. En Perú contra la delegación y fanaticada venezolana y en Brasil contra la hinchada Argentina al finalizar el encuentro de esas grandes rivales. En ambos hubo represión policial.

Y es que la casi nula disposición para vivir las diferencias cobra fuerza en un mundo que está naturalizando los desenlaces violentos para cualquier conflicto, lo cual implica, de paso, la negación de derechos. Esto ha estado afectado a quienes migraron  de Venezuela en tiempos recientes, puesto que aún habiendo declarado la ONU la crisis humanitaria en el país, todavía hay vecinos que se niegan a actuar en consecuencia. Según la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) para el 2021 Perú era el país con más solicitudes pendientes de asilo en la región[1], es decir, sin resolver, pero además su política de Estado no aplica la Declaración de Cartagena de 1984 que ofrece una definición más amplia de refugiado como la persona que huye de su país porque su vida, seguridad y libertad son amenazadas por la violación masiva de derechos humanos. En cambio se acoge a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su protocolo (1967) y que limita la protección por persecución a razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. De esta manera muy pocas personas solicitantes recibirán el estatus legal de refugiado. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los países de la región a trabajar para implementar mejores prácticas en el trato de migrantes. Pero la realidad es que el enorme éxodo venezolano tomó por sorpresa a toda la región y la capacidad de responder satisfactoriamente en términos de respeto a los derechos humanos ha sobrepaso a todas las naciones hermanas. Por lo que cada vez ha resultado más dificil para las últimas oleadas conseguir fuera, condiciones más humanas de las que hay en el país.

Es un hecho que las economías siempre se benefician del trabajo esclavo y la explotación laboral, y en general hay muy pocos esfuerzos reales para remediar esta situación. Pero es una cara de la moneda que quienes migran van a enfrentar, por  eso, acceder a los recursos para ayudar a sus familias que quedan atrás resulta muy cuesta arriba para muchos. Pues enfrentan oportunidades limitadas de integración y obtención de medios de vida que varían de una nación a otra.

Para septiembre de este año la plataforma R4V señala que son Brasil y Colombia los países que registran población migrante con mayores necesidades. De los 6.5  millones de migrantes que han sido acogidos en latinoamérica y el caribe[2],  Mujeres, niñas y niños representan 67% de esa población. Cabe detacar que este año hay  medio millón más de migrantes de las contabilizadas hasta el año pasado.

Lo señalado hasta aquí es una realidad que quienes migran deben conocer, y que especialistas llaman falta de integración sostenible en los países de acogida, por lo que las tendencias de los desplazamientos sucesivos, observadas desde el 2020, es una dinámica de movimiento sin precedentes, intensa y multidireccional, pero cada vez más orientada hacia Centroamérica y Norteamérica.

Cabe la pregunta ¿Hasta cuando podrá continuar la asistencia humanitaria si cada vez hay más desplazamientos forzados por las incapacidades de los gobiernos de garantizar derechos humanos?

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[1] Plataforma R4V, Refugiados venezolanos Reconocidos, 30 de junio de 2021

[2] Plataforma R4V, Análsis de Refugiados y Migrantes , Septiembre de 2023

Infomujer Venezuela #71 | Infancia y trata de personas

 

Según el cónsul colombiano David Hadad, 582 menores de edad que han intentado cruzar la frontera de Venezuela con Colombia este año y los 800 que lo hicieron en el 2022, podrían ser víctimas de trata de personas. Un crimen que está ocurriendo en territorio venezolano, donde se capta infantes y adolescentes para explotarles sexual o laboralmente en condiciones de esclavitud moderna.

Que esto ocurra en un país con tantas alcabalas y puestos de vigilancia en casi todas las vías terrestres, en las cuales guardia nacional y policía permanecen desplegadas continuamente es, por decir lo menos, insólito. Pero además es la prueba más contundente de su falta de efectividad para atender las necesidades de seguridad y protección de la población en situación de vulnerabilidad. Por no mencionar el impacto que sí tienen contra la soberanía alimentaria al incidir, directamente, en el encarecimiento de los productos agropecuarios con las muchas y muy altas gratificaciones asociadas a cada camión que detienen.

Mientras tanto la ciudadanía queda indefensa frente a las mismas instituciones que deberían resguardarla. Tal como ha señalado y explicado el feminismo acertadamente, estas son parte de las implicaciones de que el machismo o patriarcado haya penetrado

a las instituciones de tal manera que violar acuerdos y convenciones internacionales parezca cosa insignificante. Eso se refleja en la falta de transparencia de la gestión pública, en la impunidad de los crímenes de violencia de género, y en general, en que se adeuden más leyes y políticas integrales que incidan realmente sobre la violencia. Pero esto afecta no sólo a los entes de seguridad sino a todas las instancias públicas en la medida que se distancian de las prácticas de gobernanza democrática. Un ejemplo es la reciente denuncia de La Academia Nacional de Medicina y varias sociedades científicas venezolanas que señalaron que 22 niñas y niños con cáncer, pacientes del Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas, se infectaron con dos bacterias después de recibir un medicamento contra el cáncer, adquirido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Más de mil trescientos niñas y niños, no siempre acompañados por sus madres y padres cruzando fronteras, y según refleja el diario colombiano @elespectador al menos 34 menores de edad venezolanos han muerto bajo custodia del Estado colombiano. A quienes hay que sumar la embarazada y 12 menores de edad desaparecidos en el oceano entre San Andrés y Nicaragua a bordo de una embarcación ilegal y que también se presume sean víctimas de trata de personas. Según la Armada de San Andrés ya se contabilizan 74 personas desaparecidas

Todas estas víctimas infantiles hubieran podido evitarse si las instituciones cumplieran cabalmente con el trabajo que les fue asignado y los órganos contralores velaran porque así fuese, pero la demoledora realidad es que la infancia venezolana está siendo gravemente desatendida. Por eso se habla de crisis humanitaria en el país y de la migración como un problema derivado de ella. Y tal como aclaró de manera brillante Adela Cortina, la catedrática y filosofa española, “la migración forzosa, es un problema que no se resuelve solo con hospitalidad. Se necesita cooperación y respuestas mundiales. Porque las cuestiones de justicia no son de opción personal, son de exigencia social.  Y una sociedad que no comparte los elementos más básicos de qué es lo justo no puede construir conjuntamente.” Eso claramente alude a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta de alcanzarlos sin dejar a nadie atrás. Un reto que, mientras el mundo se siga moviendo en medio de conflictos violentos luce inalcanzable. Porque no es asunto sólo de gobiernos que declaran guerras o arman colectivos irregulares, sino también de madres y padres permisivos frente al uso de juegos y videojuegos que promueven y emulan la violencia. Es por normalizar la ira como emoción preponderante, en vez de aferrarse a todas ellas de acuerdo a cada momento vital para resguardar la salud psíquica de manera más satisfactoria y humana.