Infomujer Venezuela #81 |Fiscalía venezolana y violencia de género

 

Al finalizar cada mes hacemos en este espacio una revisión de los procesos ventilados públicamente por el Ministerio Público venezolano en materia de violencia de género.  En mayo, Tarek William Saab,  vocero oficial expresó sobre el programa el Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia, que habían desplegaron casi 400 funcionarios en todo el país, dato interesante porque aunque hubiera ido un funcionario a cada una, todavía quedarían más de 700 parroquias desatendidas. Sin embargo, según el fiscal, este es el cuarto operativo de esta magnitud realizado este año.

Otros indicadores de eficiencia en la gestión de esta instancia que tramita justicia para el pueblo venezolano son el gran total de personas atendidas en estos operativos, que de acuerdo al fiscal alcanza 42.876 personas, cifra que al ser contrastada con el número de denuncias recibidas por el mismo ente sólo llega  a 4.688, es decir, 10% de quienes acuden por asistencia judicial llega a concretar una denuncia. En sistemas gravemente immersos en la cultura de poder patriarcal la justicia en asuntos de género sufre mayor desbalance. Las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a víctimas de violencia de género registran muchos casos en los que el ministterio ni siquiera regristra las denuncias, ignorando su deber legal e imponiendo una gran barrera en el disfrute de todos sus derechos, por vía judicial para las mujeres.

Para complementar esta imagen cabe mencionar que es incluso mayor  el número de denuncias de carácter penal que recibe el organismo, por  maltrato animal por ejemplo, pues según señaló el mismo vocero, han canaliado 4.818 denuncias. No está de más  aclarar que esta instancia judicial nunca ha salido en un operativo a buscar denuncias de mujeres víctimas de violencia de género.

De acuerdo a las cuentas de la organización no gubernamental @_CEPAZ en el 2023 hubo un total de 387 acciones femicidas, una cada 22 horas. La respuesta judicial para esta tendencia  luce escasa tomando en cuenta que en mayo de este año el ministerio público informó de la detención de 2 femicidas  en hechos que dejaron tres víctimas fatales. Por cierto que el mes pasado sólo otros 3 femicidas recibieron condena, uno de ellos, 10 años después de cometido el delito.

Como destaca el bustv, 32 mil niños sufrieron abuso sexual en Venezuela en los últimos seis años, de acuerdo el Ministerio Público. Esto significa que el organismo recibió 14 denuncias diarias de abuso infantil. Sin embargo en mayo pasado, se publicaron 12 condenas por violencia sexual, de esos casos, 15 de las víctimas son niñas, niños o adolescentes. También hubo 4 detenciones por violencia sexual sobre 4 víctimas infantiles y una adulta.

Los estados involucrados en los reportes de mayo son Anzoátegui, Aragua, Barinas, Caracas, Falcón, Lara, Portuguesa, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy. Para la otra mitad del país no fue reportada gestión alguna en materia de violencia de género.

Según ONU Mujeres en América Latina y el Caribe el femicidio/feminicidio, persiste en niveles alarmantes, con una tasa de 1,4 asesinatos de mujeres cometidos por la pareja o un miembro de la familia por cada 100.000 mujeres, superior a la tasa global de 1,11. En 2022, al menos 4.050 mujeres de 26 países de América Latina y el Caribe fueron víctimas de femicidio, y este año según el mapa latinoamericano de femicidios entre enero y marzo hubo, al menos, 1105 feminicidios en 15 países de la región. 18,9% de los agresores de las víctimas de femicidios consumados de venezolanas en el exterior en el año 2023, eran venezolanos.

Hay que insistir en que en  la mayoría de los casos, los agresores sexuales gozan de algún tipo de confianza  de las víctimas o sus familias, o tienen incluso algún parentezco. Porque 1 de cada 4 mujeres y niñas entre los 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física y/o sexual por su pareja al menos una vez en su vida, y 91% de las mujeres en la región han experimentado violencia en línea y violencia facilitada por la tecnología. La respuesta institucional tiene que volverse asertiva para garantizar acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las personas.

Infomujer Venezuela #80 | Medicalización de la salud femenina

Como Venezuela, son varios los países de América Latina y el Caribe cuyos gobiernos ignoran flagrantemente, las responsabilidades de rendir cuentas y mostrar públicamente balances de sus gestiones. Esto ya de por si constituye una violación del derecho humano a la información que tienen los pueblos, pero además, es una estrategia evidente de silenciar resultados impresentables ante la opinión pública. Aunque esta censura no pueda borrar las evidencias de políticas de Estado misógenas y empobrecedoras. 

 

Ejemplo de ello son las tasas de mortalidad materna e infantil, que siguen siendo un problema grave en la región. La de mortalidad materna registra la muerte de mujeres durante el embarazo o dentro de 42 días después del parto. La de mortalidad infantil considera la muerte de niñas y niños menores de un año. 

Muchas de estas muertes podrían evitarse con acceso adecuado a servicios de salud de calidad, especialmente durante el embarazo y el parto. Aun cuando también influyen otros factores como desnutrición, falta de educación sobre cuidado saludable maternoinfantil, y el acceso limitado a medicamentos esenciales y agua entre otras condiciones sanitarias. 

 

A esto se suma la violencia obstétrica, que ya varios países han reconocido formalmente como una forma de violencia de género y violación de los derechos de las mujeres. La violencia obstétrica consiste en utilizar procedimientos médicos, durante el embarazo y el parto, sin que previamente se informe a la mujer, de todas las implicaciones y consecuencias de los mismos, o incluso ni se obtenga su consentimiento o se haga contra su voluntad. 

Incluso la cesárea es una práctica de medicalización de la salud que suele imponerse sobre el parto natural, porque es más cómodo y rentable (para el sistema de salud, no para la gestante), programarlas en vez de esperar el tiempo que tome el cuerpo de cada mujer en prepararse para el parto. En la región, la tasa de cesáreas supera el 44%, mientras que en África es de 4.1% y en Europa de 26% (8). Aún cuando los parámetros recomendados por la Organización Mundial para la Salud están entre 10-15%. Es inevitable la asociación entre este valor y el de mortalidad materna e infantil. 

La mortalidad materna en América Latina ronda las 80 muertes por 100.000 nacidos vivos, en comparación con 8-10 por 100.000 en Europa occidental. La mortalidad infantil también es significativamente mayor: alrededor de 12 a 16 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en América Latina frente a 3 a 4 por 1.000 en Europa. 

La cesárea es una cirugía en la que se abren siete capas de tejido entre las piernas y se espera que la paciente se pare y camine seis horas después. 

Ligadas a las decisiones de las mujeres hay toda una vasta realidad de condiciones socioeconómicas, pero los factores culturales también influyen, impulsando intervenciones médicas innecesarias, en muchos casos también abuso físico, verbal y discriminación por motivos de raza, edad o nivel socioeconómico. 

Aunque en venezuela está vigente desde el 2013 el protocolo de Atención, Cuidados Prenatales y Obstétrica de emergencia, que incluye estudios de laboratorio durante los controles de embarazos y hasta pesquizas de diabetes gestacional y sólo dos ecosonogramas en embarazos de bajo riesgo. Además aborda la educación nutricional. Sin embargo, una década después de creada la norma que debería regir el trato a las parturientas venezolanas, ellas todavía esperan recibir una atención respetuosa y digna del personal médico en los servicios de salud pública del país.

Más allá de la letra escrita hay que considerar el hecho de que la inversión en materia de salud del Estado pasó en 2016 de más de 690 millones de dólares a 195 millones en 2017 (el registro más reciente obtenido por la agencia global, Datos Macro). Una explicación del progresivo colapso del sistema sanitario nacional que golpea discriminadamente a las mujeres.

Infomujer Venezuela #79 |Salud sexual y reproductiva en Venezuela

 

Reconocer las ITS en Mujeres

El presidente del colegio de Médicos del estado Aragua Ramón Rubio, señaló esta semana que la población jóven de menos de 25 años de edad es el segmento entre quienes se registran picos elevados de infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y cáncer relacionado con el virus de papiloma humano. Tal como aclara el galeno la falta de educación sexual en los programas integrales académicos formales que orienten sobre métodos efectvos de prevención de embarazos es una de las causas, así como la falta de financiamiento al sector salud, a las que hay que agregar la carencia de otras politicas públicas que posibilitan el acceso a métodos efectivos de anticoncepción y a barreras físicas preservativas que impidan que bacterias, parásitos y virus se intercambien entre dos personas durante una interacción sexual, transmitiendo así  VIH, hepatitis By C, gonorrea, candidiasis genital, sífilis, entre otras infecciones, que, sin tratamiento, se convierten en enfermedades.

Adicionalmente, la vida de las venezolanas que se enfrentan a la concepción también está en riesgo, de acuerdo a los datos que maneja el Grupo de Trabajo de América Latina y el caribe para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR), una estructura formada por agencias técnicas de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación, organizaciones no gubernamentales y redes profesionales de la región. En 2022, el índice de mortalidad materna en la región fue de 68 por cada 100.000 nacidos vivos. Un promedio que se ha estado Incrementando desde 2016. Mientras que incluso países de Asia y Africa, han logrado que la reducción haya sido constante.

Tasa de fecundidad adolescente en ALC

Que en América Latina y el Caribe 8.400 mujeres mueran cada año a causa de complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio sin que se tomen las medidas necesarias con  adecudas políticas públicas señala la falta de voluntad gubernamental. Porque nueve de cada diez muertes de éstas se pueden evitar con cuidados de calidad, acceso a métodos anticonceptivos y reduciendo las desigualdades de acceso a la atención en salud. Es vetdad que 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo, y esta tasa es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres.

Mortalidad materna en ALC y el mundo

Pero las políticas de Estado son fundamentales, porque definen la dirección de las finanzas públicas, y sus resultados se registran en el índice de desarrollo humano, por ejemplo. Para el lapso del 2000 al 2021,  en el mundo se incrementó a 13.5% y en América Latina a 9.4%, pero el de Venezuela sólo subió 1%.  Sin embargo, en Venezuela, en las últimas dos décadas  se han generado recursos que hubieran servido para desarrollar todo el país, no sólo el sistema de salud. Pero la decisión fue invertir más en armas que en salud.

Presupuesto Anual Venezuela 2022 + créditos adicionales

La sabiduría popular acuna refranes como el de: Las intenciones no preñan. Pero las acciones u omisiones sí. Por ello, aunque las principales razones de la mortalidad materna son la hipertensión en el embarazo, las hemorragias y las complicaciones por abortos inseguros, en el país casi nada se ha hecho para garantizar los derechos de salud y vida a las mujeres gestantes.

Incluso, al revisar con más profundidad los datos por grupos etáreos, las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones y muerte como resultado del embarazo. Una tendencia a considerar con mayor atención puesto que las adolescentes venezolanas tienen la tasa más alta de fecundidad en la región.

Infomujer Venezuela #78 | Estado-pobreza-migración

 

Según la  plataforma de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, conocida como HUMVenezuela se estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa 25% de la población que existía en el país en 2015. Los estados donde los hogares reportaron mayor número de migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y el tercero está integrado por Bolívar, Apure, Lara y Sucre. Mientras que el desplazamiento dentro del país se estima alrededor de 4%.

Pero además entre los años 2022 y 2023, la intención de migrar aumentó de 8% a 13,4%, lo cual equivale a un estimado de 2,8 millones con intención de mudarse a otro país. La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las necesidades de mejorar sus ingresos (71,5%), pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6%), el acceso a servicios de atención a la salud y medicinas (13,7%). Por cierto que 92,2% de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; la mayoría de ellas por razones económicas, pero 37,5% alega también falta de documentos.

Otros determinantes para este patrón de movilidad que también están relacionados con las condiciones de salud, son la contaminación del agua que llega a los hogares venezolanos, que según el mismo informe en 2023 representó 86% de la población expuesta a fuentes de agua contaminada, perceptibles por señales como el color y olor no propios del agua. Esto es así no sólo en el agua para el saneamiento sino más alarmante aún, en la de consumo humano. De allí el registro de 33,4 de cada 100 personas que redujo las cantidades que bebía a diario, por causa de la severa escasez de agua o por su contaminación, pues aumentó, de 15,2% a 27,1% el índice de personas que no tienen acceso a métodos de purificación, por lo que se incrementaron los riesgos de deshidratación y de otras afecciones, por ejemplo enfermedades como las diarreas, aumentaron de 6,9% a 9,3% entre 2022 y 2023.

Por si fuera poco, a los espacios insalubres en viviendas por falta de agua se suman casi todas las ciudades y pueblos venezolanos que enfrentan problemas severos con el aseo urbano, y que muchas familias resuelven quemando la basura y aumentando los niveles de contaminación y afecciones a la salud.

La suma de estas razones mantiene la carga de enfermedad en niveles altos, lo que afectó a más de 60% de la población en 2023. En el país hay 4,2 millones de personas con problemas de salud graves que no recibieron atención médica y 3,7 millones sin medicinas. La raíz de este problema es que el gasto público en este sector disminuyó durante los últimos años en más de 50%, y por la falta de transparencia de inversión y gestión presupuestaria, no se pueden señalar más datos con certeza.

En todo este contexto es grave que en 2023, la población con acceso a algún tipo de asistencia o protección de la respuesta humanitaria fue mucho menor a la que se alcanzó en años anteriores.

No menos grave es que los cuidados derivados de todos estos males en el país recaen sobre las mujeres. La organización Prepara Familia en una investigación realizada en el hospital JM de los Ríos recoge que son las madres en 95% de los casos, pero otras familiares completan 99 de cada 100 que acompañan a los pacientes. En el caso particular de este centro de salud infantil, la mayoría de la población tiene hospitalizaciones largas, es decir de varias semanas o meses, lo que impone igual obligación a las cuidadoras acompañantes. Porque además en el 84% de las salas no hay auxiliares de enfermería asignados a atender a las y los pacientes. Por lo que la presencia de las madres cuidadoras es indispensable para realizar muchas  tareas necesarias para el funcionamiento del hospital. De hecho el hospital proporciona desayuno, almuerzo y cena a alrededor del 25% de las y los pacientes. Tampoco hay facilidades para el descanso de las madres y prácticamente la mitad de ellas duerme en sillas. Todas pasan día y noche en el hospital y esta es una realidad que puede ser extrapolada a cada centro de salud asistencial.

Infomujer Venezuela #77 |Trata y corrupción en Venezuela

 

Vuelve a ser noticia la trata de venezolanas, rescatadas por la policía peruana el 8 de enero, son 40 niñas y adolescentes explotadas sexualmente a través de WhatsApp por el Tren de Aragua. La mayoría de las sobrevivientes son venezolanas de entre 12 y 17 años. Poco antes, el 29 de dicembre pasado otras 60 de nacionalidad  colombiana, venezolana y peruana también fueron liberadas en perú, la frecuencia y cantidad obligan a pensar que la magnitud del problema es mayor de lo que las autoridades extranjeras logran atender. En esta oportunidad fueron apresados 10 delincuentes. Pero la trata de personas es una de las bases de las economías ilícitas tan extendidas en América Latina. Nuestro país es una muestra clara, el 15% del PIB de Venezuela en 2022 (9.400 millones de dólares) provino de contrabando de minerales (especialmente oro) y combustible, narcotráfico y corrupción en puertos y aeropuertos.

A esto se suma que Venezuela ocupa por noveno año consecutivo el último lugar en el ranking mundial de justicia para el que se consideran: los poderes gubernamentales, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. Según el Índice de Estado de Derecho desarrollado por la organización World Justice Project.

Todo esto está en el centro de la crisis nacional originada en políticas de Estado empobrecedoras que ha empujado los desplazamientos forzados, en los que mujeres, niñas y adolescentes son expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad, que en muchos casos terminan en la trata de personas. Las sobrevivientes que logran escapar y son rescatadas necesitan ayuda.

Estas niñas y adolescentes venezolanas seguramente serán repatriadas, necesitan atención médica y sicológica porque fueron esclavizadas sexualmente, pero en el país las insuficientes casas refugio creadas décadas atrás están desaparecidas.  El desmantelado sistema de salud pública no puede proporcionarla. Las organizaciones no gubernamentales que tienen el conocimiento para hacerlo cuentan con recursos muy escasos. De manera que la estructura familiar, precarizada por la misma crisis se ve obligada a dar estos cuidados sin saber bien cómo.

En vez de atender estos asuntos de interés público nacional la hipocrecía gubernamental llega a pedir castigo ejemplar por el dolorosísimo feminicidio de la venezolana Julieta Hernández en la Amazonía brasileña, mientras las paisanas asesinadas por ser mujeres, aquí en Venezuela no descansan en paz porque el retardo procesal y la estructura patriarcal silenciosamente acomodada en el sistema judicial ni siquiera es capaz de llamar los femicidios por su nombre. Indudablemente, La violencia de género debe ser castigada sin demora y ejemplarmente en la tierra de Bolívar.

Las venezolanas no pueden seguir siendo víctimas de la improvización y negligencia. Otro botón como muestra es que El primer fin de semana de enero se produjo el traslado de 173 reclusas desde el anexo femenino del centro penitenciario Fénix, en el estado Lara, sin notificación a sus familias y omitiendo las garantías judiciales y otros derechos humanos. Este era uno de los 16 espacios para mujeres privadas de libertad en Venezuela y tal como lo ha denunciado el OVP reiteradamente, ninguno fue creado con perspectiva de género. Esta movilización las deja en situación de mayor vulnerabilidad pues pierden contacto familiar y las visitas, lo que empeora sus condiciones de reclusión y las hace suceptibles a la extorsión o utilización por parte de grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Que las intervenciones de los siete penales en el último cuatrimestre del 2023 mostraron, claramente, cómo son gerenciados.

La pobreza no es casual, es responsabilidad de los grupos de poder, que dirigen la educación, el acceso a servicios básicos, la protección de la salud, la inversión o desinversión y lo hace de manera desigual. Porque los pobres ocupados en sobrevivir no tienen tiempo de exigir mejores políticas.